Los tres primeros fiscales del caso Nora Dalmasso enfrentarán un juicio político por "mal desempeño"

El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia de Córdoba admitió "por unanimidad" los pedidos de juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, que investigaron inicialmente el crimen de Nora Dalmasso. Los funcionarios judiciales están acusados de "mal desempeño" en el caso de la mujer que fue abusada y asesinada en su casa Villa del Golf, el 25 de noviembre de 2006. 

“Estamos muy conformes con este avance”, expresó Mariángeles Mussolini, abogada del hijo de la víctima, Facundo Macarrón, tras conocerse el fallo. Los cuestionamientos a los primeros fiscales de la causa aumentaron a fines de 2024, cuando las pruebas de ADN señalaron que había rastros de Roberto Bárzola, parquetista que había trabajado en la vivienda en los días previos al femicidio, en el lazo de la bata de baño de Nora, que fue utilizado para estrangularla.

Crimen de Nora Dalmasso: debaten si aceptan los pedidos de juicio político contra los tres fiscales del caso

Más allá de ser el principal sospechoso del asesinato, Bárzola fue sobreseído por prescripción -ya que pasaron más de 15 años del hecho-, aunque Mussolini apeló a esta decisión frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cordobés. En el inicio de la instrucción, Di Santo apuntó contra el pintor Gastón Zárate, bautizado por los medios como "El Perejil", ya que se creía que era un chivo expiatorio para cerrar el caso rápidamente.

Tanto Zárate como Bárzola -que en la causa declaró varias veces como testigo- fueron algunos de los trabajadores que estuvieron realizando reformas en la casa de la víctima, en el barrio privado de la ciudad de Río Cuarto. Tras la liberación del pintor, la acusación que dirgió Miralles fue, primero, hacia el hijo de Nora -planteándose una presunta relación incestuosa-, y más tarde hacia su viudo, Marcelo Macarrón.

La sospecha estaba en que al parecer había rastros de "ADN de un integrante de la familia Macarrón" en la bata y el fiscal analizó la posibilidad de que el traumatólogo, que en el momento del crimen estaba jugando un torneo de golf en Uruguay, pudiera haberse tomado un avión para cometer el asesinato, cuestión que nunca se pudo probar.

Pizarro, por su parte, imputó a Marcelo Macarrón en 2018 como autor del delito de “homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria", al considerar que el viudo podría haber contratado a un sicario para perpetrar el homicidio. Finalmente, el hombre fue absuelto en el juicio que se realizó en julio de 2022, y hasta el fiscal del mismo, Julio Rivero, lo consideró "inocente" al decidir no mantener la acusación.

A principios de noviembre, la familia realizó una denuncia para pedir el jury contra los tres fiscales y su eventual destitución. "Contando con elementos probatorios más que suficientes para sospechar que el Sr. Roberto Bárzola podría ser el autor material de los delitos sufridos por la Sra. Nora Dalmasso y, por ende, encontrándose obligados a investigar al referido, decidieron dejarlo totalmente de lado", indicaron en el escrito, donde alegaron haber sufrido violencia institucional porque -según su visión- optaron por "encarnizarse contra la familia".

Este jueves, el jurado de enjuiciamiento decidió iniciarles juicio político por su supuesto "mal desempeño" y "negligencia grave", ante la presunción de que sus decisiones habrían provocado la prescripción de la causa. El proceso comenzaría en marzo o abril de 2026, porque deben transcurrir cuatro meses desde que se aceptan los recursos.

 En declaraciones a la agencia Noticias Argentina, la abogada de los Macarrón añadió que el fiscal del proceso tiene "30 días para formular las acusaciones o puede presentar un informe si considera que no debe hacerse”.

La sospecha contra Bárzola

Luego de la absolución de Marcelo Macarrón, el fiscal Pablo Jávega abrió una investigación "por la verdad" e incorporó otras muestras de personas que habían pasado por la casa pero no se habían tenido en cuenta como sospechosos. A fines de 2024, una pericia determinó que ese ADN era de Bárzola. Además, se logró establecer que un vello púbico hallado en la zona inguinal de la víctima también pertenecía al acusado.

Como el expediente está prescripto, el parquetista y lustrador de pisos no podría ser condenado ni cumplir una pena, a menos que el Superior Tribunal revierta la decisión. "La familia aspira a una condena penal, no solo a un juicio por la verdad”, había manifestado Mussolini a mediados de este año durante una entrevista radial.

FP