La Asamblea Nacional de Venezuela tiene previsto debatir el jueves reformas petroleras que, de implementarse, desmantelarían el monopolio estatal del sector y permitirían a empresas privadas producir y vender crudo de las vastas reservas del país.
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Los cambios propuestos a la emblemática ley de hidrocarburos flexibilizarían el rol de la estatal Petróleos de Venezuela SA, otorgando a las empresas privadas mayor margen para perforar y comercializar petróleo, al tiempo que reducirían sus impuestos. Las reformas, descritas por cuatro personas con conocimiento del tema, también permitirían a las compañías resolver disputas legales mediante arbitrajes internacionales, en lugar de tribunales locales.
Las regalías petroleras se reducirían del 33% al 20%, mientras que el impuesto sobre la renta bajaría del 50% al 30%.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 15 de enero su intención de reformar la ley de hidrocarburos sin ofrecer detalles. Los cambios buscan atraer de nuevo a las petroleras internacionales a Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro en una incursión militar este mes, y sus detalles aún podrían modificarse, dijeron las personas.
“Esto permitirá que los flujos de inversión se dirijan a nuevos campos, a campos donde nunca se ha invertido y donde no hay infraestructura”, dijo Rodríguez la semana pasada ante la Asamblea Nacional.
Aunque fue cuidadosa en describir la medida como una “reforma parcial”, los cambios alterarían profundamente una ley de 2001 promulgada bajo el fallecido líder socialista Hugo Chávez que equivalió a una nacionalización del sector y llevó a la salida de la mayoría de los productores extranjeros de crudo, incluidos ConocoPhillips y Exxon Mobil Corp.
Esa ley exige que Petróleos de Venezuela (PDVSA) mantenga una participación mayoritaria en las empresas mixtas con socios privados o extranjeros, al tiempo que otorga a la estatal el monopolio de la producción y venta de petróleo. También prohíbe el arbitraje internacional.
A medida que la producción petrolera de Venezuela se redujo en los últimos años, el régimen de Maduro buscó fórmulas para eludir la ley de hidrocarburos sin desmantelarla. En 2020, el país adoptó una norma que permitió contratos de asociación para la producción que no exigían que las empresas tomaran una participación minoritaria en una empresa mixta con PDVSA. Pero las nuevas reglas parecían entrar en conflicto con la ley de hidrocarburos anterior, y la mayoría de las compañías internacionales optaron por mantenerse al margen.
Ahora, la sorpresiva salida de Maduro ha cambiado el cálculo político. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo el martes que “no deberíamos preocuparnos” por adaptar la ley de hidrocarburos a la “nueva realidad económica”.
