Este miércoles 4 de marzo comenzará el juicio por la causa "Sueños Compartidos", que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de Madres de Plaza de Mayo. En el banquillo de los acusados estarán, entre otros, Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación, señalados como los principales responsables de una maniobra que habría implicado el manejo irregular del dinero girado por el Estado nacional.
La investigación apuntó a la supuesta defraudación pública en la ejecución del plan habitacional, que tenía el objetivo de realizar casas en distintas provincias y ciudades del país. Según la acusación, unos 206 millones de pesos habrían sido desviados de su objetivo hacia empresas y bienes personales de los Schoklender, y en medio del escándalo también quedó involucrada Hebe de Bonafini, la entonces titular de Madres de Plaza de Mayo.
La activista por los derechos humanos fue llamada a indagatoria en 2016 por su rol al frente de la Fundación, pero se negó a presentarse y fue declarada "en rebeldía" por el juez federal a cargo del expediente, Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado finalmente cerró la etapa de instrucción tres años después y entre los imputados que envió a juicio se encontraba la histórica referente de la Fundación, sobre quien se extinguió la acción penal tras su fallecimiento, el 20 de noviembre de 2022.
Ahora, a 15 años del estallido del escándalo y el inicio de la causa, finalmente llegará el debate oral, en un proceso que intentará determinar si existió o no defraudación con el dinero que otorgó la administración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre marzo de 2008 y junio de 2011.
Además de los hermanos Schoklender, entre los principales acusados se encuentran el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, que fue condenado por la Tragedia de Once y enfrenta otros procesos judiciales; el ex secretario de Obras Públicas José López, detenido en la causa Vialidad y recordado por arrojar bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez; y el ex subsecretario de esa cartera, Abel Fatala.
Sueños Compartidos: El día que casi detienen a Hebe de Bonafini
Acorde a la investigación, de un total de 748 millones de pesos para la construcción de viviendas se constató un faltante de $206.438.454 que se habrían utilizado en la compra de distintos bienes mediante empresas de los Schoklender, quienes tristemente habían cobrado notoriedad por el asesinado de sus padres, en 1981. Tras salir de la cárcel en 1995, Sergio comenzó a trabajar para las Madres de Plaza de Mayo ya que había forjado una amistad con Bonafini.
En la investigación se estableció que el abogado y contador habría tenido "la colaboración de otros empleados, así como también de terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita al dinero ilegítimamente percibido". Parte del mismo habría terminado en cuentas de los Schoklender y sus allegados, incluyendo financieras, y las maniobras implicaron a cadetes de la Fundación que retiraban el dinero de los bancos con cheques al portador, siguiendo órdenes del área de Finanzas -según declararon-.
En ese contexto, uno de los momentos más críticos y recordados del trámite de la causa fue en 2016, cuando la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo estuvo a punto de ser detenida tras negarse a comparecer ante el juez.
En junio de ese año, Martínez de Giorgi llamó a indagatoria a Hebe de Bonafini junto a exfuncionarios nacionales, pero la titular de Madres adelantó que no iba a presentarse en Comodoro Py. En Julio, la referente de la asociación cumplió con su palabra, por lo que el magistrado la advirtió que la citaría nuevamente bajo apercibimiento de uso de la fuerza pública.
"No voy a ir a declarar, que Martínez de Giorgi se meta la causa en el ort*, no creo en esta Justicia, no cometí ningún delito", dijo en uno de sus discursos de los jueves en Plaza de Mayo, donde apuntó contra los Schoklender. En aquel momento, también se refirió al "escándalo de los bolsos" de López, y lo acusó de "traicionar" al kirchnerismo: “Es una opereta mal armada. José López no es solo un chorro, sino un traidor. A este tipo lo infiltraron para decir que todos los kirchneristas somos un sore**”, consideró, fiel al estilo que la caracterizaba.
En agosto, se emitió una orden para llevarla a declarar y se desplegó un operativo policial en la sede de Madres de Plaza de Mayo. Acompañada de militantes, finalmente eludió el procedimiento y el juez dictó una orden de captura y le prohibió salir del país. “Es una burla, ya me cansé de recorrer juzgados. Si me tienen que meter presa, que me metan. ¿A quién llama? A los más débiles, ¿por qué no llama a otros? Nos tienen podridas, es una injusticia, todo embargado", sostuvo luego en declaraciones radiales.
Finalmente, el magistrado dictó la exención de prisión y aceptó tomar la indagatoria personalmente a la presidenta de la Fundación en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. De esa manera se cumplió el trámite judicial, donde Bonafini se acogió a su derecho constitucional de no declarar.
Durante el proceso, la líder de la entidad negó haber estado involucrada en el escándalo y culpó principalmente a Sergio Schoklender, sobre quien dijo que tendría que haber desconfiado más. "Es un ladrón, un traidor, un fabulador. A mí no me consta nada de lo que dice él, que hasta ahora ha sido mentira. Hasta me falsificó la firma", había comentado a la prensa al inicio de la causa, en 2011.
Uno de los últimos movimientos judiciales que había realizado en este expediente fue poco antes de morir. A inicios de noviembre de 2022, presentó un escrito pidiendo la extinción de la acción penal por afectación del derecho de ser juzgada en un plazo razonable.
El Juicio por Sueños Compartidos
El debate comenzará este 4 de marzo y estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. La acusación está en manos del fiscal Diego Velasco, y plantea que de un total de 748 millones de pesos que giró el Estado nacional para la construcción de viviendas en el marco del programa, se constató un faltante de $206.438.454, que habrían sido "desviados de su fin específico".
Las obras debían realizarse en Chaco, Santiago del Estero y Misiones, en las ciudades de Bariloche (Río Negro), Rosario (Santa Fe), en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza. Al principio, la causa fue investigada por el difunto juez Norberto Oyarbide, cuya instrucción fue cuestionada y en 2013 terminó siendo apartado, quedando así en manos de Martínez de Giorgi -que estaba a cargo de otro expediente vinculado a "Sueños Compartidos"-.
Las dilaciones en el proceso han generado que se encuentre cerca de la prescripción, ya que en septiembre de 2025 se cumplen seis años desde el requerimiento de la elevación a juicio, plazo equivalente al máximo de pena que se prevé por defraudación pública.
En 2019, también fueron sobreseidos ex gobernadores e intendentes, como Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago el Estero), Maurice Closs (Misiones) y Julio Zamora (jefe comunal de Tigre), entre varios otros. Esto se debió a que el magistrado afirmó que los fondos comprometidos "provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones que contrataran a la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación".
FP/fl
