El Gobierno insiste con el ajuste en Discapacidad: en RDI se afirmó que, “esto no es novedad, es una lucha desde el primer momento”

El sacerdote Pablo Adrián Molero, responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y coordinador del Foro Permanente por la Discapacidad, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y analizó la situación de las prestaciones, las pensiones y el financiamiento del sistema.

Pablo Adrián Molero sostuvo que las dificultades que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad no son recientes y cuestionó las modificaciones impulsadas durante la gestión de Javier Milei. “Esto no es novedad, es una lucha con este Gobierno desde el primer momento”, afirmó.

Según explicó, uno de los principales conflictos está relacionado con los aranceles que reciben los prestadores y con el alcance de las pensiones por discapacidad: “El Gobierno quiere volver a la incapacidad laboral, el proyecto esto que ellos dicen que es superador no es cierto, porque si vos mezclás la ley de incapacidad, la cruzás con la nuevo proyecto superador de ellos, quedan afuera un montón de cosas”.

Molero remarcó además que discapacidad y capacidad laboral no son conceptos incompatibles: “Una persona puede tener una discapacidad y poder trabajar”.

Para Molero, la cuestión también involucra el acceso efectivo a tratamientos, medicamentos y dispositivos de apoyo. “Justamente la pensión viene a ayudar con dinero, que tampoco es tanto, pero es dinero, y viene justamente con el plan de atención por incluir salud, que es la atenciones de discapacidad, más medicamentos propios de la discapacidad, más apoyos para audífonos, silla de rueda y otras cosas que se necesitan”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La situación de los prestadores y las personas sin cobertura

El sacerdote advirtió que quienes dependen exclusivamente del sistema público enfrentan mayores dificultades para conseguir atención: “El tema son la gente que no está, que me imagino el trabajo ha caído, antes era un 40% de personas registradas, hoy no sé cuánto está, si está el 30 o menos, quizás debe ser mucho menos, con lo cual tenemos un montón de gente que no tiene ningún tipo de cobertura. Esa gente depende de lo público”.

Por otro lado, describió las dificultades para acceder a profesionales: “Me llamó el otro día de la parte legal por un chico, dos años de espera para un psicólogo en un hospital público, dos años de espera”.

El reclamo también alcanza al transporte y a las prestaciones en las provincias. “Sí, un transportista claramente, que tendría que estar cobrando mil y algo de pesos, por 1800 pesos, creo, una cosa así, para cubrir los costos, no lo está cobrando, cobra 900 pesos”, afirmó.

El debate por los recursos y las prioridades del Estado

Ante el argumento de que el Estado enfrenta restricciones presupuestarias, Molero planteó que la discusión debe centrarse en las prioridades: “Ahora, yo entiendo que no alcanza, pero vos tenés prioridades”.

Y cuestionó que determinadas áreas puedan recibir recursos mientras persisten dificultades en discapacidad: “Entonces yo me pregunto, ¿para comprar aviones? ¿No? Que no sepa que lo necesitamos, pero no me quiero pelear con las fuerzas armadas, ¿sí?”.

En ese sentido, resumió su posición sobre el rol del Estado: “Dinero en la Argentina hay. Hay para ciertas cosas y no hay para otras cosas”.