El tablero geopolítico y la política doméstica chocaron este miércoles con las Islas Malvinas como foco. Mientras la administración de Javier Milei activaba una jugada internacional para frenar el avance petrolero británico en el Atlántico Sur, la respuesta desde Londres llegó con la misma dureza que los gritos y los insultos que terminaron por dinamitar el debate en la Cámara de Diputados.
La escalada diplomática se oficializó mediante un comunicado de Uma Kumaran, la subsecretaria británica para los Territorios de Ultramar. La funcionaria no solo citó de urgencia a la embajadora argentina, Mariana Plaza, sino que acusó frontalmente a la Casa Rosada de intentar asfixiar la economía de los isleños y de interferir en los recursos de una población que, según su óptica, ya eligió su destino de forma libre y democrática.
El enojo del Reino Unido responde a la instrucción que Milei le dio a su equipo jurídico: utilizar el arbitraje de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar para bloquear el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Para la diplomacia británica, esta maniobra está muy lejos de ser un acto internacional responsable y busca dañar directamente la prosperidad económica del archipiélago.
Con esa extrema tensión de fondo, el oficialismo intentó hacer pie en el Congreso para debatir la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que justamente promete endurecer las multas contra las empresas que perforen el mar argentino sin permiso. Sin embargo, el plenario de comisiones duró muy poco en su fase informativa y rápidamente mutó en un campo de batalla verbal.
El fósforo que encendió la sesión fue el reciente fallo de la Corte Suprema, que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70/2023 tras rechazar, por falta de legitimación, un amparo del centro de ex combatientes platense CECIM. Con esa carta sobre la mesa, la oposición copó la parada, exigió ponerle fecha a una sesión especial para voltear el megadecreto y el debate por la soberanía pasó a un segundo plano.
"Esto no es 1982": la advertencia militar de Londres y la pulseada por el petróleo
Londres no se quedó únicamente en las notas diplomáticas y decidió poner su arsenal sobre la mesa. El encargado de subir la apuesta fue el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, quien advirtió sin anestesia que sus Fuerzas Armadas están preparadas para proteger el archipiélago ante cualquier intento de escalada. "Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas", disparó en un mano a mano con el medio The Sun on Sunday.
El ojo de la tormenta es el proyecto petrolero Sea Lion, operado por un consorcio británico-israelí a 220 kilómetros de las islas, que promete exprimir unos 2.000 millones de dólares en regalías a partir de 2028. Mientras Milei amenaza con sanciones y proyecta una base naval en Tierra del Fuego, la Justicia local movió sus propias fichas: la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, le metió un freno judicial al dictar una cautelar que le ordena a las petroleras frenar cualquier obra vinculada a la extracción de crudo.
Para dejar en claro que el mensaje de Streeting no es puro humo discursivo, el Ministerio de Defensa británico ya confirmó un refuerzo en el aire. Aunque lo catalogan como un "recambio de rutina" ajeno a la tensión actual, a fines de 2027 reemplazarán los actuales aviones caza Typhoon que custodian las islas por una versión mucho más moderna y letal (Tranche 2). Frente a este tablero militarizado y con el diálogo bilateral roto, la Cancillería argentina empezó a hacer gestiones de urgencia para intentar que Estados Unidos asuma un rol de mediador, un salvavidas que hoy asoma casi imposible sin el visto bueno de un Reino Unido cada vez más hostil.
TC/MSS
