El AFA-gate, el poder sin control y la Argentina que mira desde la tribuna

El fútbol argentino atraviesa una de sus degradaciones más profundas, aunque el ruido de los triunfos internacionales intente disimularlo. Detrás de la épica de la Selección campeona del mundo, la mejor selección de todos los tiempos, valuada en 575 mil millones de euros (Transfermarkt), se esconde un sistema empobrecido, desigual y peligrosamente impune: clubes quebrados, juveniles abandonados y una dirigencia que vive cada vez mejor. No es una paradoja. Es cómo el fútbol armó su esquema de poder.

El llamado AFA-gate o Chiqui-gate no puede reducirse a un escándalo moral ni a una anécdota de corrupción. Es la expresión visible de un modelo político que gobierna el fútbol argentino desde hace años, basado en la concentración de poder, la falta de controles y el intercambio de favores. Claudio “Chiqui” Tapia no llega a la presidencia de la AFA por un proyecto deportivo ni por resultados de gestión, sino por entender una regla básica del sistema que había empezado a armar “don Humberto”, al que Tapia profundizó: la AFA se gana en el ascenso, no en la Primera División.

Allí, donde los clubes sobreviven con presupuestos mínimos, Tapia construyó una red de lealtades. Los votos se aseguran con prebendas: viajes al Mundial todo pago, alojamientos de lujo, viáticos, favores arbitrales, ascensos que despiertan más sospechas que certezas. A cambio, los clubes reciben apenas lo justo para subsistir, nunca lo necesario para desarrollarse. No hay planificación a largo plazo, no hay política de formación, no hay un esquema serio de infraestructura. Hay dependencia.

La consecuencia es un fútbol estructuralmente pobre. En la Primera Nacional, entre el 60 y el 80 % de los presupuestos se destinan a sueldos básicos. En la B, la C y el Federal, los juveniles cobran viáticos simbólicos o directamente nada. Las pensiones funcionan con donaciones, rifas y el sacrificio de entrenadores y familias. Las canchas auxiliares carecen de medidas mínimas de seguridad. No hay ambulancias permanentes, ni protocolos médicos homogéneos, ni auditorías públicas sobre el destino de los fondos que recauda la AFA.

Este abandono no es solo económico: es criminalmente negligente. La muerte de Emanuel “Loco” Ortega en 2015, en San Martín de Burzaco, tras golpearse contra un muro ubicado a centímetros del campo de juego, sin protección adecuada, no fue un accidente inevitable. Fue el resultado directo de la desidia. Como tantas lesiones graves sufridas por jóvenes futbolistas que entrenan en espacios reducidos, con paredes, alambrados y superficies que violan cualquier estándar internacional. En países serios, una tragedia así habría provocado clausuras, investigaciones judiciales y reformas mínimas obligatorias. En la Argentina, solo produjo indignación, homenajes y silencio estructural.

La comparación internacional deja al desnudo la falacia del “no hay plata”. Argentina exportó futbolistas por aproximadamente 800 millones de dólares en 2024-2025 (989 fue el número de jugadores que fueron vendidos al exterior en 2025). A pesar de ello, reinvierte menos del 5 % de ese flujo en formación juvenil e infraestructura. Uruguay, con muchos menos recursos, exige certificaciones de canchas y protocolos médicos obligatorios. Portugal reinvierte entre el 10 y el 15 % de sus ingresos federativos en juveniles. Alemania convirtió la formación en una política de Estado tras su crisis del 2000, con auditorías estrictas y pérdida de licencias para quien no cumple. La diferencia no es económica: es institucional.

La gran coartada del sistema es la Selección Argentina. Campeona del mundo, bicampeona de América, símbolo de una mística que emociona. Pero esa gloria no es fruto de la AFA, sino del talento individual, del sacrificio personal y de la cultura futbolera que sobrevive incluso en la precariedad.

Los futbolistas argentinos no juegan por dinero; eso lo ganan en Europa (aproximadamente los seleccionados ganan por año 300 millones de euros); juegan por la camiseta, por la historia, por la épica.

El contraste resulta obsceno: dirigentes que acumulan poder, privilegios y patrimonio, mientras los clubes formadores no pueden garantizar seguridad básica a sus juveniles. El verdadero saqueo es financiero y dirigencial: se le roba al fútbol argentino su futuro, a los clubes su función comunitaria y a miles de chicos la posibilidad de crecer en condiciones dignas.

Mientras la AFA siga funcionando como una confederación de favores, mientras los votos valgan más que la transparencia, mientras no exista un fondo juvenil obligatorio, auditado y con estándares mínimos de seguridad, el fútbol argentino seguirá siendo pobre. No por falta de talento, sino por exceso de impunidad.

La sociedad mira desde la tribuna cómo se administra su pasión. Algunos dirigentes todavía defienden al club con convicción. Otros defienden su lugar con dinero.

La pelota seguirá rodando, como siempre. Y el “siga siga” de Pancho Lamolina será su guía