Ricardo Echegaray, afuera: el Gobierno lo expulsó de ARCA al quedar firme su condena en la causa Oil Combustibles

El proceso administrativo contra el funcionario público Ricardo Echegaray llegó a su instancia final y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió expulsarlo de su estructura, haciendo efectiva la condena judicial que le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Adoptada por una disposición interna, la medida fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo que monitoreaba el impacto de la causa penal contra quien fuera uno de los  funcionarios más poderosos en los gobiernos Kirchner. Echegaray se mantuvo como planta permanente en la Aduana durante 30 años.

La expulsión no es una sanción discrecional, sino la consecuencia directa de una resolución judicial que quedó firme. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, e incluyó como pena accesoria la prohibición de por vida para desempeñar cargos en el Estado.

El punto de inflexión ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa. Al no existir más instancias de apelación con efecto suspensivo, la condena adquirió fuerza ejecutoria.

Con respecto a esa base, ARCA aplicó el artículo 10 de su Régimen Disciplinario Unificado, que establece la exoneración automática ante la imposición judicial de inhabilitación absoluta o especial para la función pública.

El castigo que derivó en esta expulsión se originó en la causa por las irregularidades en la empresa Oil Combustibles, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Según el fallo judicial, desde la AFIP —bajo la gestión de Echegaray— se otorgaron planes de facilidades de pago irregulares que permitieron a la firma no transferir al Estado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que se recaudaba de los consumidores. Esta maniobra facilitó una deuda multimillonaria con el fisco, lo cual fue tipificado por la justicia como una defraudación contra el Estado.

Así, la expulsión representa la máxima sanción disciplinaria posible. Esto implica la desvinculación definitiva de Ricardo Echegaray, con el cese inmediato de cualquier vínculo contractual o laboral con el organismo.

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A su vez, constituye la ejecución administrativa de la decisión judicial, ya que el Estado cumple formalmente con la orden dictada por el Poder Judicial. 

MV/AF