El Gobierno de Javier Milei intimó formalmente al Reino Unido a impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y advirtió que, si Londres no adopta las medidas solicitadas en un plazo de dos semanas, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales destinadas a preservar sus derechos sobre la plataforma continental.
La decisión fue comunicada este lunes por la Oficina del Presidente, que difundió un documento firmado por Milei en el que cuestionó las actividades desarrolladas en torno al proyecto denominado Sea Lion, impulsado en la zona por empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos. Según el Ejecutivo, esas operaciones constituyen un accionar ilegítimo del Reino Unido en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.
El comunicado sostiene que la Argentina instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para que activen el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos que el Gobierno considera ilegítima y evitar la adopción de nuevas medidas que puedan agravar la controversia.
La Casa Rosada fundamentó su posición en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas. En particular, recordó la Resolución 2065 (XX), que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.
A su vez, el Gobierno citó la Resolución 31/49 de la Asamblea General, mediante la cual Naciones Unidas pidió a ambos países que se abstuvieran de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por el organismo internacional.
En ese marco, el Ejecutivo argentino consideró que la explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y de los espacios marítimos circundantes contradice el derecho internacional y genera un perjuicio irreversible para los derechos de soberanía que la Argentina reivindica sobre esos territorios y sus recursos.
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El reclamo de Argentina por el proyecto Sea Lion
La intimación comunicada por Milei apunta particularmente a las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el proyecto Sea Lion, localizado en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno reclama que el Reino Unido adopte las medidas necesarias para impedir tanto el inicio como la continuidad de las operaciones destinadas a la explotación de los recursos.
De acuerdo con el comunicado presidencial, si Londres no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.
La decisión representa un nuevo capítulo en la escalada diplomática entre ambos países en torno a la explotación de recursos naturales en el área de las islas, una cuestión que el Gobierno de Milei viene incorporando de manera creciente a su agenda sobre la disputa de soberanía.
El documento también incluyó una respuesta directa al Reino Unido luego de las declaraciones realizadas tras el discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina rechazó la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y sostuvo que esa caracterización, al igual que el referéndum realizado en 2013, no modifica la existencia ni el objeto de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
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Denuncia contra una empresa por vuelos sobre las Malvinas
En el mismo comunicado, la Presidencia informó que fueron detectadas operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
A partir de esa situación, Milei ordenó a los equipos de Gobierno que inicien de manera urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de las gestiones diplomáticas que consideren necesarias.
El Gobierno afirmó que continuará utilizando las herramientas diplomáticas, administrativas y judiciales disponibles para defender el reclamo argentino sobre las islas y sus espacios marítimos, y cerró el documento con una definición que sintetiza la posición oficial: “Las Malvinas son argentinas”.
