El Índice de Percepción de la Corrupción impacta en los negocios

En los últimos días hubo un mensaje claro para el sector privado: Argentina cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC/CPI) 2025 y, casi al mismo tiempo, el Congreso avanzó con la ratificación del acuerdo comercial Unión Europea–Mercosur. Tomadas por separado, parecen dos noticias “de política”. Leídas juntas, describen la lógica del negocio 2026: se abre una oportunidad comercial, pero sube el estándar de confianza con el que compradores, bancos y grandes compañías evalúan a las empresas y a sus cadenas de valor.

El Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 de Transparency International ubica a Argentina con 36/100 y en el puesto 104 de 182, con variación negativa respecto del año anterior. En el mundo corporativo, ese dato no se lee como un comentario moral: se lee como una señal de riesgo. Y cuando sube la señal de riesgo, suben los controles.

En 2025 Argentina sufrió más corrupción que en los cinco años anteriores, según la ONG Transparencia Internacional

Las empresas, especialmente las que exportan o venden a exportadores, no deciden solo por precio y calidad. Tienen capas de análisis preventivo para reducir contingencias: revisan antecedentes del tercero, su estructura, su reputación, su exposición a sanciones, y —en muchos casos— miran indicadores país como el IPC/CPI para definir cuán profundo debe ser el chequeo. En términos simples: si el entorno se percibe más riesgoso, la empresa hace más preguntas.

Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 de Transparency International ubica a Argentina con 36/100 y en el puesto 104 de 182, con variación negativa respecto del año anterior"

Ahí aparece lo que en el lenguaje corporativo se llama due diligence: no es una moda, es el proceso de “mirar antes de contratar”. Es decir, verificar con quién se hace negocios y qué riesgos trae ese tercero, antes de firmar o pagar. Y cuando el IPC/CPI cae, ese proceso suele endurecerse: más cuestionarios, más documentación, más derechos de auditoría, más exigencias contractuales.

Muchos riesgos no nacen en la empresa “principal”, sino en su red: intermediarios comerciales, logística, despachantes, consultores, gestores de permisos, contratistas"

En paralelo, el Senado argentino ratificó el acuerdo UE–Mercosur el 26 de febrero de 2026 con amplia mayoría. La lectura más obvia es “se abre mercado”. La lectura práctica para empresas es otra: cuando se abren mercados, la documentación viaja antes que el producto. Porque el acuerdo puede ampliar oportunidades, pero también acelera un fenómeno silencioso: el comprador y la cadena financiera piden evidencia verificable de integridad y sostenibilidad, no solo promesas.

En la vida real, muchos riesgos no nacen en la empresa “principal”, sino en su red: intermediarios comerciales, logística, despachantes, consultores, gestores de permisos, contratistas. Son eslabones donde suele haber interacción con el sector público o zonas grises difíciles de detectar tarde. Por eso, cuando aumenta la percepción de riesgo, la exigencia se corre hacia atrás: si a la exportadora le piden prueba, la exportadora se la pide al proveedor.

El resultado es un nuevo costo oculto para competir: el costo de no tener evidencia a mano. No necesariamente multas o escándalos —que son la punta del iceberg— sino algo más frecuente: demoras en el onboarding, idas y vueltas con legales y compliance, auditorías reactivas, pérdida de licitaciones, contratos que no avanzan porque “faltan papeles”, o porque el tercero no puede explicar cómo controla su riesgo.

Por eso, el debate no es político, también es comercial. El acuerdo abre puertas, sí. Pero un IPC/CPI más bajo hace que la puerta tenga un filtro más exigente.

*Abogada especializada en compliance, ética corporativa y gestión de riesgos en cadenas de valor; founder y CEO Transparencia Latam