Causa Sueños Compartidos: Schoklender denunció que Aníbal Fernández financiaba un "centro de denuncias" contra el PRO

En una nueva jornada del juicio oral por la causa "Sueños Compartidos", que investiga el desvío millonario de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, Sergio Schoklender volvió a sacudir el escenario político y judicial. Ante los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo reveló un presunto esquema de financiamiento espurio montado por el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, orientado a perjudicar a la principal fuerza opositora de la época.

Según el testimonio de Schoklender, el abogado de derechos humanos Eduardo Barcesat se habría reunido con Hebe de Bonafini para proponerle un plan: iniciar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, el partido liderado por Mauricio Macri. Para llevarlo a cabo, requería financiamiento que, presuntamente, el propio Aníbal Fernández —quien según el imputado "monopolizaba" las áreas de Interior y Justicia— estuvo dispuesto a proveer.

Aseguró, calificando dicho aporte como un "subsidio fijo", que: "Barcesat la convenció a Hebe, ella habló con Aníbal y se armó un centro de investigación dentro de la universidad [de las Madres], que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a Barcesat, que tenía solamente la función de hacer nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO".

También, los registros oficiales de la época coinciden en un dato clave: en 2008, mientras Fernández ejercía como ministro, Barcesat fue nombrado titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.

Estas revelaciones del imputado se dieron en el marco de una detallada enumeración sobre cómo se sostenían económicamente las actividades de la fundación y la estructura política montada a su alrededor. Schoklender afirmó que la principal fuente de ingresos eran "los excedentes de Sueños Compartidos, porque si uno hace las cosas bien y no paga coimas, sobra plata".

Sumado a eso, enumeró otras vías de recaudación que incluían la fabricación de paneles constructivos, donaciones del exterior, eventos con figuras de la farándula y aportes de subsidios estatales puntuales, como la pauta publicitaria de la concesionaria de la Hidrovía en la radio de las Madres.

Aun así, lo que llamó la atención del tribunal fue una llamativa mención al fallecido mandatario venezolano, Hugo Chávez: "De Chávez sí tuvimos aportes... Huguito. Alguno se perdió en el camino", deslizó con ironía.

Por otra parte, mencionó una ayuda económica complementaria proveniente del Ministerio de Trabajo que se destinaba de manera directa a las cuentas de los empleados para capacitación y para completar los salarios vigentes.

Esta es la segunda vez que Schoklender expande su defensa en este debate que comenzó en febrero, tras 15 años de instrucción. A partir de sus declaraciones previas, ya había definido el funcionamiento de la Fundación como un "aparato militante del kirchnerismo" controlado de manera vertical por Hebe de Bonafini (fallecida en 2022).

Según su versión, los cuantiosos recursos públicos recibidos no se limitaban a la obra pública, sino que se utilizaban habitualmente para movilizar personal a actos oficiales y eventos de fuerte contenido político.

Qué se investiga en el juicio por el histórico desvío de fondos de las Madres de Plaza de Mayo

La investigación penal se inició formalmente en 2011. A lo largo de más de una década, el expediente atravesó un laberinto judicial que incluyó la anulación de declaraciones, el apartamiento del polémico y ya fallecido juez Norberto Oyarbide en 2013, y el posterior traspaso al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. 

A este punto, el núcleo de la acusación que sostiene el fiscal Diego Velasco se centra en el convenio que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner selló con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entonces presidida por la histórica dirigente Hebe de Bonafini (fallecida en noviembre de 2022).

Durante marzo de 2008 y junio de 2011, el Estado nacional transfirió a la Fundación un total de 748 millones de pesos para la construcción de soluciones habitacionales en distintos puntos del país, tales como las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones; la ciudad de Bariloche; Rosario; la Capital Federal; y los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza.

Precisamente, la auditoría y la investigación judicial determinaron que, de ese monto global, existió un faltante neto de $206.438.454 (un porcentaje cercano al 27% del presupuesto total asignado). De acuerdo con la elevación a juicio, esa suma millonaria fue "desviada de su fin específico" mediante el cobro de cheques y masivas extracciones de efectivo en ventanillas bancarias realizadas por el propio Sergio Schoklender o por cadetes bajo sus órdenes. 

El mapa de los acusados

Los principales señalados son los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes ejercieron la administración general del programa de viviendas. Sus figuras contaban con un alto perfil público previo debido a que en la década de 1980 habían sido condenados por el parricidio de sus padres.

Ahora bien, por el lado de la estructura estatal de la época, los procesados de mayor peso político son:

→ Julio de Vido: Exministro de Planificación Federal.

→ José López: Exsecretario de Obras Públicas (célebre por haber sido capturado arrojando bolsos con millones de dólares en un convento de General Rodríguez).

El día que casi detienen a Hebe de Bonafini por negarse a declarar en Sueños Compartidos

→ Abel Fatala: Exsubsecretario de Obras Públicas.

→ Carlos Castellano: Exfuncionario de la Secretaría de Obras Públicas.

Hebe de Bonafini también había sido enviada a juicio oral como partícipe de la maniobra, pero su fallecimiento extinguió la acción penal en su contra. Durante el desarrollo del caso, la Fundación Madres de Plaza de Mayo fue aceptada formalmente como parte querellante bajo el argumento de que la institución fue utilizada y damnificada por las maniobras financieras de los hermanos Schoklender.

MV