En apenas veinticinco años cambió más la comunicación política que en toda la segunda mitad del siglo pasado. Pasamos de la televisión y el diario a la pantalla del teléfono; de las primeras redes sociales, celebradas como una plaza pública global, al escándalo de Cambridge Analytica, que nos mostró que esa plaza podía convertirse en un laboratorio de manipulación masiva; y, en apenas los últimos tres años, a una inteligencia artificial capaz de fabricar, a costo casi nulo, discursos, voces e imágenes de dirigentes políticos que jamás existieron.
No es exagerado decir que estamos ante la transformación comunicacional más profunda desde la invención de la imprenta, y que la estamos atravesando sin haber tenido tiempo de pensarla.
Frente a ese vértigo, conviene mirar con calma los dos grandes modelos que el mundo viene ensayando para organizar la relación entre comunicación, poder y ciudadanía.
El primero, el que solemos llamar la americanización de la política, es el que domina buena parte de Occidente y, con matices, toda América Latina: campañas cada vez más personalizadas, mensajes cada vez más segmentados, algoritmos que aprenden a mostrarle a cada uno exactamente lo que quiere escuchar.
El resultado no es la libertad de elegir qué promete el mercado de las ideas, sino su reverso: sociedades fragmentadas en cámaras de eco, donde dos vecinos de la misma cuadra pueden recibir, sobre el mismo candidato, relatos contradictorios sin saberlo, y donde el adversario político deja de ser alguien con quien se disiente para convertirse en un enemigo al que hay que derrotar. Tenemos, como nunca, millones de personas opinando en simultáneo. Y, sin embargo, dialogamos cada vez menos.
El segundo modelo es el que ensaya China: control centralizado de la comunicación, censura administrada, un relato nacional coherente y sostenido durante décadas, pero sin espacio para que ese relato sea cuestionado desde abajo.
Es, a su manera, un modelo eficaz —nadie puede negar la capacidad china de planificar a treinta años cuando nuestras democracias apenas logran sostener una política de Estado de una gestión a la siguiente—, pero que paga ese logro con la anulación lisa y llana del disenso, de la prensa independiente y de cualquier construcción colectiva que no nazca del propio aparato estatal.
Dos modelos, entonces, que parecen opuestos y que, mirados de cerca, comparten un mismo fracaso: ninguno de los dos logra sostener, al mismo tiempo, un diálogo público genuino y una construcción colectiva de sentido que sea, a la vez, estable y libre. Uno vacía la política por exceso de fragmentación; el otro, por exceso de control.
Y la inteligencia artificial, lejos de resolver esa tensión, la profundiza: multiplica la capacidad de fragmentarnos con mensajes hechos a medida de cada psiquismo individual, y multiplica, al mismo tiempo, la capacidad de vigilarnos y de administrar lo que se puede decir y lo que no.
A esa tensión se le suman, en esta nueva era, dilemas que hace apenas una década ni siquiera imaginábamos.
¿Quién audita los algoritmos que hoy deciden, en gran medida, qué vemos y qué no vemos sobre la vida pública? ¿Cómo sostenemos la posibilidad misma de una verdad compartida, cuando cualquiera puede fabricar un video falso de un dirigente diciendo lo que nunca dijo, y ese video circula más rápido que cualquier desmentido? ¿Cómo hacemos que la velocidad de la innovación tecnológica no le gane siempre de mano a la lentitud, necesaria, de la deliberación democrática? ¿Estamos dispuestos a pagar, en energía, en agua y en litio extraído de nuestro propio suelo, el costo ecológico real de entrenar estos sistemas? ¿Vamos a permitir que la alfabetización en inteligencia artificial sea, como ya lo fue la alfabetización básica hace un siglo, la nueva frontera de la desigualdad social?
Y, en el fondo de todos estos interrogantes, hay uno solo, más profundo que todos: ¿aceptaremos, sin darnos cuenta, la idea de que el ser humano es apenas un conjunto de datos predecibles y gestionables, o vamos a sostener que hay en la persona una dimensión de libertad y de sentido que ningún algoritmo, por sofisticado que sea, puede agotar?
La respuesta no está en elegir entre estos dos modelos, ni tampoco en buscar un promedio tibio entre ambos. Está en construir, con decisión, una vía distinta: lo que llamamos la Nueva Vía. Su punto de partida no es ni el mercado ni el Estado, sino la dignidad trascendente de la persona humana como límite que ninguna tecnología, por eficaz que resulte, puede atravesar.
De ahí se desprende todo lo demás: que las decisiones sobre el uso de nuestros datos se tomen en el nivel más cercano posible a cada comunidad, y no en un ministerio lejano ni en un directorio corporativo al otro lado del mundo; que los datos que generamos entre todos tengan, como alguna vez tuvo la tierra en la tradición social cristiana, una función social que impida que su valor termine siempre en el mismo bolsillo; que la formación en inteligencia artificial se convierta en política de ascenso social, y no en un privilegio de pocos; que el costo ecológico de esta revolución tecnológica entre, de una vez, en la ecuación política y no quede como una cuenta pendiente para otra generación.
Y, sobre todo, que recuperemos deliberadamente los espacios de diálogo público y de construcción colectiva que ni el algoritmo que nos fragmenta ni el Estado que nos administra han sabido sostener: asambleas, mesas de trabajo, espacios de deliberación presencial que ningún feed de redes sociales puede reemplazar. Porque, en definitiva, ningún marco de principios sobrevive si no hay detrás una ciudadanía formada y dispuesta a sostenerlo, generación tras generación.
La Nueva Vía no es una fórmula abstracta ni un texto para guardar en un cajón. Tiene consecuencias concretas y verificables. Significa, por ejemplo, que, si un municipio decide usar inteligencia artificial para asignar turnos médicos o para decidir a quién llega primero una ayuda social, ese algoritmo tiene que poder explicarse en criollo a cualquier vecino, y no esconderse detrás de un contrato de licencia que nadie leyó.
Significa que las universidades y las escuelas argentinas deberían enseñar, desde edades cada vez más tempranas, a comprender cómo funciona un algoritmo de recomendación, con la misma naturalidad con que hoy se enseña a leer un diario o a usar una calculadora. Y significa, también, que quienes tenemos alguna responsabilidad pública —en la política, en la academia, en las organizaciones sociales y en las propias comunidades religiosas— nos sentemos juntos a diseñar esas reglas, en lugar de dejar que las termine escribiendo, por omisión, quien tenga el algoritmo más grande.
La inteligencia artificial no es, en sí misma, ni una amenaza ni una promesa. Es una herramienta extraordinaria que, según el marco que le demos, puede potenciar la libertad humana o puede sustituirla. La Nueva Vía es, ni más ni menos, la apuesta a que todavía estamos a tiempo de elegir lo primero.
