La Justicia volvió a poner en el centro de la escena el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales y la decisión del Gobierno de no aplicar la ley sancionada por el Congreso. En este contexto, Emiliano Cagnacci, sociólogo, docente universitario y secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, analizó el alcance de la intimación judicial y el impacto que tiene sobre los salarios, las becas estudiantiles y el funcionamiento de las universidades.
Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), recibió a Cagnacci para conversar sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial pendiente y las prioridades presupuestarias del Gobierno. El docente sostuvo que detrás del incumplimiento existe una decisión política y planteó las diferencias entre los recursos destinados al sistema universitario y otros beneficios fiscales.
Emiliano Cagnacci es un sociólogo y docente universitario que se desempeña como Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Es una de las voces que representa el reclamo por la recomposición salarial y presupuesto para la educación pública.
Emiliano, muy buenos días, porque Fontevecchia los saluda. Bueno, finalmente la Justicia le dio cinco días al Gobierno para cumplir con la ley de financiamiento. ¿Tienen expectativas? Bueno, ya están corriendo. ¿De que esta vez sí sea en serio?
¿Cómo le va, Jorge? Buen día para usted y para la audiencia. Bien, creemos... Primero creo que es positivo lo que ha sucedido en la Justicia, ¿no? Nos encontrábamos ante una situación donde hay una ley sancionada, una ley ratificada luego del veto presidencial, una ley publicada en el Boletín Oficial, distintas instancias judiciales que le explicaban al Gobierno que tiene que cumplir con la ley, la Corte Suprema con la cautelar. La Corte Suprema con la cautelar que dejaba en pie los artículos 5 y 6 de la ley para actualizar salarios y becas estudiantiles, en función de que el salario tiene carácter alimentario, y la Justicia no hacía nada para que se cumplan sus propios fallos judiciales. Entonces, esto que sucedió con el juez Martín Cormick, que intimó en cinco días a cumplir con la ley de financiamiento y rechaza el planteo que había hecho el Gobierno, en cuanto a que venía cumpliendo la ley en un escrito, cuando lo había intimado en 72 horas para presentar, y rechaza ese escrito. Entonces, creemos que es un paso positivo en función de que en la Argentina, hace más de 40 años, Jorge, decidimos vivir en democracia, y en democracia es discutir los problemas que tenemos. No puede ser que haya un Gobierno que decida arbitrariamente qué ley cumple y qué ley no, y no haya sanción, ¿no? El primero que tiene que arbitrar los medios para que vivamos en un Estado de Derecho es el propio Gobierno que administra el Estado Nacional. A mí me gusta plantear y decir que el Gobierno últimamente no tenía un conflicto con las ciudades, no tenía un conflicto con los y las docentes, con los y las no docentes, con los estudiantes. El conflicto lo estaba teniendo con la democracia argentina, que era no cumplir con una ley y no cumplir con la Justicia. Entonces, creemos que esto que ha sucedido, el fallo del juez Cormick, que es una instancia más en donde le dice al Gobierno, tanto el Poder Judicial, ya lo dijo el Poder Legislativo a través de la sanción de la ley, y ahora nuevamente el Poder Judicial diciéndole que en la Argentina no hay lugar para mirar para otro lado, el único lugar posible es cumplir con la ley. Así que creemos que... Y esperamos, y esperamos que no haya ninguna intención más, ninguna intención más, nuevamente buscar por dónde escaparse del cumplimiento y que esta vez sí, ya que va a haber una sanción directa a los funcionarios, empiecen a cumplir con la ley. Creo que es lo que espera no solo la comunidad universitaria, Jorge, sino lo que espera la sociedad argentina, que ya la demostró a lo largo de estos dos años y medio, en cada una de las marchas, en las cuatro marchas, a lo largo y ancho del país, que salió a manifestarse a favor de la educación pública, pero yo creo que en el fondo era a favor del derecho propio a la educación universitaria.
Para tener una idea de cuánto es que es coercitivo que lo cumpla, cuánto es la multa que el juez dice que le aplicará día por día si no cumple dentro de los cinco días, y cuánto es el monto total de lo que debería pagar el Gobierno al total del campo educativo. Para tener una dimensión, incluso no sé si usted lo tiene, en miles de millones de pesos o billones de pesos, en porcentaje del Producto Bruto, algo que nos dé una dimensión de realmente cuál es el nivel de coerción a la que está enfrentándose el Gobierno si no lo cumple.
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Vamos por parte con la pregunta y es muy buena, Jorge. La primera parte, que es cuánto es el costo para los funcionarios en el caso de no cumplir, ahí se me escapa, porque aparte en el fallo no está estipulado cuál es la sanción en términos monetarios. En el caso de no cumplir con los cinco días. En el término del presupuesto, la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuando estos dos artículos, el artículo quinto y sexto, que puntualmente son los artículos del salario y la actualización del salario hacia diciembre del 2023, igual que las becas estudiantiles a diciembre del 2023, la Oficina de Presupuesto había estimado que el impacto en el presupuesto nacional era de 0,23%. O sea, estamos hablando de una cuestión ínfima y, así y todo, el Gobierno tomó la decisión política de no hacerlo. En términos de todavía lo que falta recomponer, si uno lo pone en porcentajes, estamos alrededor del 32-33%. ¿Por qué? Porque en la paritaria firmada el 10 de junio, el Gobierno otorga en esa paritaria que tanto el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores y rectoras de todas las universidades nacionales, y todas las entidades con representación gremial docente y no docente del ámbito universitario, firmaron esa acta paritaria, se estableció un aumento total del 24,3%. Con esa acta el Gobierno se presentó a la Justicia para demostrarle a la Justicia que estaba cumpliendo con la ley y empezando a negociar. Entonces, si uno toma lo que hizo el propio Gobierno, que fue presentarse en la Justicia para decir “este porcentaje es en función del cumplimiento de la ley”, todavía en ese retroactivo a diciembre del 2023 falta alrededor de 32,33 puntos. Por eso nosotros decimos que esa discusión y ese ofrecimiento que había habido en la última paritaria del 3%, no es que no correspondía en función de la aceptación o no del aumento salarial, no correspondía en función o no de lo que el propio Gobierno hizo, que es presentarse a la Justicia con el acta paritaria diciendo que están cumpliendo la ley. Para cumplir la ley falta todavía 32,33%, que es lo que ahora el juez Cormick le da 5 días para intimar y cumplir la ley. Le voy a poner un dato, Jorge, para tener dimensión, porque nos centramos mucho en la cuestión, y está bien que así sea, del salario docente y no docente. Pero vamos a la cuestión de las becas estudiantiles. La beca estudiantil universitaria de mayor cobertura en nuestro país es la Beca Progresar. Esa beca, para poder adquirirla, estamos hablando de estudiantes que tienen un buen rendimiento académico, pero a su vez una necesidad económica, social, que los hace acreedores de una ayuda por parte del Estado Nacional a una beca para poder continuar con sus estudios. Entonces tiene que tener un rendimiento académico y a su vez una necesidad económica. El Gobierno la volvió a fijar en el mismo monto que en 2023, 35.000 pesos de bolsillo. Yo quisiera saber, yo tengo un hijo, está estudiando en la UTN, ¿quién es de los que tenemos hijos en la universidad? ¿Quién es de los que asisten a la universidad? ¿Pueden creer que es una ayuda? 35.000 pesos por mes para solventar los estudios de un estudiante universitario hoy. Entonces, por eso lo que hace la cautelar establece justamente el artículo quinto, que es salario, pero también el artículo sexto, que es sobre beca estudiantil. Por esto es importante que yo le estoy diciendo. Entonces, por eso nos parece importante primero mirar que hubo una decisión política de no cumplir, porque el impacto presupuestario era 0,23%. Y, por otro lado, hay una decisión también política de mirar e incumplir los fallos judiciales. Digo, si uno, y acá planteando las prioridades, ¿no? Como Estado y como país. El presupuesto votado el año pasado, Jorge, para este año en materia de presupuesto para hospitales universitarios establecía para el conjunto de las universidades que tienen hospitales universitarios 80.000 millones de pesos para todo el sistema. Por lo tanto, es para aquellos hospitales que forman a los futuros profesionales, pero que también tienen una atención diaria hacia la comunidad. Pongo dos ejemplos de nuestra universidad. El Hospital Roffo es un hospital de oncología de referencia nacional, y el Hospital de Clínicas es un hospital clínico de referencia nacional, donde seguramente alguno de nosotros o alguna de las personas que está escuchando o viéndonos conoce gente que la han derivado al Clínicas o al Roffo en busca de algún diagnóstico o en busca de algún tratamiento. 80.000 millones para toda esa formación. Durante el año pasado, a una sola empresa, Jorge, le dejamos de cobrar, en términos de atenciones impositivas, 140.000 millones de pesos. Entonces, a todo el sistema universitario, en cuanto a formación para sus hospitales universitarios, el Gobierno le otorgó el presupuesto y los legisladores y legisladoras nacionales votaron 80.000 millones de pesos. Y a una sola empresa, que es Mercado Libre, no le cobramos como Estado 140.000 millones de pesos. Entonces, yo estoy de acuerdo que las cuentas tienen que cerrar. Estoy de acuerdo que tenemos que hacer un Estado, un esfuerzo para que eso suceda en las cuentas del Estado. Pero seguramente no vamos a estar de acuerdo y estoy seguro que la sociedad no votó para dañar las universidades. No podemos ser la variable de ajuste los docentes, las docentes universitarias, los profesionales de salud de los hospitales. Yo creo que ahí está el gran problema. Es una cuestión de prioridades y por eso ahora la Justicia intima de esta manera.
Emiliano, muy importante. Entonces, vamos a estar atentos a ver si finalmente esta vez sí se cumple y volvemos a hablar con usted en el caso de que así no sea. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Jorge. Tenga buen día. Saludos a la audiencia.
LMM
