El 16 de enero de 2016 no amaneció distinto en la ciudad de San Salvador de Jujuy por el clima. El calor húmedo del verano estaba ahí, como siempre. Lo que se sentía diferente era la tensión acumulada, una electricidad espesa que recorría la ciudad desde el cambio de mando provincial. Esa mañana, la implicada Milagro Sala quedó rodeada por un operativo policial que iba a marcar un quiebre definitivo en la historia política contemporánea de la provincia.
Sin dudas, no fue una detención sorpresiva para quienes seguían de cerca el pulso de la Plaza Belgrano. El acampe de las cooperativas, sostenido durante semanas, desafiaba el decreto de reordenamiento del flamante gobierno de Gerardo Morales. Pero una cosa era el conflicto latente y otra ver a la dirigente escoltada por las fuerzas de seguridad.
Aquella acusación inicial —instigación a cometer delitos y tumultos— sonó, incluso entonces, como la superficie de algo más profundo. Con el correr de los meses, esa causa se convertiría en la puerta de entrada a un entramado judicial complejo, cargado de derivaciones políticas, apelaciones y controversias que todavía hoy no encuentra un punto final.
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Esa tarde, Jujuy quedó partida. En la plaza, los cánticos de resistencia y las banderas de la Tupac Amaru denunciaban persecución política. En los despachos, el silencio era el de quienes creían estar asistiendo al restablecimiento del orden institucional. El operativo fue preciso, pero también profundamente simbólico: no solo buscaba desactivar una protesta, sino desmontar un modelo de poder territorial que había disputado la hegemonía del Estado provincial en una década.
Su imagen ingresando a la Comisaría de la Mujer fue la primera página de un libro judicial que sigue escribiéndose.
Entre la liturgia del barro y los estrados judiciales
La caída de su líder marcó el inicio de una lenta metamorfosis para la Organización Barrial Tupac Amaru. Lo que había sido una estructura de enorme despliegue territorial comenzó a erosionarse bajo el peso de las causas por asociación ilícita y malversación de fondos. El relato de Milagro Sala se desplazó de los barrios de Alto Comedero a los tribunales, y de allí al encierro, primero carcelario y luego domiciliario.
Así, las piletas populares, las fábricas textiles y los complejos habitacionales que alguna vez fueron exhibidos como símbolo de inclusión hoy muestran signos de abandono y de intervención estatal. Son las huellas visibles de una organización que dependía, en gran medida, de su conducción política. La revisión judicial de las obras destapó una trama de manejo de fondos públicos que la Justicia jujeña describió como un sistema de extracción y retorno de capitales.
Del otro lado, los organismos internacionales de derechos humanos pusieron el foco en las condiciones de detención, las garantías procesales y la independencia del Poder Judicial. Esa tensión convirtió al caso Sala en algo más que un expediente: lo transformó en un dilema ético que atraviesa a la democracia argentina.
Paralelamente, durante esta década, el escenario político nacional cambió varias veces. Gobiernos fueron y vinieron. Pero la situación de la dirigente jujeña se mantuvo como una constante, una frontera ideológica que divide aguas. Para sus defensores, Milagro Sala es una prisionera de una guerra interna contra los movimientos populares. Para la justicia, las condenas ratificadas por la Corte Suprema buscan cerrar un conflicto que sigue abierto en la calle.
El impacto del caso no se mide solo en años de prisión o arresto domiciliario. Se mide en la transformación del tejido social de Jujuy. Donde antes había una movilización permanente y una presencia territorial abrumadora, hoy queda un silencio cargado de preguntas. Cómo gestionar los recursos destinados a los sectores más vulnerables sin reproducir prácticas clientelares. Cómo garantizar justicia sin convertirla en una herramienta política.
