Fuera de escena

Hace apenas una semana escribíamos para este medio una nota en la que, planteado amigablemente, nos preguntábamos si el mundo judicial se había transformado en una voluntad burocrática dedicada a disputar intereses corporativos, incluso si dicho mundo podía aparecer desconectado de los reclamos de la ciudadanía. Y arriesgamos a señalar que, si eso sucediese, estaríamos en presencia de una administración de justicia producto de un ímpetu endogámico y sin representación de cara a la sociedad. Lo que hubiese sido difícil de presagiar es lo siguiente: que en tan poco tiempo esos interrogantes ensayados quedarían despejados, al menos en parte. Para decirlo de forma llana, que en casos como el reciente fallo de la Corte Suprema vinculado a la Ley de Tierras propuesta por el Poder Ejecutivo, más que sin representación, el mundo judicial se dirige contra la representación. 

En un libro crucial de la investigadora argentina Leticia Barrera, cuyo título es La Corte Suprema en escena, se afirma que los expedientes y documentos son elementos de “creación, disputas, validación y difusión del saber jurídico, dispositivos en los que relaciones, subjetividades y poder se encuentran imbricados”. Era otra Corte Suprema la que analizó Barrera, pero en términos institucionales, es la misma Corte Suprema. 

Hoy sus miembros son tres: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los cuales estuvieron de acuerdo en la decisión mencionada con unanimidad. Resumiendo sin tecnicismos, sostuvieron que el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM-La Plata), el cual había logrado la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del del DNU 70/2023 del actual gobierno, no se encuentra legitimado para impulsar una acción colectiva en contra de la ya citada ley de Tierras. Como consecuencia, quedan sin efecto las restricciones que circunscribían al 15% la titularidad extranjera de tierras rurales. Si todo se mantiene así, no hay límites para que cualquier ciudadano del mundo compre la porción del país que considere apetecible tanto en función de su poder adquisitivo como de sus veleidades geográficas. 

Ahora bien, ¿siempre armonizaron de este modo Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz? Por sus expresiones oficiales, sabemos que no. Sólo un episodio para refrescar el crujir de las divergencias entre los supremos. En mayo del año 2024 el máximo tribunal resolvió crear una Secretaría Penal Especial en la que todos sus integrantes estuvieron de acuerdo, menos Lorenzetti. En su planteo disidente, utilizó muy duros argumentos contra sus colegas del máximo tribunal, afirmando que no había “ninguna justificación para crear una nueva (Secretaría Penal Especial), excepto la de designar un nuevo secretario, con un altísimo costo y sin concurso alguno”. Fue más lejos al sostener que el verdadero objetivo de la acordada era que “los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican”. En cambio, Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda -aún en la Corte- le respondieron apelando a réplicas igual de incisivas: “El presunto vaciamiento (del trabajo del actual secretario penal, denunciado por Lorenzetti) no es tal. Para ello basta con observar que se le ha asignado el tratamiento de las causas sobre delitos de lesa humanidad”. Son impugnaciones expresadas por las máximas autoridades del Poder Judicial, las cuales en este caso no guardaron las formas deseables. En especial porque fueron deliberadamente públicas. 

Se le atribuye al expresidente Néstor Kirchner una frase plebeya sobre la política económica argentina dirigida al círculo financiero: “no jodan con el dólar”. Siguiendo algunas de sus resoluciones, se le podría sugerir a esta Corte Suprema fuera de escena otra fórmula también de linaje criollo: “no jodan con la legitimidad de la justicia”. Si lo hacen todo ≤será más contingente, y las consecuencias, inquietantes.

*Investigador del Conicet | UNLP. Instituto de Cultura Jurídica. la Federación Porcina Argentina.