La Asamblea Nacional de Venezuela debatirá una profunda reforma a la Ley de Hidrocarburos que podría desmantelar el histórico monopolio estatal del sector y abrir completamente la producción y comercialización del petróleo a empresas privadas, en un giro clave del modelo estatista vigente desde hace más de dos décadas.
La iniciativa, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, contempla flexibilizar el rol de Petróleos de Venezuela (PDVSA), reducir la carga impositiva y habilitar mecanismos de arbitraje internacional, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras y reactivar una industria golpeada por años de caída productiva, sanciones y falta de infraestructura.
Según el proyecto, que será tratado dentro de poco, las regalías petroleras bajarían del 33% al 20%, mientras que el impuesto a las ganancias se reduciría del 50% al 30%. Además, se permitiría que empresas privadas —incluidas compañías domiciliadas en el país— operen de manera independiente, sin la obligación de conformar empresas mixtas con PDVSA, dejando atrás la exclusividad estatal en la exploración y explotación de crudo.
Delcy Rodríguez consolida el poder en Venezuela tras la captura de Maduro
Los cambios también habilitarían a las compañías a resolver disputas legales mediante arbitrajes internacionales, una práctica expresamente prohibida por la ley vigente desde 2001, sancionada durante el gobierno de Hugo Chávez y que en los hechos derivó en la nacionalización del sector y la salida de grandes petroleras internacionales.
“Esto permitirá que los flujos de inversión se dirijan a nuevos campos, a campos donde nunca se ha invertido y donde no hay infraestructura”, sostuvo Rodríguez la semana pasada ante el Parlamento, al definir la iniciativa como una “reforma parcial”, aunque en los hechos implica una transformación estructural del marco legal.
Nuevo escenario político y acercamiento a Estados Unidos
El viraje ocurre en un contexto político inédito, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar el 3 de enero y su posterior traslado a Nueva York, donde enfrenta un juicio por narcotráfico. Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asumió el poder de manera interina y dio un giro en la relación con Washington, rota desde 2019.
Desde entonces, Caracas y Estados Unidos avanzan en una reanudación “gradual” de vínculos diplomáticos y comerciales. Washington designó a Laura Dogu como nueva jefa de misión para Venezuela y evalúa reabrir su embajada en Caracas, cerrada hace seis años. La diplomática operará inicialmente desde Bogotá mientras se analizan las condiciones de seguridad.
Dogu fue embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015. Entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México.
En paralelo, Rodríguez avanzó en acuerdos petroleros con Estados Unidos y reportó el ingreso de un primer giro de 300 millones de dólares por ventas de crudo a precio de mercado. El presidente Donald Trump, que mantuvo conversaciones con la mandataria interina, la invitó a una reunión en Estados Unidos en una fecha a definir. "Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades", dijo Rodríguez sin mencionar la invitación.
La presidenta interina, pese al acercamiento bilateral, sigue formalmente bajo sanciones estadounidenses, incluido el congelamiento de activos. Rodríguez gobierna en principio por un plazo máximo de seis meses, período en el que deberían convocarse nuevas elecciones, aunque en la práctica ha asumido el control total del Ejecutivo.
Liberación de presos y control interno
El acercamiento con Washington también incluyó la liberación de presos políticos. Según la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero fueron excarceladas 143 personas, aunque aún permanecen detenidos 777 opositores. Entre las liberaciones recientes se destacó la de Rafael Tudares, yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.
Urrutia dijo en X que la excarcelación de su yerno "refuerza" sus pedidos por "la libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición".
Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder opositora y premio nobel de la Paz María Corina Machado, inhabilitada para participar en los comicios. Guanipa está vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.
También Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, así como el activista Javier Tarazona, encarcelado desde 2021 por "terrorismo", "traición" e "incitación al odio".
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