Este 11 de febrero estaba previsto el inicio del juicio oral por la presunta defraudación por más de 200 millones de pesos en la causa conocida como "Sueños Compartidos", el programa construcción de viviendas que envolvió a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y a ex funcionarios del Gobierno kirchnerista. Sin embargo, el comienzo se postergó para el próximo 4 de marzo, ante el riesgo de prescripción del expediente.
El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py había fijado la fecha para este miércoles por videoconferencia, donde los principales acusados son los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que gerenciaban el programa de la Fundación, junto a ex integrantes del Gobierno de Cristina Kirchner, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y otro ex funcionario de esta área, Carlos Castellano.
Según indicaron fuentes judiciales, el cambio en el inicio del debate oral ocurrió porque Castellano decidió no continuar con su abogado particular y solicitó la asistencia de un defensor oficial. La ley establece un plazo de diez días hábiles por esta modificación para que la nueva defensa pueda tomar conocimiento del expediente, lo que obligó a los magistrados a determinar una nueva fecha.
“Sueños Compartidos” operó entre marzo de 2008 y junio de 2011, recibiendo un total de 748 millones de pesos del Estado nacional para construir casas en diferentes provincias y municipios. Por este motivo, entre los diferentes testigos citados se encuentran el senador nacional Gerardo Zamora (ex gobernador de Santiago del Estero); el ex gobernador de Misiones Maurice Closs, el intendente de Tigre, Julio Zamora; y el ex jefe comunal de Almirante Brown, Darío Giustozzi, entre otros.
De acuerdo a la acusación, que estará a cargo del fiscal general Diego Velasco, de esa suma se habrían desviado unos 206 millones que no se se habrían utilizado para los fines previstos.
La hipótesis sostiene que ese dinero habría terminado en empresas, bienes y gastos personales de los Schoklender y su entorno, en lugar de realizarse obras en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias mencionadas, en municipios como Tigre, Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, y ciudades como Rosario y Bariloche.
El tribunal está integrado por los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg y Adriana Palliotti. Mientras tanto, la causa tiene un segundo tramo que investiga un supuesto lavado de dinero mediante la compra de bienes por empresas controladas por los hermanos cuya vida pública y mediática ya era conocida en ese entonces tras haber sido condenados por el parricidio de sus padres, en 1981.
El caso "Sueños Compartidos" tiene riesgo de prescribir
El proyecto de viviendas sociales que impulsaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibía fondos del entonces Ministerio de Planificación Federal, comandado por Julio De Vido. El ex ministro se encuentra detenido actualmente en la cárcel de Ezeiza cumpliendo condena por la tragedia ferroviaria de Once, al igual que López, sentenciado por la causa Vialidad.
Tras una investigación periodística en 2011, se determinó que Shoklender se habría aprovechado de la Fundación para desviar dinero. La postergación del inicio del juicio no es un tema menor para el caso, ya que el expediente lleva 15 años en trámite y en septiembre de este año se cumplirá el plazo para la prescripción de la acción penal.
Esto se debe a que el último acto procesal tuvo lugar en 2019, y el tiempo máximo de la pena prevista para el delito de administración fraudulenta es de 6 años de cárcel.
En la causa también había sido enviada a juicio oral Hebe de Bonafini, histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que falleció en noviembre de 2022. La activista por los derechos humanos había protagonizado uno de los momentos más álgidos del trámite, en 2016, cuando estuvo cerca de ser detenida luego de negarse a declarar ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y ser declarada en rebeldía.
“Si me tienen que meter presa, que me metan, mi vida ya no vale nada tengo 90 años. “¿A quién llama? A los más débiles, ¿por qué no llama a otros? Nos tienen podridas, es una injusticia, todo embargado", había dicho la referente en declaraciones radiales, en las que también apuntó contra los Schoklender. Finalmente, el magistrado aceptó indagarla en la sede de la Asociación.
En 2022, con la muerte de Bonafini la acción penal sobre su persona quedó extinguida. Sin embargo, la responsabilidad civil y penal del resto de los imputados sigue vigente a la espera del inicio del debate oral en marzo.
FP / EM
