Día 1035: ¿La rebeldía volverá a ser de izquierda?
Durante años, la rebeldía pareció volverse de derecha y la izquierda quedó relegada a la defensa del statu quo. Sin embargo, la reciente oleada de protestas estudiantiles en Francia y la movilización universitaria en Argentina sugieren que el malestar generacional busca nuevos lenguajes de organización.
Durante los últimos años, una de las grandes paradojas de la política occidental fue que la rebeldía parecía haberse vuelto de derecha. Los sectores que se presentaban como antisistema, que denunciaban a las élites, cuestionaban a los medios de comunicación, desconfiaban de las instituciones y cuestionaban el orden establecido ya no eran necesariamente los movimientos que habían protagonizado buena parte de la historia del siglo XX. En muchos países, esa energía fue capitalizada por fuerzas nacionalistas, conservadoras o de extrema derecha, que lograron presentarse como representantes de quienes se sentían abandonados por la política tradicional.
La derecha consiguió, en buena medida, apropiarse del lenguaje de la rebeldía. Mientras la izquierda quedaba relegada a la defensa de instituciones desacreditadas, la derecha construía su identidad alrededor de la impugnación de esas mismas instituciones.
Pero que los sindicatos pierdan afiliados, que los partidos tradicionales se debiliten o que las universidades dejen de ser percibidas como motores seguros de movilidad social no significa que hayan desaparecido los intereses contrapuestos que atraviesan a una sociedad. Significa, en todo caso, que los mecanismos para expresarlos, organizarlos y transformarlos están en crisis.
Por eso, las protestas estudiantiles que recorren Francia desde fines de septiembre merecen una atención que excede sus reclamos inmediatos.
Las protestas estudiantiles comenzaron el 17 de septiembre, cuando alumnos de entre 15 y 18 años del Lycée Saint-Exupéry, en Créteil, bloquearon su establecimiento porque la ausencia de numerosos docentes les impedía continuar las clases con normalidad. El malestar se extendió rápidamente a cientos de escuelas de todo el país. A los reclamos iniciales se sumaron las denuncias por edificios deteriorados, aulas sobrecargadas, jornadas escolares extensas y una percepción generalizada de desigualdad educativa.
La escasez de profesores, vinculada en parte a los bajos salarios y a las dificultades para cubrir puestos en zonas desfavorecidas, se combina con la falta de personal de apoyo, enfermería escolar y asistencia para alumnos con discapacidad.
Las protestas expresan un malestar generacional que trasciende la educación: la sensación de que las nuevas generaciones no cuentan con la seguridad económica ni con los servicios públicos que las anteriores daban por sentados.
El conflicto se produce, además, mientras el Gobierno francés busca aprobar un presupuesto para 2027 que contempla un ajuste fiscal de unos 60.000 millones de dólares para reducir el déficit y contener la deuda pública. En ese contexto, los estudiantes reclaman mayores inversiones en educación, mientras el Ejecutivo intenta restringir el gasto, exponiendo la tensión entre las necesidades sociales y la política de austeridad.
Las imágenes de las barricadas y los establecimientos bloqueados evocan inevitablemente el Mayo francés de 1968, pero el paralelismo tiene sus límites. Aquella revuelta estudiantil terminó confluyendo con una huelga general que movilizó a millones de trabajadores y paralizó buena parte del país. Hoy, aunque persisten algunas de aquellas formas de protesta, todavía no se observa una convergencia social de esa magnitud.
Escuchemos un fragmento de la entrevista que realizamos ayer al sociólogo y profesor de La Sorbona Denis Merklen.
Los estudiantes de Mayo del 68 se rebelaban contra una sociedad marcada por el crecimiento económico, la expansión universitaria y una clase obrera concentrada en grandes fábricas, con sindicatos y partidos capaces de organizar intereses colectivos. En la actualidad, la clase trabajadora es mucho más heterogénea: la desindustrialización, la tercerización, los empleos temporales y las plataformas digitales fragmentaron las experiencias laborales. Aunque muchos trabajadores comparten la inseguridad económica, no necesariamente construyen una identidad común ni cuentan con organizaciones que articulen sus demandas. La caída de la afiliación sindical en Francia, del 30% en la década de 1950 a alrededor del 10% en la actualidad, ilustra esa dificultad para transformar problemas individuales en una fuerza colectiva.
También cambió la promesa de la educación. En 1968, la expansión universitaria abría oportunidades para sectores que históricamente habían tenido un acceso limitado a los estudios superiores, aunque también generaba nuevas expectativas y frustraciones. Hoy, en cambio, estudiar sigue siendo fundamental, pero ya no garantiza la movilidad social ascendente: los jóvenes deben formarse y competir mientras comprueban que sus oportunidades dependen también de su origen social, sus recursos familiares y las condiciones del mercado laboral. Así, mientras en Mayo del 68 la rebelión podía apoyarse en identidades colectivas más consolidadas, las nuevas generaciones enfrentan dificultades para convertir sus frustraciones compartidas en un proyecto común de transformación.
La consigna de los indignados, el movimiento Occupy y los procesos europeos iniciados en 2011 popularizaron la consigna “somos el 99%”. Un slogan que permitió visibilizar la desigualdad, pero su amplitud también dificultó identificar los intereses comunes entre sectores sociales diferentes. La perspectiva de clase que sí había en los movimientos de fines de los 60 partía de un piso diferente.
Jean-Paul Sartre, en su Crítica de la razón dialéctica, ofrece una herramienta para comprender por qué compartir condiciones de vida semejantes no alcanza para constituir una fuerza colectiva. Sartre denomina serialidad a una forma de existencia social en la que los individuos están vinculados por circunstancias comunes, pero permanecen separados y persiguen sus propios objetivos, a menudo en competencia con los demás. Esa situación puede observarse en trabajadores que comparten la precariedad o en jóvenes que enfrentan las mismas dificultades para acceder a la educación, sin reconocerse necesariamente como parte de un mismo conflicto. La existencia de condiciones materiales compartidas no produce por sí sola una identidad colectiva ni una conciencia política común.
Desde el Gobierno francés y sectores de la derecha se acusó a La Francia Insumisa (LFI), el movimiento de Jean-Luc Mélenchon, de fomentar los bloqueos estudiantiles y aprovechar el conflicto para fortalecer a la izquierda. La acusación fue más allá de una crítica política: desde Matignon se sostuvo que la movilización respondía a una maniobra organizada por LFI y sus aliados, algo que el partido rechazó.
Los manifestantes y La Francia Insumisa denuncian, por otra parte, la brutalidad policial. Las autoridades francesas investigan 18 posibles casos de violencia policial durante las protestas estudiantiles, entre ellos los de dos adolescentes de 14 y 15 años que sufrieron heridas gravísimas, uno con la pérdida de una mano y otro con la destrucción de la mandíbula.
Ante estos hechos, el ministro del Interior anunció la suspensión del uso de granadas aturdidoras, aunque negó que hubiera brutalidad policial y defendió la actuación de las fuerzas de seguridad frente a manifestantes violentos. Los enfrentamientos también dejaron docentes heridos y provocaron incendios y saqueos en algunas escuelas, aunque la mayoría de las movilizaciones transcurrió pacíficamente.
En ese contexto adquirió protagonismo Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis e integrante de La Francia Insumisa, quien se acercó a los estudiantes para respaldar sus demandas y llegó a interponerse entre manifestantes y policías durante los enfrentamientos.
Su intervención lo convirtió tanto en una figura de apoyo para los jóvenes como en blanco de críticas de sectores conservadores.
Donald Trump también aprovechó los disturbios y las protestas estudiantiles en Francia para responsabilizar a la inmigración masiva y al islam, y sostuvo que el conflicto no responde a las deficiencias educativas, sino a un supuesto intento del islam de dominar el país.
Estamos ante una época en la que las redes sociales permiten que cualquier afirmación, por más falsa o infundada que sea, alcance a millones de personas en cuestión de minutos. La velocidad de circulación de los mensajes suele imponerse sobre la verificación de los hechos, mientras que los algoritmos favorecen los contenidos que despiertan indignación, miedo o rechazo. En ese escenario, los acontecimientos dejan de ser solamente hechos que deben comprenderse y se convierten en materiales para construir relatos políticos.
En Estados Unidos, Trump y comentaristas conservadores utilizaron las imágenes de los incidentes para advertir que una situación similar podría ocurrir si los demócratas recuperan el poder.
Pero volviendo a Francia, Marine Le Pen y el Reagrupamiento Nacional han conseguido ampliar su presencia entre sectores sociales que históricamente habían formado parte de la base electoral de la izquierda, incluidos trabajadores y habitantes de regiones afectadas por la desindustrialización.
De cara a las elecciones presidenciales de 2027, la derecha nacionalista conserva una presencia central en la disputa política. Es posible que, en el corto plazo, las fuerzas que capitalicen electoralmente el descontento sean aquellas que ya cuentan con una estructura partidaria, una identidad reconocible y una respuesta sencilla para problemas complejos.
Francia arde bajo una movilización estudiantil y escala la tensión política
Pero una cosa es la expresión electoral inmediata de una sociedad y otra, el movimiento más lento mediante el cual esa sociedad modifica sus ideas acerca de sí misma. Una elección puede premiar a una fuerza que promete restaurar el orden, mientras en determinados espacios comienzan a desarrollarse experiencias que cuestionan las bases de ese mismo orden. No hay contradicción necesaria entre ambos fenómenos.
La política electoral y la transformación de las sensibilidades colectivas no avanzan al mismo ritmo. Una generación puede votar de determinada manera, abstenerse o desconfiar de todos los partidos y, al mismo tiempo, comenzar a construir otros lenguajes para interpretar sus condiciones de vida.
Aquí aparece una de las cuestiones más interesantes del momento: el posible retraso entre las transformaciones materiales de una sociedad y la manera en que sus integrantes toman conciencia de ellas.
La economía puede cambiar mucho más rápido que las categorías con las que las personas comprenden su lugar en ella. Esa distancia ayuda a comprender por qué el malestar económico no se traduce automáticamente en una conciencia de clase ni en una identidad de izquierda.
La tecnología introduce una dificultad adicional. Las redes sociales permiten difundir rápidamente una convocatoria, conectar a jóvenes que no pertenecen a las mismas organizaciones y transformar una experiencia local en una causa nacional. Las protestas francesas muestran esa capacidad de coordinación digital. Pero las mismas herramientas que facilitan la movilización pueden favorecer una relación más fragmentada con la política, basada en campañas breves, adhesiones individuales y comunidades que no siempre consiguen sostener una acción común.
El individualismo contemporáneo también tiene una dimensión ambivalente. Puede estimular la desconfianza hacia las jerarquías y el deseo de decidir sobre la propia vida, pero también puede hacer que los problemas colectivos se experimenten como fracasos personales; que dificultades producidas por condiciones sociales compartidas terminen siendo vividas como insuficiencias individuales. La protesta quiebra esa interpretación, resquebraja el individualismo y permite que los manifestantes descubran que aquello que creían un problema exclusivamente suyo también les ocurre a los demás.
Quizás por eso el dato más importante de las protestas francesas sea que una generación vuelve a poner en discusión la distancia entre las promesas de la sociedad y las posibilidades reales de cumplirlas. En 1968, una parte de la juventud cuestionaba una autoridad que consideraba opresiva y buscaba ampliar las libertades individuales y colectivas. Hoy, muchos jóvenes protestan porque temen no recibir siquiera las oportunidades que tuvieron sus padres. Una generación quería transformar el mundo que había heredado; otra teme heredar un mundo en el que las posibilidades de progresar sean cada vez más estrechas.
No sabemos si de estas movilizaciones surgirá una nueva expresión política, si lograrán articularse con el movimiento sindical o si terminarán diluyéndose cuando el Gobierno responda a algunos de sus reclamos. Tampoco sabemos qué expresión electoral encontrarán quienes hoy participan de ellas. Se estima que muchos de los jóvenes apoyan a la extrema izquierda, pero también dentro de ellos hay grandes porcentajes de abstencionismo.
Lo que sí podemos observar es que el cuestionamiento a las instituciones no es solo por derecha; también es ahora por izquierda. La derecha puede interpretar su crisis como una oportunidad para presentarse como orden, mientras una nueva generación puede comenzar a exigir que las instituciones vuelvan a centrarse en garantizar derechos y oportunidades que consideran amenazados.
Durante mucho tiempo pareció que la rebeldía había cambiado definitivamente de signo. Las protestas francesas recuerdan que esa conclusión era prematura. El malestar no tiene una orientación política predeterminada, y la crisis de las instituciones puede alimentar proyectos opuestos. La cuestión decisiva es qué interpretación consigue imponerse y qué formas de organización pueden convertir la indignación en una fuerza colectiva.
Tal vez lo que está ocurriendo sea algo prepolítico: una generación comienza a reconocer que sus dificultades no son solamente personales y que la promesa de un futuro mejor no puede depender exclusivamente del esfuerzo individual. Si ese reconocimiento consigue conectar la educación con el trabajo, la vivienda y la desigualdad, podría abrir un horizonte político que hoy apenas se insinúa. No sería una repetición de Mayo del 68, sino la búsqueda de respuestas colectivas para una sociedad radicalmente distinta.
¿En la Argentina también podría estar empezando a ocurrir que es la comunidad educativa la que abre nuevos caminos? La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, y la reciente irrupción de estudiantes en la Secretaría de Educación para exigir que el Gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario muestran que el conflicto ya no se limita a una discusión presupuestaria: pone en cuestión qué derechos está dispuesto a garantizar el Estado y hasta dónde puede avanzar un gobierno en su confrontación con las instituciones públicas.
Vamos a cerrar esta columna con el spot de la convocatoria a la movilización.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
MEG