Hace pocos días, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, compartí una advertencia que hoy es una realidad estructural: en el siglo XXI, la soberanía de una nación ya no se mide solo por sus fronteras físicas, sino por su estabilidad digital.
Durante años, la digitalización fue el sinónimo elegante de la "eficiencia operativa". Pero ese enfoque ha quedado obsoleto. En el sector energético, la digitalización ya no es una herramienta para ahorrar costos; es el sistema nervioso que sostiene la democracia y la paz social. Cuando la energía falla, no se detiene solo la producción; se erosiona la confianza del ciudadano en sus instituciones.
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Hoy, una crisis energética es más probable que comience en un código malicioso que en una falla mecánica. No es una hipótesis: el Global Risks Report 2026 ya ubica a los riesgos tecnológicos entre los de mayor impacto global. Lo vimos en África a fines del año pasado: lo que comenzó como un corte de internet "temporal" terminó en pymes paralizadas, pagos bloqueados y millones de personas desconectadas de servicios básicos de salud. El mensaje de los tribunales en Senegal y Kenia fue contundente: la conectividad es un derecho, no una opción.
Estamos invirtiendo millones en transición energética y automatización, pero estamos cometiendo un error crítico: modernizamos la tecnología sin rediseñar la arquitectura institucional que la sostiene.
El 94% de los líderes globales admite que la Inteligencia Artificial está transformando la naturaleza del riesgo. Sin embargo, seguimos operando con marcos regulatorios fragmentados. En las Américas, donde la energía está interconectada, la vulnerabilidad de un vecino es, inevitablemente, la nuestra. La resiliencia energética ha dejado de ser un asunto interno para convertirse en una variable regional estratégica.
La IA y el "Año del Criterio"
La Inteligencia Artificial es la gran paradoja de nuestra era. Por un lado, optimiza la red eléctrica; por el otro, acelera la velocidad y escala del riesgo a niveles sin precedentes. Según el Global Cybersecurity Outlook 2026, el 87% de los líderes percibe que las vulnerabilidades vinculadas a IA se han disparado en el último año.
Ante esto, mi postura es clara: 2026 debe ser el año del criterio. No se trata de frenar el progreso, sino de acompañarlo con madurez estatal. Los países que generan confianza no son los que más tecnología compran, sino los que elevan la protección de su infraestructura crítica al máximo nivel político y ensayan escenarios de crisis antes de que estos ocurran.
Desde nuestra experiencia en Santex, hemos visto que la ciberseguridad no es un gasto en software; es una inversión en confianza institucional. Implementar arquitecturas como Zero Trust en organismos públicos no solo cierra brechas técnicas, sino que fortalece el vínculo entre el Estado y el ciudadano.
La infraestructura energética es hoy un activo geopolítico de primer orden. Su estabilidad influye directamente en la inversión extranjera, el comercio y la reputación internacional.
Debemos recordar que la tecnología, por sí sola, no tiene aspiraciones; las aspiraciones son siempre humanas. No habrá progreso digital que valga la pena si no es, en el fondo, un progreso que garantice la estabilidad y la dignidad de nuestras sociedades.
(*) CEO y Founder de Santex
