Procesaron por explotación laboral a Emerenciano Sena y su pareja Marcela Acuña
Fue una denuncia hecha en 2010 contra el matrimonio hoy detenido por el crimen de su nuera Cecilia Stryzowski.
César, Emerenciano Sena y Marcela Acuña |
NA
Emerenciano Sena y su pareja, Marcela Acuña, fueron procesados por presunta trata de personas con el propósito de explotación laboral en el contexto del programa "Sueños Compartidos", relacionado con la construcción de viviendas.
La jueza federal Zunilda Niremperger fue quien dictó la medida, imponiendo además un embargo de 31 millones de pesos contra ambos.
En 2010, el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo presentó una denuncia contra el matrimonio que lideraba el movimiento "MTD 17 de Julio", junto con el dirigente Osmar Quintín Gómez, quien había sido detenido por presunto abuso sexual contra una docente.
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Dentro del ámbito de la construcción de viviendas a nivel nacional, el programa "Sueños Compartidos" se desarrollaba en el terreno del antiguo campo de tiro, ubicado en la avenida San Martín al 3500 de la ciudad de Resistencia. Este proyecto surgía de un acuerdo entre la provincia del Chaco y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
A cambio, los trabajadores fueron beneficiados con una beca mensual de 500 pesos a través del programa "Chaco por vos", la cual recibieron durante diciembre de 2008 y enero/febrero de 2009. Sin embargo, según la denuncia, Sena les instruyó dejar de cobrar la beca, indicando que debía ser otorgada a otros.
Además, los trabajadores denunciaron que, después de ser contratados por Sena, Acuña o Quintín, les prometieron empleo registrado y vivienda para sus familias, promesas que no se cumplieron.
Según la investigación llevada a cabo por el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, los acusados no cumplían con la jornada laboral de 8 horas, obligando a los trabajadores a permanecer durante muchas más horas. Además, se reportó que Sena solía irrumpir en el portón y, a viva voz, ordenaba colocar un candado para impedir que alguien saliera del predio.
Además, se reportó que el pago estaba condicionado al cumplimiento de las órdenes de Sena. Una vez que recibían el pago, los trabajadores eran obligados a entregar una parte del dinero a los acusados para la compra de alimentos y herramientas. También se les exigía usar parte del dinero para confeccionar gorras, banderas y camisetas del movimiento piquetero que lideraban.
También se les exigía contribuir con dinero para crear un fondo de asistencia destinado a compañeros necesitados. Algunos trabajadores eran forzados a firmar recibos de sueldo por un monto de 1.500 pesos, pero solo recibían 1.000 pesos en efectivo.
Asimismo, las condiciones de trabajo no eran dignas, pues los hacían comer en el piso y bajo el control por parte de autoridades los escondían.
