“Los excarcelados podrían volver a ser detenidos”, alertó un abogado venezolano
Gonzalo Himiob Santome advirtió que las salidas de la cárcel no implican libertad plena ni el cierre de las causas judiciales.
“El proceso penal sigue activo y en cualquier momento estas personas pueden volver a la cárcel en Venezuela”, advirtió el abogado y activista venezolano Gonzalo Himiob Santome, quien puso en duda el alcance real del proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno tras la caída de Nicolás Maduro. Aunque reconoció que 154 personas fueron sacadas de la cárcel, subrayó que no se trata de liberaciones plenas sino de excarcelaciones bajo estrictas medidas cautelares, como prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante tribunales e incluso restricciones para hablar con la prensa. “No es un argumento jurídico lo que hay detrás de estas detenciones, es un argumento político”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).
Gonzalo Himiob Santome es un abogado, escritor y activista venezolano. Es miembro fundador y actual director vicepresidente de la ONG Foro Penal, organización dedicada a brindar asistencia jurídica gratuita a víctimas de detenciones arbitrarias y presos políticos de Venezuela. En 2019 recibió el premio al valor civil de la Truman Foundation, en New York, por su firme defensa de los derechos fundamentales.
Agustino Fontevecchia: ¿Cómo está el panorama en Venezuela en relación a los presos políticos?
La situación está un poco compleja, por decirlo de alguna manera. Recordemos que el pasado 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional anunció que se iba a iniciar un proceso de excarcelaciones, de liberaciones significativas. Se suponía que iban a ser masivas, de personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos en Venezuela.
Este proceso en efecto se está dando y, al día de hoy, de la cifra original de 811 presos que teníamos en aquel momento, debidamente calificados y registrados como presos políticos, se ha excarcelado a 154 personas. Y pongo el énfasis en la palabra excarcelación y no liberación, porque todas estas personas han sido excarceladas a través de decisiones que les imponen lo que aquí en Venezuela llamamos medidas cautelares, es decir, medidas que aún mantienen de alguna manera restringida su libertad, tales como la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales e incluso, en algunos casos, la prohibición expresa de atender a medios de comunicación o de hacer comentarios o participar en las redes sociales.
Entonces, esto implica que el proceso penal contra estas personas sigue activo, no ha finalizado, no ha cesado, y también implica algo que es muy delicado, que es que en cualquier momento estas personas que han sido excarceladas pueden volver a la cárcel. El proceso se ha llevado de una manera muy lenta. Uno entiende que el proceso para emitir una decisión que conduzca una boleta de excarcelación y luego todo su trámite puede llevar tiempo, pero, sin embargo, esperaba que esto fuese un poco más rápido. Pero no ha sido así.
Y, por otro lado, siguen sin estar claros cuáles son los criterios, los parámetros que el poder está utilizando para decidir quién se queda y quién no, quién sale y quién no. Eso es algo que tiene a los familiares de los presos por motivos políticos en Venezuela muy preocupados, muy angustiados.
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Uno de los temas que se viene escuchando mucho desde afuera, es que hay una cierta disputa sobre los números que plantea el gobierno de cuánta gente está excarcelando, porque nosotros decimos liberados, pero que quizás tenemos el término equivocado. ¿Cómo es el tema de los números oficiales contra los números que estás manejando vos?
Recordemos que esta no es la primera vez que se da un proceso de excarcelaciones relativamente numerosas de presos políticos. Esto ha pasado ya en varias oportunidades. Normalmente pasaba durante los meses de diciembre de los años anteriores y siempre ocurre que el gobierno indica unas cifras que, cuando tú las contrastas con lo que registramos las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, no son las mismas.
Y esto tiene que ver, en general, con esa voluntad de poder de tratar de mostrar una realidad mucho más generosa de lo que en verdad es, y también con la voluntad del poder de incluir dentro de estas excarcelaciones, como si se tratase de presos políticos o de personas arbitrariamente detenidas, a personas que no califican como tales. Esto lo hemos visto en muchas oportunidades.
El gobierno hablaba, por ejemplo, la semana pasada, de que ya se había materializado más de 400 excarcelaciones, pero cuando tú contrastas eso con la realidad te das cuenta de que, si en efecto se produjeron esas 400 excarcelaciones, el número total no corresponde a personas que habían sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos.
Entonces, siempre hay que tener un control muy cerrado, muy cercano, de qué es lo que se está haciendo para verificar que, en efecto, quienes al final resulten beneficiados por este tipo de decisiones sean quienes lo merecen, no personas que al poder le interese, por cualquier beneficio coyuntural, excarcelar y punto.
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En ese sentido el yerno de Edmundo González Urrutia, el presidente electo, fue excarcelado.
Sí, ciertamente fue excarcelado, gracias a Dios, la madrugada del día de ayer (por el jueves 22). Pero fíjate, en ese caso se revela muy claramente que los motivos para mantenerlo encarcelado no eran jurídicos, sino políticos, porque él ya había sido condenado. Él ya había sido condenado a 30 años de prisión por supuesta traición a la patria y por toda esa serie de delitos que el gobierno normalmente califica a quienes disienten o a quienes se oponen a él.
Sobre estas bases, la fórmula para su excarcelación, más allá de lo bienvenida que sea, debió haber sido otra. Pero fíjate que incluso en ese caso se le impusieron, aun ya estando condenado de manera definitiva y firme, unas medidas cautelares que no correspondían desde el punto de vista estrictamente legal. Eso te demuestra que lo que hay detrás de todas las encarcelaciones por motivos políticos no es un argumento jurídico, es un argumento político.
Si el Estado está corrupto en su esencia y la justicia responde a ese mismo poder, ¿qué valor real tienen sus decisiones? Y, en ese marco, ¿cómo interpretás el respaldo de Estados Unidos a la continuidad del régimen bolivariano bajo Delcy Rodríguez?
Es algo muy delicado porque uno esperaría que un gesto profundo y significativo de cambio de la situación fuese el del desmantelamiento total del aparato represivo. Y cuando me refiero al desmantelamiento total, me refiero a la intervención y adecuación a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos de instituciones como los cuerpos de seguridad, las policías, los militares, la fiscalía, la misma defensoría del pueblo, que ha sido francamente inoperante en nuestro país, los tribunales, etcétera. Eso no ha pasado.
Eso no ha ocurrido y eso es lo que quizás nos permite percibir que hay como una intención de mantener una relativa continuidad en el sistema que, al final, es negativa, porque nosotros hemos identificado desde hace muchos años un fenómeno, una estrategia que se denomina la estrategia de la puerta giratoria: de nada nos sirve excarcelar a 100, 200, 300, 400 presos por motivos políticos si, a la vuelta de un mes o dos meses, vas a volver a llenar esas celdas con otros presos políticos.
Entonces, el llamado que estamos haciendo es a no descuidar el hecho de que, si no se desmantela el aparato represivo y no se adecuan las instituciones al respeto a los derechos humanos, la verdad es que estamos sustituyendo a presos que están saliendo, y bienvenida sea su libertad, ciertamente, pero luego vamos a tener otros y vamos a tener que seguir en la misma lucha.
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¿Cómo está hoy la situación en las calles? Desde afuera se percibe que el aparato represivo sigue activo: ¿está el clima más pacífico, más violento o similar al de antes de la salida de Maduro?
La verdad es que, y esto lo puedo decir porque, a través de los coordinadores que tenemos en Foro Penal en todo el país, recibimos información de cómo está la situación en cada uno de los estados de nuestra nación, la situación está bastante calmada en términos generales. Hubo un primer momento en el que hubo mucho miedo y se presentaron un gran número de abusos derivados de una interpretación muy discrecional de lo que fue el artículo 5 de este decreto de conmoción exterior que surgió apenas se produjo la incursión norteamericana, porque ese artículo 5 básicamente les decía a los policías y a los cuerpos de seguridad que tenían derecho a revisarle a una persona su celular, su computadora, cualquier cosa, para ver si de alguna manera, y esto con base en el criterio subjetivo del policía o del funcionario de seguridad, había celebrado o se había mostrado de acuerdo con lo que fue la incursión norteamericana.
Eso en principio empezó a ser así, pero luego inmediatamente surgió un comunicado de las mismas autoridades exigiéndole a los funcionarios que fuesen respetuosos con las personas y no revisaran sus aparatos, sus datos, sus celulares, sus computadoras, etcétera. De manera tal que, el aparato represivo sigue activo, pero no está activo en la misma medida ni de la misma forma en que lo estaba antes. Y esto hay que decirlo con toda honestidad y con toda objetividad.
No se han producido verdaderamente, particularmente desde el 8 de enero hasta acá, números significativos de nuevos arrestos por motivos políticos. Lo que sí ha pasado, y por eso nuestras cifras varían continuamente, es que muchísimas personas que antes no se habían atrevido a reportar sus casos, por miedo, por temores, represalias o por cualquier otra razón perfectamente lógica y comprensible, ahora sí lo están haciendo.
Eso sí está pasando, pero decir que el aparato represivo en Venezuela, a partir de la incursión norteamericana en nuestro país, se ha vuelto más agresivo, por decirlo de alguna forma, no es cierto. Estamos en una tensa calma, ciertamente, porque todavía no se sabe definitivamente cuál es el rumbo que va a tomar el país, pero la verdad sea dicha: en las ciudades en las que nosotros tenemos presencia hay calma y la gente está dedicada a lo que se dedica normalmente las personas, a sobrevivir, a tratar de sacar adelante a su familia en esta economía tan delicada que tenemos, etcétera.
En los últimos días salieron un par de notas en The Guardian; la primera indicaba que había habido contactos entre el gobierno de Trump y de Rodriguez por varios meses antes, que ella había dado su ok a la remoción de Maduro, aunque dijo que no iba a colaborar. Y recién leí una que decía que, inmediatamente después de la detención de Maduro, ella se comunicó con un grupo de gente y les dijo que tenían 15 minutos para decidir si estaban a favor o si los iban a matar a todos, o sea, si las fuerzas norteamericanas los iban a matar.
¿Tiene cierta lógica esta idea de los Estados Unidos de mantener al régimen bolivariano chavista para que no implosione el país y suceda una fragmentación? Ahora, desde adentro, ustedes tienen que convivir con un régimen que los ha brutalizado por años. ¿Qué opinión tenés, o estás recabando de tus fuentes, sobre esta continuidad del régimen?
Para nosotros lo medular, y es a lo que nos dedicamos, es el cese de las violaciones a los derechos humanos que se han dado en Venezuela desde hace tantos años en el contexto de lo que ha sido la actividad de este sistema represivo. Esta continuidad que se ha dado, que puede ser analizada desde diferentes puntos de vista geopolíticos, etcétera, al final no ha conducido al desmantelamiento del sistema represivo. Y eso es lo que nos preocupa verdaderamente. Eso es lo que a nosotros nos atañe y lo que a nosotros nos preocupa.
Esperemos que esto conduzca a un desmantelamiento de este sistema represivo de manera progresiva, tomando en cuenta las realidades particulares de cada caso, de cada institución, por ejemplo, y así poder entonces ya respirar con más calma. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto ya de nuevo, porque lo hemos hecho en varias oportunidades, una ley de amnistía general, que al final sería como la herramienta total para la excarcelación y la liberación de todos los presos y perseguidos políticos.
Porque es cierto que los presos, los que están materialmente privados de su libertad, tienen prioridad, deben ser atendidos primero, pero en este momento además en nuestra organización tenemos registradas a más de once mil personas que están sujetas a juicios penales arbitrarios, injustos, por motivos políticos, pero también bajo medidas cautelares; es decir, esas personas tampoco son completamente libres. Entonces, una amnistía general y plena, dirigida única y exclusivamente a quienes hayan sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, sería una muy buena solución que además brindaría un gesto muy claro de que se pretende desmontar el aparato represivo. Pero hasta ahora eso no se ha dado y eso nos mantiene muy alertas.
¿Te parece que hay algún camino en el cual los incentivos se alineen para el régimen para empezar a liberar una mayor cantidad de presos políticos? Imagino que, del lado de ellos, asumiendo que de alguna forma también el sistema se les puede venir en contra, quizás podrían exigir otro tipo de amnistía para avanzar en esa dirección. No sé si eso tiene sentido.
Sí, eso es una posibilidad. Recordemos que los mecanismos internacionales para sociedades que han salido o están en trance de salir de situaciones conflictivas incluyen varias opciones, varias herramientas. La primera, por ejemplo, que nosotros hemos planteado es esta ley de amnistía general, dirigida no a quienes han violado los derechos humanos, pero sí a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Pero también está, por ejemplo, la posible constitución de una comisión de la verdad, en la que se evalúen ciertamente y ya de manera individualizada las potenciales responsabilidades de los agentes del Estado que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos, en la que se puede incluso establecer un sistema de procesamiento que garantice algunos beneficios o algunas prerrogativas derivadas, por ejemplo, de su voluntad de cooperar con el establecimiento de la verdad y con la necesaria reparación a las víctimas.
Hay muchas fórmulas que se pueden aplicar. El problema es que ha pasado poco tiempo y todavía no está muy claro cuál es el rumbo que va a tomar Venezuela. Eso es lo que un poco frena cualquier iniciativa dirigida a tratar de separar a quienes han violado los derechos humanos de quienes no lo han hecho. Todavía el ambiente es muy incierto, pero las herramientas están allí. No las hemos inventado nosotros, son cosas que se han probado históricamente y que funcionan cuando se aplican correctamente, y estaríamos plenamente dispuestos, por supuesto, a trabajar en cualquiera de esas herramientas.
También en un país donde tenés un grupo de actores fuertemente armados, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en fuerzas paramilitares y a través de todo el país, también se requiere algún plan de desarmado de esas fuerzas e integración en la sociedad, ¿no?
Por supuesto. Y siempre recordar que ningún proceso de reivindicación de los derechos de las víctimas en ninguna parte del mundo termina cortándole la cabeza, por decirlo de alguna manera, a todos los que de alguna forma participaron en el aparato represivo. Hay que ver exactamente a quiénes se podría dirigir eventualmente una investigación o contra quiénes se podría dirigir eventualmente una investigación, porque tampoco puedes dejar las instituciones completamente vacías de personas, ¿no?
Por ejemplo, tú te vas a un tribunal y en el tribunal sí puede que esté un juez que ha sido terriblemente represivo y que ha definitivamente violado los derechos humanos de las personas, pero en ese mismo tribunal está un alguacil, está un secretario, hay escribientes; todos ellos de alguna manera también forman parte de la estructura represiva, pero no han participado conscientemente en ella o lo han hecho porque no tenían más remedio que hacerlo.
Entonces, hay que buscar las formas de interpretar y entender cada caso concreto para satisfacer, por una parte, la necesidad de paz y, a la vez, la necesidad de justicia. Son esos dos valores los que están en este momento en juego y los mecanismos para conciliarlos están allí. Lo que pasa es que hay que tener, o tenemos que buscar y encontrar, la voluntad política para articularlos y para hacerlos efectivos.
RM CP