Milei contra Lijalad: Alejandro Slokar explicó los fundamentos del fallo
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal detalló los motivos del rechazo al recurso presentado por la defensa del presidente Javier Milei contra el periodista Ari Lijalad. Además, advirtió sobre el uso del aparato estatal para acallar críticas, los límites del discurso oficial y las prioridades pendientes en la agenda del Poder Judicial.
En una entrevista concedida a Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el doctor Alejandro Slokar, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, analizó el reciente fallo que desestimó la querella del presidente Javier Milei contra el periodista Ariel Lijalad. Más allá del aspecto técnico que declaró extemporáneo el recurso de la defensa presidencial, Slokar enfatizó la necesidad de proteger el derecho a la información como un pilar indispensable para el mantenimiento del sistema democrático.
A lo largo del diálogo, el magistrado abordó también el impacto inhibitorio de las demandas oficiales sobre el ejercicio periodístico, la viabilidad de acciones legales frente a insultos provenientes de altos funcionarios y los desafíos de una Justicia que, a su criterio, debe responder con celeridad y empatía ante las verdaderas urgencias sociales.
Alejandro Slokar es un destacado abogado, juez federal de Casación Penal, renombrado académico argentino, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que fue uno de los fundadores de la Asociación Justicia Legítima y coautor del Manual de Derecho Penal junto a Eugenio Zaffaroni y Alejandro Alagia.
Alejandro, muy buenos días, Jorge Fontevecchia lo saluda. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia, primero, el fallo que se produjo la semana pasada donde la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso del presidente y cerró el expediente a favor del pretendidamente demandado Ari Lijalad. Lo escuchamos con atención, doctor.
Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Siempre un placer hablar con usted. Sí, el día jueves pasado se rechazó el recurso de casación que había sido interpuesto fuera del plazo legal por el abogado del presidente de la Nación. Lo que importa es el cierre de la querella presidencial contra el periodista Ari Lijalad. Los tres jueces que integramos la Sala I en el caso coincidimos en que la demora del abogado había tornado extemporáneo el tratamiento de la materia. Pero, al no hacer lugar al recurso, en mi voto yo ratifiqué lo actuado en dos instancias anteriores cuando se desestimó la denuncia por inexistencia de delito. Me vi en la necesidad de hacer saber que la libertad de información constitucional básica resulta un derecho indispensable para garantizar el mantenimiento del sistema democrático. Creo que, en ese sentido, el Poder Judicial, la Justicia en general, no puede abdicar de un rol elemental e indispensable. Se requiere coraje, más que coraje, un imperativo institucional por la defensa de una prensa libre. De modo que ese derecho básico, elemental, a ser informado por parte de cualquiera de nosotros en una sociedad, reúne una dimensión pública, una dimensión social bastante marcada, porque hace a la existencia misma de una sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública. Y esto es un imperativo. Esto remite a los tempranos ochenta, a los estándares del sistema de protección interamericano, que es lo que le voy a decir a usted, ¿verdad?, que los padeció inclusive en su propia condición. Pero, claro, esto es así. Y digo, uno de los indicadores más importantes para medir la calidad democrática es esta propensión a restringir libertades, sobre todo de la oposición y de la prensa libre. No lo digo yo, hay mucho ya publicado, pero por ir a lo más o menos reciente, aquel trabajo ya clásico de Levitsky sobre cómo mueren las democracias es muy ilustrativo respecto de esto. Es decir, cuando se lleva adelante un conjunto de prácticas o se dictan normas que limitan el derecho a la manifestación, o se llevan adelante acciones punitivas contra la protesta y medidas represivas contra la libertad de información, lo que se evidencia es cierta intolerancia a la crítica y una disposición a utilizar el poder estatal contra personas que critican, sean estas opositores o periodistas. Y la norma penal es bastante clara desde la última reforma, en donde la sola condición de funcionario resulta suficiente para no proseguir de ningún modo en un proceso penal frente a asuntos de interés público. Lo que se trata de evitar es que se despliegue el aparato punitivo como un mecanismo disuasorio, una censura encubierta, y eso es inaceptable en un sistema democrático.
Casación rechazó un recurso de Milei y cerró la denuncia contra el periodista Ari Lijalad
Doctor, también hay un efecto inhibitorio, ¿no? Que funcionarios, y mucho más el presidente de un país, lleven adelante juicios contra un periodista no solamente afecta la relación y significa una amenaza para ese periodista demandado, sino que envía una señal para todo el colectivo de los periodistas de que hay un Poder Ejecutivo dispuesto a realizarles querellas. En muchos casos, aunque terminen satisfactoriamente —como es este caso—, generan una tensión en la persona e incluso costos para defenderse jurídicamente.
Es cierto. No solo afecta lamentablemente a aquel que padece esta criminalización oficial —que es una suerte de censura encubierta que procura el silencio del periodista y de todo lo que pasa en el futuro democrático—, sino que además se transmite una dimensión pública y social que impacta sobre todos. La condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus preferencias, elija una opción es que esté suficientemente bien informada. Eso es un estándar al cual no podemos renunciar y es indispensable reafirmarlo una y otra vez, más allá de la presentación fuera del plazo legal.
Déjeme ahora avanzar y aprovecharlo, doctor, para invertir el orden. ¿Qué ocurre cuando el presidente insulta? ¿Existe la posibilidad de que los damnificados, por el contrario, sin ser funcionarios públicos —por ejemplo, cuando se trata de periodistas—, lleven adelante una demanda al presidente por esos insultos?
Sí, efectivamente, eso podría proceder. Esto se da en un contexto bastante negativo, bastante regresivo, que tiene que ver no solo con algunas querellas promovidas desde la Presidencia, sino también por otros integrantes del Poder Ejecutivo e inclusive exministros que habían llevado adelante impulsos punitivos contra la prensa. Además, viene acompañado de alguna otra cuestión que es institucional y que de algún modo fue advertida en su momento: el cierre de los medios públicos y el reemplazo de esa estructura por una oficina de respuesta —así se llama, no recuerdo bien el nombre—, una suerte de Ministerio de la Verdad orwelliano, que tiene esa reminiscencia. Eso viene acompañado de una persecución penal permanente a innumerables periodistas, hasta un anuncio de hace escasos días atrás por parte del ministro de Economía instando a una reforma de la legislación para penalizar a periodistas que brinden información falsa. Todo eso, de algún modo, degrada. Desde luego que si a eso se suman burlas, insultos soeces y se festeja el abucheo a niños en un meeting escolar, el panorama es un poco más riesgoso y comprometedor.
Por último, no puedo no preguntarle, doctor, sobre su visión de los nombramientos en la Justicia y las modificaciones que hubo. Podríamos decir que la cantidad de pliegos aprobados tiene una dimensión inusitada. ¿Qué expectativa tiene usted de esto? ¿Qué va a significar en el buen funcionamiento de la Justicia en el futuro y qué críticas, si tuviera, tiene para hacerle?
A ver, me parece que cualquier órgano que funcione al 66% no funciona bien. Las plazas tienen que cubrirse y es razonable que así sea; si no, sería una anomalía institucional. No funciona así ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni ningún aparato de ningún orden. Pero, antes que en la estructura, me parece indispensable apuntar a la función que lleva adelante el Poder Judicial. Digo esto frente a algunos dramas sociales que tienen componentes estructurales que son desatendidos y forman parte de la realidad. El ahogo económico de miles de familias contra las tasas abusivas de la usura digitalizada de billeteras virtuales —que imponen tasas usureras del orden del 1500%— me parece que debe priorizar la actuación del Poder Judicial. El aparato punitivo actúa con celeridad ante el pequeño hurto menor, pero en otros casos se maneja con una lentitud bastante alarmante para desmantelar la ingeniería ilícita, en este caso la financiera digital, que extrae los ingresos de la supervivencia de los hogares. ¿Cómo se gestiona frente a ese despojo digitalizado la dignidad de los hogares? Después está la crisis de la salud mental, la salud mental juvenil: el suicidio se considera la principal causa de muerte de los jóvenes en la Argentina, desplazando a los delitos de tránsito, además del suicidio de miembros de las fuerzas de seguridad federales. Ese debate me parece que está ausente y esa es la función que tiene que atender un Poder Judicial empático y con preferencia en favor de las demandas sociales.
Doctor Alejandro Slokar, muchísimas gracias, doblemente, por la entrevista y por el fallo en defensa del periodismo y la libertad de expresión. Le deseo lo mejor y le mando un fuerte abrazo.
Al revés, a usted, Jorge. Muchas gracias.
MEG