El Gobierno reúne hoy a las 11 su mesa política en la Casa Rosada. El objetivo, entre otros: qué hacer con el capítulo tributario del proyecto de ley de reforma laboral, que será tratado mañana en el Senado.
Hay quienes cifran en este apartado la suerte del proyecto en la Cámara. Con el objetivo declarado de aliviar la presión fiscal, la iniciativa propone quitas o reducciones a una serie de impuestos que Nación coparticipa con las provincias, una decisión resistida por gobernadores de todo signo, que no quieren que les sigan metiendo la mano en los bolsillos.
Anoche circulaba fuertemente entre los gobernadores la versión de que el Gobierno habría decidido bajar del proyecto el artículo que modifica la escala de Ganancias para empresas (el artículo 191 sustituye el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias) para asegurarse el apoyo de los gobernadores a la reforma.
Acuerdo con EE.UU.: ¿Integración comercial o nuevo acto de sumisión?
Se mencionó que no estaban los votos necesarios en el Senado para la aprobación, pero también que la reducción de Ganancias podría terminar impactando negativamente en los números de recaudación del Gobierno. Será bueno saber qué opina de esto el ministro de Economia Luis Caputo.
Según estimaciones privadas, el capítulo impositivo tiene un costo fiscal que equivale a un 0,8% del PBI. No es menor el impacto en el superávit fiscal de 1,5% del PBI que estimó Economía en el Presupuesto 2026. En el contexto de baja sostenida de la actividad y el consumo, la recaudación registró en enero una caída real de 7,4%, dado que aumentó un 22% frente a una inflación de 31,4%. Para ARCA, fue producto de la baja de retenciones y de impuestos internos. Enero marcó así la sexta caída real interanual consecutiva.
Diego Santilli fue el encargado, en sucesivas rondas de diálogo, de acercar posiciones con las provincias. Los gobernadores plantearon dos propuestas: que el Gobierno compense la caída de recursos coparticipables o que la reforma se haga de manera gradual. Voceros de los gobernadores coinciden en que ninguno apoyará a libro cerrado lo que propuso el Gobierno.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, no quiere que la cuestión entorpezca el tratamiento del proyecto. “Esta es una ley laboral. Ahí ponemos el énfasis”, insistía anoche. Santilli va por la misma senda: “El objetivo central es modernizar la legislación laboral y fomentar la generación de empleo formal”, se le escuchó decir ayer.
Caputo, Santilli y Bullrich se sentarán hoy a la mesa política, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Que el Gobierno ceda el artículo de Ganancias llevará a recriminaciones cruzadas. Pero hay confianza en que, sin el artículo, la ley tendrá media sanción en el Senado.
Además de en el recinto, el miércoles la atención estará en la marcha que la CGT convocó en la Plaza de los dos Congresos en rechazo a la reforma laboral. En la central hay especial cuidado en garantizar una protesta ordenada y pacífica. “Será la expresión de nuestro derecho de manifestarnos contra lo que creemos es un atentado contra los derechos e instituciones de los trabajadores”, dijo ayer a PERFIL Jorge Sola, uno de los integrantes de la conducción cegetista.
El índice temido
Otros que se harán oír serán los delegados gremiales de ATE-Indec. Hoy montarán una radio abierta en el acceso al edificio del instituto de estadísticas a las 15:45, quince minutos antes de que se dé a conocer el dato de inflación de enero. Denuncian “intromisión” del Gobierno en el Indec y exigen “la publicación de un IPC actualizado” y un organismo “independiente de los gobiernos de turno”.
La publicación del dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires resignificó, si hacía falta, la decisión de Economía de dar de baja el nuevo cálculo para el Índice de Precios al Consumidor, lo que, como se sabe, derivó en la renuncia del director del organismo, Marco Lavagna.
La inflación se aceleró en enero en la Ciudad y anotó 3,1%, 0,4 punto por encima del 2,7% de diciembre. Fue la quinta suba consecutiva.
Los significativo es que el índice de la Ciudad de Buenos Aires se elabora de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares hecha por el Indec en 2017/18 y descartada por Economía, que considera hábitos de gasto y de consumo más actualizados que la encuesta de referencia actual (elaborada en 2004).
El nuevo índice contempla una mayor ponderación de los gastos destinados a los servicios (las tarifas de electricidad, gas y agua, por ejemplo) por sobre los gastos destinados a alimentos y bienes.
La actualización del índice, sobre el que trabajó Lavagna con su equipo a lo largo de al menos el último año, habría captado el fenómeno que domina hoy la relación entre ingresos y gastos: la lenta recuperación del salario privado registrado (mejor no hablar del salario público ni del ingreso informal) se ve afectada por una cada vez más fuerte incidencia de los gastos destinados a los servicios públicos.
La inflación, un detonante anunciado para la salida de Lavagna del Indec
El fenómeno amenaza con agudizarse, toda vez que el Gobierno decidió avanzar con la reducción de los subsidios a los sectores medios, puesta en pausa el año pasado por las elecciones.
Caputo anticipó la semana pasada que el índice de inflación de enero rondaría el 2,5%. El año pasado cerró con una inflación de 31,5%, la más baja desde 2017. Pero el IPC de diciembre fue de 2,8%, la octava suba consecutiva.
Veremos cuánto se despega el IPC nacional del índice de inflación de Caba. En diciembre dieron casi lo mismo. Como sea, la intervención en el Indec es un daño autoinfligido, con un costo reputacional para el instituto de estadísticas. Pero no sólo para el Indec.
ML
