Del juicio mediático al juicio político

Hace pocos días, un nuevo escándalo de corrupción volvió a salpicar al gobierno de Javier Milei. La filtración de audios de Carlos Spagnuolo, hasta ese momento titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado personal del presidente, revelando un entramado de coimas en los que se hayan implicados Karina Milei y la familia Menem. A partir de estos audios empezó a producirse un fenómeno que es frecuente en la región: los medios de comunicación adoptando una postura condenatoria del hecho, dando lugar al inicio de un “juicio mediático”. Pero, ¿puede pasarse del juicio mediático al juicio político?

El juicio político es un mecanismo constitucional a través del cual el Poder Legislativo puede juzgar el accionar de funcionarios públicos, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial (presidente, ministros y jueces de la Corte Suprema). Se trata de un proceso en el que el Congreso está facultado para juzgar la conducta del funcionario público, determinando si ha cometido algún delite en sus deberes como funcionario público.

El proceso de juicio político es un fenómeno latente en América Latina. Desde la tercera ola democrática, y más precisamente con el juicio político a Fernando Collor de Mello en Brasil en 1992, ha sido un mecanismo que ha estado presente en el panorama político latinoamericano. Es una institución que ha dado lugar al apartamiento de presidentes tanto neoliberales (Collor de Mello, Carlos Andrés Pérez, Pedro Pablo Kuczynski, Guillermo Lasso) como progresistas (Fernando Lugo, Dilma Rousseff, Pedro Castillo).

El 86% cree que hay corrupción en el Gobierno nacional y que Karina Milei está implicada

En Argentina no hay antecedentes a nivel nacional. Sin embargo, es preciso señalar que en el contexto de la crisis de 2001 y tras la represión que causó la muerte de más de 30 manifestantes, el jefe del bloque de diputados del Partido Justicialista había afirmado que su bloque iba a presentar la iniciativa de juicio político contra el presidente Fernando De la Rúa. Esto no se concretó debido a la renuncia presentada por este último. 

A nivel subnacional un hecho que tuvo repercusión nacional fue el apartamiento del cargo de jefe de gobierno de Aníbal Ibarra. Este juicio político tuvo lugar entre finales de 2005 e inicios del 2006. En aquella ocasión, Ibarra fue acusado por mal desempeño en sus deberes de funcionario público.

Un elemento en común de todos los casos de juicio político es que hubo un accionar conjunto de los medios de comunicación para denunciar los hechos de corrupción y de los legisladores para iniciar investigaciones a través de comisiones legislativas. Esto quiere decir que tiene lugar un “juicio mediático” seguido de un juicio político.

Juicio mediático

La mayoría de juicios políticos de la región han estado precedidos por casos de corrupción que involucraban al presidente. Algunos de los presidentes que fueron llevados a juicio político tuvieron como rasgo una atmósfera permanente de escándalos de corrupción que ligaban a miembros del gabinete, familiares del presidente y, finalmente, el propio titular del Poder Ejecutivo. Por la sucesión de denuncias de corrupción que tuvieron lugar en un año y ocho meses de mandato, el gobierno de Milei puede englobarse dentro de esta categoría.

Los escándalos mediáticos comenzaron a acrecentarse en la política regional a partir de la expansión de la televisión, el surgimiento de cadenas de medios y la profesionalización de la prensa. La conjugación de estos factores dio lugar a que la prensa revele varios hechos de corrupción que involucraban a funciones públicos e incluso a presidentes.

La prensa puede jugar un rol central al llevar adelante investigaciones que revelan tramas de corrupción. En ocasiones, a partir de una revelación pueden tener lugar más investigaciones, lo que va acrecentando el número de escándalos que afectan a un gobierno. Por eso se trata de un “juicio mediático” en el que desde la prensa se comienzan a revelar hechos que afectan al gobierno. 

Mientras esto sucede también pueden avanzar las denuncias en el Poder Judicial y el Poder Legislativo puede verse impulsado a comenzar a interpelar a funcionarios del gobierno. Se pasa del juicio mediático al juicio político.

Milei lleva 20 meses en el gobierno. En ese lapso de tiempo, pueden enumerarse los siguientes escándalos de corrupción que tienen como implicados a funcionarios del gabinete, familiares del presidente o al presidente.

• Venta de candidaturas
• Pedido de coimas para poder reunirse con el presidente
• Estafa a partir de la promoción realizada por el presidente de una criptomoneda que derivó en denuncias tanto en Argentina como en Estados Unidos
• Valijas traídas desde Estados Unidos que se saltearon los controles aduaneros a partir de una orden política
• Denuncia de una ex funcionaria del PAMI, acusando al armador de La Libertad Avanza de La Plata y de la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja
• Se denuncia que la familia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, obtuvo un contrato multimillonario con el Estado
• Se filtran audios de Carlos Spagnuolo, titular de ANDIS, señalando que la hermana del presidente recibe coimas procedentes de contratos con sobreprecios.
• A todos estos hechos puede sumarse la detención en Paraguay del senador aliado al gobierno, Edgardo Kueider. 

Serían en total ocho escándalos de corrupción que afectan al gobierno, lo que nos da un índice de un escándalo cada dos meses y medio. Además, luego de la filtración de los audios de Spagnuolo están apareciendo nuevos militantes libertarios denunciando pedidos de coimas por parte de las principales figuras de LLA.

Empezar a hacer cuentas

Si la situación continúa empeorando, es decir, si continúan revelándose más audios que den cuenta de los entramados de corrupción del gobierno de un presidente que decía venir a combatir a la casta, Milei tendrá que empezar a hacer cuentas. A pesar de que Milei le dio la espalda al Congreso al asumir y que lo calificó como “nido de ratas”, puede necesitar del respaldo de alguna de las cámaras para continuar con su mandato.

El artículo 53 de la Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados está facultada para acusar al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema. Para hacerlo deberá reunir dos terceras partes de los miembros presentes. En una sesión en la que todos estuviesen presentes, Milei podría evitar el avance del juicio político si cuenta con 86 diputados que rechacen el avance de la acusación.

Si la acusación prospera por la mayoría especial, es el Senado quien juzga al funcionario público acusado por la Cámara Baja. El artículo 59 de la Carta Magna establece que será juzgado y apartado de su cargo por mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes del Senado. En este caso, el gobierno necesitaría reunir 24 senadores para evitar que se produzca un apartamiento del cargo.

Hay una serie de factores que podrían jugar en contra para el gobierno. En primer lugar, en ambas cámaras hay un elevado porcentaje de “oposición dura”, es decir, diputados y senadores con los cuales el gobierno no podría negociar. En la Cámara Baja hay un 40% de diputados que siempre han votado en forma contraria al bloque libertario. 

En el caso del Senado esa cifra asciende al 47%. Pero incluso si se toman en cuenta los resultados de las últimas votaciones en el Congreso, donde el gobierno sufrió sucesivas derrotas en ambas cámaras, el porcentaje de legisladores opositores supera el 50% en ambas cámaras y se acerca, e incluso en el Senado supera, los dos tercios necesarios para habilitar el juicio político.

En cuanto a sus propias filas, el gobierno debería comenzar a contemplar con quiénes puede contar para formar un escudo legislativo que proteja al presidente. El escudo legislativo se forma por los legisladores del bloque legislativo que responde al presidente más los aliados que pueda conseguir. 

Comenzando con el interbloque LLA-ELI-CREO, el gobierno cuenta con 44 legisladores propios, lo que representa un 17% de la Cámara. Aún está a la mitad del tercio necesario para bloquear el avance de la acusación en diputados.

Pasando a los aliados, el PRO ha acompañado a LLA en todas las votaciones que tuvieron lugar en la Cámara Baja. Sin embargo, del bloque de 35 sólo 29 sostuvieron los vetos presidenciales en la última sesión en diputados. Con estos 29 el escudo del gobierno crece a 73 bancas (28% del total de bancas), y sumando a algunos pequeños bloques provinciales podría acercarse al tercio. No obstante, en caso de que las investigaciones avancen, ¿qué haría un partido como el PRO que hizo de la lucha contra la corrupción una de las banderas que le permitió instalarse en la política nacional?

"La ha superado la ambición por el dinero": Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei

Un problema que se le está presentando al gobierno son las deserciones de propios y aliados. Las revelaciones de estos audios llevaron a que tres miembros del bloque libertario formen un nuevo bloque, sumando a Lourdes Arrieta, llamado Coherencia. A esto se suman las declaraciones de Oscar Zago, presidente del bloque MID, quien también se ha distanciado del gobierno. Si las deserciones continúan, el escudo legislativo del gobierno se achica.

En segundo lugar, el rol que han adoptado los medios de comunicación a partir de la revelación de estos audios. La acumulación de sucesos parece llevar a la prensa a continuar revelando nuevas denuncias contra el gobierno. Si la exposición del gobierno a escándalos de corrupción se incrementa será difícil que pueda construir un escudo legislativo que lo proteja.

En tercer lugar, la cercanía de las elecciones legislativas. Este es un factor de carácter institucional que puede llevar a que los legisladores que compiten en las elecciones se alejen de un gobierno que se está viendo implicado en una trama de corrupción.

En cuarto lugar, la posibilidad de que el juicio político recaiga sobre la hermana del presidente. El hecho de que Karina Milei tenga rango de ministra habilita que pueda ser interpelada por una comisión investigadora y, eventualmente, ser acusada por la Cámara Baja y juzgada por el Senado. Se da la particularidad de que la hermana del presidente no parece fungir como fusible, rol habitual que suelen tener los ministros de un gobierno. En vez de eso, parece tener un lugar tan preponderante que hace que la estabilidad presidencial esté atada a la continuidad de Karina Milei.