El interinato de Delcy Rodríguez en Venezuela

Desde Ginebra, Suiza - La «reconfiguración sin transición de la dictadura chavista» en Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero pasado, se encontraría en «un proceso de recomposición autoritaria y reconfiguración interna del poder», no ante «una transición verificable hacia la democracia». Destacan en su gobierno la presidenta Delcy Rodríguez y su hermano mayor, Jorge Rodríguez, quien dirige la Asamblea Nacional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatirá en Ginebra sobre el caso el 26 de junio próximo. (1)

Los primeros 5 meses de gestión «no muestran decisiones verificables orientadas al inicio de una transición democrática. Responden principalmente a criterios de fidelidad política. No existe cronograma electoral, ni renovación del Consejo Nacional Electoral, o medidas orientadas a garantizar la independencia judicial. Tampoco se han creado mecanismos de verdad y reparación para las víctimas, o desmontado el entramado normativo restrictivo que limita libertades». (2)

Por el contrario, «los hermanos Rodríguez impulsaron una reorganización del aparato estatal basada en la sustitución de cuadros cercanos a Nicolás Maduro por funcionarios identificados con su propio entorno político. La mayoría de las nuevas designaciones corresponden a personas conocidas por su militancia y lealtad al proyecto bolivariano. Más que una alternancia o apertura institucional, el proceso da la impresión de una redistribución interna de poder, en búsqueda de un nuevo punto de equilibrio tras la salida de Nicolás Maduro de la coalición gobernante». (3)

Pese a observarse «señales de apertura (menor intensidad represiva, retorno limitado de liderazgos al espacio público, ampliación restringida del debate y reaparición de la agenda electoral), estas medidas conviven con la continuidad de prácticas, actores y estructuras anteriores. El objetivo no es desmontar las estructuras de poder precedentes sino adaptarlas a las nuevas condiciones políticas, económicas e internacionales. La ingeniería de los Rodríguez apuntaría a preservar la gobernabilidad del sistema mediante su reorganización interna». (4)

A su vez, la «ausencia forzosa» de Nicolás Maduro, «sin calificación constitucional definitiva…ha generado un limbo institucional que afecta la seguridad jurídica, debilita la legitimidad del proceso político y profundiza la desconfianza ciudadana sobre el rumbo de la transición». Falta «determinar la naturaleza de la ausencia presidencial…activando el procedimiento establecido constitucionalmente, convocando a elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables dentro de un cronograma acordado y supervisado, ejerciendo la soberanía popular». (5)

Aumenta la represión contra mujeres en Nicaragua

«Uno de los aspectos más controvertidos de estos primeros 5 meses de gobierno ha sido la designación, ratificación o permanencia de altos cargos públicos de funcionarios señalados por organismos internacionales debido a su presunta responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, corrupción o participación en estructuras represivas». Resaltan Gustavo González López, ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ministro de la Alimentación, Larry Devoe, fiscal general, y Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz. (6)

«Uno de los principales riesgos del actual proceso político venezolano es la consolidación de la simulación de cumplimiento sin transformaciones estructurales reales hacia la democracia y el Estado de derecho». Sucede con la Ley de Amnistía, «que no respondió a las expectativas legítimas de las víctimas. Actualmente no existen listas públicas completas y verificables sobre personas liberadas, mientras numerosos detenidos políticos siguen presos…bajo esquemas restrictivos como arrestos domiciliarios, medidas cautelares y procesos abiertos». (7)

Al respecto, un caso emblemático ha sido el siniestro «Helicoide», «y otros espacios de reclusión que no han sido cerrados ni transformados estructuralmente, manteniéndose operativos con población tanto de presos comunes como de presos políticos, pese a que su permanencia resulta incompatible con estándares mínimos de no repetición y garantías democráticas», con ausencia «de verificación experta e independiente de cumplimiento». (8)

«Según la organización «Justicia, Encuentro y Perdón», alrededor de 250 personas habrían recuperado la libertad» en estos últimos 6 meses, mientras que otras 679 personas continuaban privadas de libertad por razones políticas. A pesar de la divulgación de cifras abultadas, las autoridades nunca emitieron un listado oficial de las personas beneficiadas por la Ley de Amnistía, dentro de «una lógica de indulgencia y no de reconocimiento de la responsabilidad estatal, convirtiendo la amnistía en una medida de alivio, más que en una política de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición». (9)

«La sustitución de la cárcel no equivale al restablecimiento pleno de los derechos civiles y políticos para los liberados. La permanencia de procesos penales, regímenes de presentación periódica ante tribunales, prohibiciones de salida del país u otras limitaciones generan un efecto inhibidor sobre la labor de defensa de los derechos humanos, y mantiene mecanismos de control estatal sobre personas que previamente fueron perseguidas por su actividad cívica». (10)

«En consecuencia, estas medidas refuerzan las preocupaciones sobre la existencia de avances parciales o incompletos que, si bien reducen el número de personas encarceladas, no eliminan plenamente las consecuencias de la persecución política ni garantizan condiciones adecuadas para el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos». Lo confirman casos emblemáticos que han trascendido por su impacto internacional, como los de «Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Pedro Hernández, Carlos Julio Rojas, Carlos Correa y Kennedy Tejeda». (11)

Todos ellos, de una manera u otra «fueron excarcelados tras períodos cortos o prolongados de detención arbitraria, pero continúan enfrentando causas penales abiertas, con medidas cautelares, restricciones a su libertad de movimiento, de expresión e información de sus casos, o a la incertidumbre jurídica derivada de expedientes no conocidos. La sustitución de la cárcel no equivale al restablecimiento pleno de sus derechos civiles y políticos. La permanencia de procesos penales, regímenes de presentación periódica ante tribunales, prohibiciones de salida del país u otras limitaciones generan un efecto inhibidor sobre la labor de defensa de los derechos humanos y mantiene mecanismos de control estatal sobre personas que previamente fueron perseguidas por su actividad cívica». (12)

Estas medidas «refuerzan las preocupaciones sobre la existencia de avances parciales o incompletos, que si bien reducen el número de personas encarceladas, no eliminan plenamente las consecuencias de la persecución política ni garantizan las condiciones adecuadas para el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos». Durante este período «se han producido 97 agresiones contra periodistas, 18 detenciones arbitrarias, 16 impedimentos de coberturas, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, actos de hostigamiento y cierres de medios». (13)

Raúl Castro, el último capítulo de un fracaso revolucionario

Prosiguen las «detenciones selectivas contra activistas vinculados a partidos políticos y organizaciones sociales. A diferencia del período previo al 3 de enero último, estas actuaciones no derivaron en encarcelamientos prolongados o desapariciones temporales, pero sí en procedimientos judiciales abiertos, medidas cautelares y regímenes de presentación periódica que mantienen condiciones de incertidumbre jurídica y restricción de la actividad política». Para peor, al retornar al país, fueron detenidos los exiliados Edwin Sambrano y Alexis Paparoni». (14)

«Delcy Rodríguez mantiene un «apoyo cercano a una cuarta parte o un tercio de la población», enfrentando «niveles de rechazo y desconfianza significativamente superiores», según encuestas de «Atlaslntel para Bloomberg» (su nivel de aprobación descendió del 37% en febrero al 35% en marzo, y 31% en abril), mientras que la desaprobación aumentó un 44,3% de febrero a abril, indicado por «ORC Consultores y Datanálisis», con un 74,4% de «venezolanos disconformes». (15)

Por consiguiente, «la profunda crisis de legitimidad y los elevados niveles de rechazo ciudadano hacia Delcy Rodríguez y el actual esquema de gobierno representan uno de los principales obstáculos para una transición democrática creíble, sostenible y con apoyo social en Venezuela. El sostenimiento de cualquier proceso de transición suele estar vinculado a su capacidad de generar respaldo ciudadano, estabilidad institucional y avances democráticos». (16)

«En agosto de 2025 se proyectaba que la legislatura sería el principal escenario de negociación entre el oficialismo y sectores minoritarios de oposición. Sin embargo, ese rol fue desplazado por la negociación directa entre Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez. La Asamblea Nacional pasó a desempeñar una función predominantemente legitimadora y de acompañamiento institucional de acuerdos y decisiones en otros espacios». (17)

«Según la consultora Poder y Estrategia, el 64% de los encuestados consideran que deben realizarse elecciones durante el presente año. Coinciden organizaciones de la sociedad civil, impulsando iniciativas para reponer la agenda de participación política, entre ellas «Quiero elegir», promovida por una coalición de organizaciones venezolanas para exigir la restitución plena de los derechos políticos». Distintas versiones sugieren «una secuencia electoral para el 2027», propuesta rechazada por la opositora exiliada María Corina Machado, la cual propone elecciones presidenciales con participación de los venezolanos dentro y fuera del país». (18)

«Disminuye la paciencia social para una transición. Amplios sectores de la población consideran que no existen cambios reales en materia de derechos, institucionalidad, condiciones económicas y garantías democráticas, y aumenta el riesgo de frustración colectiva, desmovilización, conflictividad social o pérdida de credibilidad en mecanismos de negociación y transición gradual». (19)

«La normalización desde mecanismos excepcionales, interpretaciones discrecionales de la ley o fórmulas de gobierno sustentadas exclusivamente en acuerdos políticos debilita la seguridad jurídica, erosiona la legitimidad democrática y aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al poder. Ninguna transición sostenible puede depender de arreglos coyunturales entre actores políticos nacionales o internacionales…sin garantías jurídicas estables, públicas y exigibles». (20)

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) «Laboratorio de Paz », junio de 2026, centro venezolano de investigación y pensamiento estratégico fundado en 2012. Su labor se enfoca en comunidades vulnerables, promoviendo el derecho a la paz, el espacio cívico y el fortalecimiento de las organizaciones sociales (www.labpaz.org).

FL/ff