Adorni en el centro de la tormenta: la crisis que expone el desorden

Hay algo más inquietante que la oposición en la Argentina de hoy: el propio oficialismo. No por su diversidad, que sería razonable en cualquier coalición, sino por el modo en que esa diversidad se expresa. Lo que estamos viendo no es pluralidad; es desorden.

En los últimos días, distintos episodios dejaron al descubierto una dinámica interna preocupante. Funcionarios que se contradicen en público, sectores que sugieren que al Presidente le mienten, acusaciones cruzadas que circulan más por redes sociales que por canales institucionales. En el centro de esa escena aparece Manuel Adorni, no solo como portavoz, sino como síntoma de un problema mayor.

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El dato es delicado. Cuando dentro del propio oficialismo se instala la idea de que al Presidente Javier Milei le ocultan o distorsionan información, lo que se erosiona no es solo su imagen: se pone en cuestión su autoridad. Y la autoridad, en un sistema presidencialista, no es un atributo decorativo; es la condición básica para gobernar.

El rol del entorno presidencial tampoco es menor. La centralidad de Karina Milei, a quien el propio Presidente define como “el jefe”, introduce una dimensión compleja: la superposición entre lo personal y lo institucional. No se trata de juzgar vínculos privados, sino de advertir qué ocurre cuando esos vínculos inciden directamente en la toma de decisiones.

A esto se suma la influencia de actores como Santiago Caputo y su ecosistema digital. Allí no solo se comunica: se construye poder. Y cuando desde ese espacio se desautoriza —explícita o implícitamente— al Presidente, o incluso al propio Adorni, lo que se genera es una anomalía. El poder deja de ser vertical y comienza a dispersarse en múltiples centros de gravedad.

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La consecuencia es visible: el oficialismo empieza a fragmentarse en etiquetas —“mileístas”, “karinistas”, “caputistas”, “menemistas”— que remiten más a facciones que a un proyecto común. En ese contexto, figuras como Martín Menem quedan atrapadas en una lógica de sospecha permanente, donde las acusaciones circulan sin validación clara y la política se dirime en el terreno de la exposición pública.

El problema no es solo político; es también cultural. El Gobierno parece operar bajo una lógica de confrontación constante, una especie de estado de crispación permanente que, en su origen, le permitió construir identidad y diferenciarse. Pero esa misma lógica, trasladada hacia adentro, empieza a volverse autodestructiva.

La política, incluso en sus versiones más disruptivas, requiere algún grado de orden. Sin una cadena de mando clara, sin canales institucionales de resolución de conflictos y sin un mínimo de disciplina interna, el poder se vuelve ineficaz. Y un poder ineficaz, en la Argentina, es un lujo que ningún gobierno puede darse.

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Como si esto fuera poco, emergen además episodios que trascienden la interna y rozan lo institucional, como la investigación por un presunto intento de seguimiento o vigilancia vinculado al entorno del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti. De confirmarse, no estaríamos ante una disputa política más, sino ante un conflicto entre poderes del Estado.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno intenta sostener su agenda y su relato. Pero hay un límite evidente: ningún proyecto político puede consolidarse si su principal foco de inestabilidad está en su propio núcleo.

CS/ff