El reciente resurgimiento del peligroso reto de “desaparecer por 48 horas” vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda pero insoslayable: nuestros hijos están habitando un territorio gigante, veloz y profundamente hostil sin ningún tipo de
mapa ni cinturón de seguridad. Que el objetivo de un niño de nueve o diez años sea apagar su teléfono, huir de su hogar y generar angustia familiar solo para “sumar puntos”, likes o ganar popularidad en una plataforma digital no es una simple travesura de la época. Es el síntoma de una desconexión estructural.
Hoy las estadísticas nos muestran que los adolescentes argentinos pasan un promedio de 7 horas diarias frente a las pantallas. Estamos hablando de una jornada que supera la carga horaria escolar. En ese tiempo, el dispositivo deja de ser una herramienta tecnológica y pasa a ocupar un rol central: se vuelve el amigo, la pareja, el pasatiempo y la única compañía. El gran problema es que estamos ante menores de edad que todavía no han desarrollado el discernimiento necesario para separar la letra chica de la fantasía superficial que vende internet, sufriendo en el proceso consecuencias reales en su concentración, aprendizaje y desarrollo cerebral.
Frente a este escenario, la pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde está el límite? En el mundo físico, todos entendemos que el Estado debe garantizar fuerzas de seguridad, regulaciones comerciales y protocolos claros de actuación ante un delito. Sin embargo, en la realidad virtual —que es igual o más compleja que la física— no tenemos ningún protocolo establecido. Dejamos que los chicos interactúen en una especie de “placita digital” completamente sueltos y desamparados.
No alcanza con decir que el grooming es un delito en el Código Penal desde 2013 o que existen leyes de convivencia escolar. Las leyes en un papel no previenen los delitos si no se traducen en programas de alfabetización digital urgentes, sistemáticos y adaptados al ritmo del algoritmo. El primer responsable de este vacío es el Estado, que llega tarde a regular los sistemas de retención de las redes sociales y las billeteras virtuales que hoy alimentan la ludopatía adolescente.
La solución no es el prohibicionismo absoluto ni la demonización de la tecnología, sino la construcción de una verdadera ciudadanía digital. Esto implica que el acceso seguro a internet sea tratado como un derecho, pero también como una responsabilidad compartida. Necesitamos que el Estado diseñe políticas públicas de prevención en cada escuela, que las plataformas rindan cuentas por los contenidos masivos que empujan a los menores al límite, y que las familias recuperemos el rol de acompañamiento parental, estableciendo pautas conscientes de consumo de pantallas.
La era digital nos plantea riesgos que mutan todas las semanas: hoy es la desaparición por 48 horas, mañana será un nuevo desafío, una tentativa de tiroteo escolar (o peor aún, su consumación) o una estafa virtual clonada con inteligencia artificial. Si no asumimos que la vida virtual es, en definitiva, la vida real, y si no exigimos normativas dinámicas y protocolos de protección urgentes, seguiremos corriendo detrás de un algoritmo que, como el Coyote al Correcaminos, jamás podremos alcanzar.
*Abogado y docente universitario. Colaborador de Fundación Lea y Fundación Metropolitana.
