Hoy hay 452 presos políticos en Venezuela

La perversidad de los métodos de tortura ejercidos por los represores bajo mando institucional de la Presidenta venezolana Delcy Rodríguez, motivaron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, dispusiera que la “Misión Internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, investigara incluyendo a los grupos armados civiles denominados “colectivos”, en “interacción con las autoridades del Estado”. 

Los expertos independientes Sofía Macher, Presidenta, Alex Neve, y María Eloísa Quintero, quienes no cobran sueldo, solo viáticos para sus misiones, y actúan de acuerdo a su conciencia, analizaron la situación en Venezuela entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de julio de 2026. 

Examinaron “la evolución de las estructuras institucionales y de otra índole, y los patrones de represión, al cabo de los ataques militares llevados a cabo el 3 de enero de 2026 por los Estados Unidos”, aprehendiendo al Presidente Nicolás Maduro, sacándolo del poder.   

“A principios de agosto de 2024, poco después de las elecciones, el Sr. Maduro anunció que se habían detenido a 2.200 personas, a las que calificó de ‘terroristas’”. Los detenidos permanecían en situación de desaparición forzada durante días y a veces meses. Se multiplicaron los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de detención, impuestos a menudo para arrancar falsas confesiones que incriminaran a dirigentes de la oposición. Según las investigaciones de la Misión, en las protestas electorales, murieron al menos 25 personas. 

“La Misión constató que las autoridades del Estado, ante la posibilidad de perder el poder en las elecciones, habían reactivado una política para silenciar, desalentar y anular a la oposición. Estimaron tener motivos razonables para creer que los hechos señalados de violencia durante la crisis electoral, constituían, a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), crímenes de lesa humanidad, entre ellos el de persecución por motivos políticos”.

“La represión alcanzó otro pico a finales de enero de 2025. Se documentaron 84 detenciones en torno a la fecha de la toma de posesión presidencial, según las estimaciones facilitadas por las “oeneges”. El número total de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas disminuyeron en 2025 respecto a 2024, con repunte en torno a las elecciones regionales y parlamentarias celebradas en mayo. El último trimestre de 2025, en plena escalada militar de los Estados Unidos, se caracterizó por la persistencia de patrones de represión ya descriptos”.

“La aprehensión del Sr. Maduro, en lo que se considera de forma generalizada que fue un ataque armado ilegal de Estados Unidos el 3 de enero, supuso un cambio drástico en el panorama político nacional. Los acontecimientos posteriores estuvieron acompañados de un cambio sustancial en la situación de los derechos humanos en el país, que supuso el fin de la represión poselectoral, aunque siguieron produciéndose graves violaciones de los derechos humanos”.

“A finales de agosto de 2025, los Estados Unidos emprendieron una campaña militar, cuyo propósito declarado era combatir lo que denominaron “organizaciones terroristas”, mediante “ataques aéreos contra embarcaciones presuntamente implicadas en el tráfico internacional de drogas en zonas del mar Caribe, próximas a Venezuela. Los ataques se extendieron hasta el océano Pacífico oriental y se prolongaron en el año 2026, con un saldo de 200 muertos”.

Relatores de Naciones Unidas “señalaron que los ataques podían constituir homicidios ilícitos cometidos sin las debidas garantía procesales. No se dio a conocer el emplazamiento exacto de los ataques, salvo uno que tuvo lugar en un puerto venezolano. Se desconoce cuántas muertes se produjeron en territorio venezolano. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos puso en marcha la denominada “Resolución Absoluta”, consistente en ataques aéreos contra aeropuertos, bases aéreas e instalaciones militares en distintos puntos del país. Causaron 83 muertos, al menos 2 civiles”. La Misión la calificó de violación del derecho internacional”. 

“Durante la operación, las fuerzas estadounidenses aprehendieron al Sr. Maduro y a su esposa Celia Flores, y los trasladaron después a una cárcel en Estados Unidos, donde están a la espera de juicio por delitos relacionados con el trafico de drogas y tenencia de armas. El presidente Donald Trump anunció que su gobierno dirigiría el país hasta que pudiera llevarse a cabo una transición adecuada y prudente. Desde entonces impulsa, autoriza o aprueba todas las decisiones que se adoptan en materia política, económica y de seguridad”.  
 
El hispano-parlante ministro de exteriores norteamericano, Marco Rubio, anunció un plan para Venezuela “en 3 fases: estabilidad, recuperación y transición, anteponiendo los intereses económicos y comerciales a la reforma democrática y a las consideraciones de derechos humanos”. 

Al tiempo, el Tribunal Supremo venezolano designó “Presidenta interina a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez”, proclamando “un nuevo momento político”. La linea telefónica entre ambos mandatarios sería el canal de gobierno, pues Rubio no ha visitado aún Venezuela”.    

“El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La Misión, como otras muchas instancias nacionales e internacionales, manifestó su preocupación por el alcance limitado de la ley y por otras graves deficiencias”. Su aplicación práctica duró poco más de 2 meses y finalizó oficialmente el 23 de abril de 2026, no obstante “las promesas de las autoridades de nuevas excarcelaciones”.

“El 24 de junio de 2026, 2 terremotos de gran magnitud sacudieron la zona centro-norte del país y dejaron un elevadísimo número del víctimas, desplazamientos masivos y graves daños en La Guaira, el Gran Caracas y los estados colindantes. En el momento de redactarse este informe, la cifra oficial de muertos era de 6.125, si bien miles de personas siguen desaparecidas”.

“El desastre agudizó las necesidades humanitarias, interrumpió los servicios básicos y agravó las situaciones de vulnerabilidad ya existentes. La sociedad civil denunció la respuesta insuficiente del Estado, la politización de la ayuda, las trabas al acceso de los equipos de rescate internacionales y de los grupos comunitarios auto-organizados, y las restricciones a la cobertura informativa de los medios de comunicación”.   

Tras “los ataques de los Estados Unidos del 3 de enero y la aprehensión del Sr. Maduro, las autoridades gubernamentales dieron muestras de cierta apertura política. Se produjo un cambio de discurso político y la adopción de medidas de liberalización política”. 

Sin embargo, “a falta de reformas institucionales y de otra índole de carácter duradero, los avances siguieron siendo parciales y frágiles. El cierre del Helicoide, centro de detención arbitraria y tortura, coincidió con un aumento de la conflictividad social, con 1926 protestas, un 144% más que en 2025”. 

“Pese a los signos de liberalización política, no se ha producido ningún desmantelamiento sustancial ni ninguna reforma del aparato represivo del Estado. Su composición, que está integrado por mas de 60 instituciones, así como por “actores”, que desempeñan funciones formales o informales en su seno, y “autores” o “perpetradores”, personas respecto a las cuales la Misión ha establecido, a lo largo de los años, motivos para atribuirles responsabilidad”.

“La persistencia de una legislación y unas estructuras institucionales represivas, la presencia continuada de actores vinculados a patrones de represión del pasado y la impunidad que sigue amparando las graves violaciones de los derechos humanos hacen que los cimientos del sistema represivo permanezcan en buena medida intactos”. 

Permanecían largo tiempo aislados del resto de la población reclusa, suspendidos por las muñecas, manteniéndolos desnudos y expuestos a bajas temperaturas, mientras que los guardias los golpeaban sin descanso"

“Que los funcionarios ocupantes de puestos directivos durante el Gobierno del Sr. Maduro sigan en su cargo o hayan pasado a otro es un claro indicio de la continuidad del aparato represivo del Estado. Debido a las funciones institucionales que desempeñaban o al control que ejercían de facto, muchos participaron en mayor o menor medida, en la represión estatal, y en el desmantelamiento de las instituciones democráticas, o en ambos”.  

A partir de “diciembre de 2014, la Presidenta Interina, Sra. Rodríguez, había ocupado sucesivos altos cargos en el Gobierno del Sr. Maduro, y también durante los ciclos más duros de la represión. En 2017 presidió la Asamblea Nacional Constituyente, que suplantó de manera irregular al poder legislativo. Desde 2018, la Sra. Rodríguez había ocupado el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva y le correspondía formalmente la Supervisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Internacional, uno de los principales instrumentos de la represión estatal”.

Entre tanto, Jorge Rodríguez, hermano de la Delcy, “había ocupado la Vicepresidencia Ejecutiva, correspondiéndole formalmente la supervisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, uno de los principales instrumentos de la represión estatal. El 5 de enero siguiente, Jorge Rodríguez fue nombrado nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, cargo que venía ocupando de forma ininterrumpida desde 2021, siendo una pieza clave en la aprobación de leyes que hicieron posible la persecución política. En ese cargo y antes como Ministro de Comunicación e Información, ha sido destacado portavoz de las políticas represivas del Estado, entre ellas la represión poselectoral de 2024, y se ha servido activamente de tribunas públicas para intimidar o desacreditar a dirigentes de la oposición y a agentes de la sociedad civil”.  

Analizando a “las personas que actualmente ocupan cargos de gobierno, de seguridad e inteligencia”, se revela “que un número considerable de las personas que ocupaban dichos cargos en el momento de redactarse este informe, ya habían sido señaladas por la Misión por haber cometido, ordenado o facilitado violaciones de los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, o haber contribuido de otro modo a su comisión”.    

“Nada más ser designada, la Presidenta interina emprendió una reestructuración de la administración, con nuevos nombramientos y cambios de destino en puestos claves del Gobierno y del estamento militar. Esos nombramientos y cambios de destino recayeron en personas que habían desempeñado un papel fundamental en distintas fases de la represión estatal a lo largo del último decenio, como el ex Ministro de Defensa, Vladimiro Padrino, que ocupó el cargo entre octubre de 2014 y marzo de 2026, y el ex- Fiscal General, Tarek William Saab, encargado desde 2017 hasta su renuncia en febrero de 2026”. 

“Ninguno de los 2 personajes ha sido investigado ni enjuiciado, sino que han sido nombrados para nuevos cargos en el Gobierno. El Sr. Padrino pasó a ser Ministro de Agricultura Productiva y Tierras, mientras que el Sr. Saab asumió primero la dirección temporal de la defensoría del Pueblo, y se puso después al frente del Programa cultural de la  Gran Misión Viva Venezuela”. 

“Antes de su nombramiento, el nuevo Ministro de defensa, Gustavo González López, ocupó diversos cargos de seguridad con el Sr. Maduro y estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Dirección General de ContraInteligencia Militar. Otros actores implicados en la represión del pasado siguieron ocupando puestos en las instituciones de seguridad e inteligencia, entre ellos Diosdado Cabello. En informes anteriores, la Misión ha vinculado a los Sres. González y Cabello con graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.       

Los métodos de tortura verificados por la Misión fueron más lejos que los puñetazos y golpes con objetos metálicos; añadiendo descargas eléctricas también en los genitales; asfixia con bolsas de plástico; suspensión por las manos y los pies durante periodos prolongados; y reclusión prolongada en aislamiento o en otras condiciones duras, identificando métodos de tortura desconocidos hasta ahora como la intubación y el “sondaje forzado”“, no se sabe si uretral o vesical, hoy considerada una mala práctica médica, que puede causar traumatismo o infección.

“En el modulo de hombres de la cárcel de El Rodeo, la Misión documentó malos tratos contra los presos como represalias por protestas, entre ellas huelgas de hambre, iniciadas por ellos mismos o por sus familiares para exigir su excarcelación o denunciar condiciones de reclusión. El habitual castigo consistía en trasladar a los reclusos a una de las 8 celdas de la “cuarta planta”, donde permanecían largo tiempo aislados del resto de la población reclusa, suspendidos por las muñecas, manteniéndolos desnudos y expuestos a bajas temperaturas, mientras que los guardias los golpeaban sin descanso. Se aplicó a los presos que protestaban por las condiciones de reclusión durante los terremotos”.

“En ese mismo centro la Misión documento al menos 6 casos de alimentación forzada por sonda a reclusos en huelga de hambre. Para los expertos mandatados por la ONU, la alimentación forzada puede constituir tortura o malos tratos, en función de las circunstancias concretas. En los casos investigados por la Misión, se sometió a reclusos a la intubación a los pocos días de iniciar la huelga de hambre, sin su consentimiento y sin que mediara justificación médica evidente”.

“Este método se utilizó para intimidar y disuadir a otros de sumarse a futuras huelgas: se obligaba a los demás reclusos a presenciar el doloroso procedimiento. Además de alimentarlos por la fuerza, a los detenidos también se les practicó un “sondaje vesical forzado”, anteriormente descripto, científicamente contraindicado, carente de justificación médica. Esta medida, que las víctimas vivieron como invasiva y degradante, puede constituir una forma de violencia sexual”.

“La Misión documentó un método de tortura no descrito hasta ahora, empleado en la cárcel de El Rodeo. El uso de la “máquina del tiempo” quedó documentado en al menos 4 casos investigados por la Misión, todos ellos relacionados con hombres. Según testimonios coincidentes, el método consistía en encerrar a grupos de unos 15 reclusos, en completa oscuridad, obligándolos a permanecer desnudos hasta 3 meses, sin acceso libre ni a las instalaciones sanitarias”.
 
“En algunos casos, se le impuso castigo al mismo recluso más de una vez. Las víctimas explicaron que esta práctica se conocía como la “máquina del tiempo” porque las condiciones de aislamiento extremo y privación sensorial hacían perder la noción del tiempo. La Misión investigó denuncias de torturas similares en la cárcel de “Fuerte Guaicapuro”, un centro de hombres que alberga a militares recluidos por presuntas conspiraciones contra el Gobierno”.

Se descubrió “la practica habitual de enjaular a los presos en celdas similares a fosas excavadas bajo nivel del suelo, a merced de las inclemencias del tiempo. Los guardias vigilaban sin descanso, les arrojaban agua fría por la noche y orinaban sobre ellos. Los reclusos solo recibían comida 2 o 3 veces por semana, lo que les provocaba una grave desnutrición. Permanecían en esas condiciones durante largos períodos, sin poder salir de sus celdas ni siquiera para ir al baño. La Misión investigó varios casos en los que se obligaba a los internos a meter las manos en la letrina antes de usarlas para comer, o se les daba comida contaminada con heces”.

“La información recabada por la Misión apunta a otra forma de tortura, presuntamente empleada  en Fuerte Guicaipuro: el encierro en una celda de castigo conocida como “La luciérnaga”. Al parecer, la celda estaba infestada de ratas e insectos, y los reclusos permanecían en ella varios días con luz artificial permanente. Según las denuncias se los mantenía desnudos y se los obligaba a permanecer inmovilizados, los guardias los golpeaban y les echaban agua helada”.

“La Misión señala que la desnudez forzada era un elemento común de varias formas de tortura y malos tatos. Esta práctica acentuaba la vulnerabilidad de la víctima, avivaba el temor de sufrir violencia sexual o de genero y agravaba el sufrimiento sicológico. Para la Misión se trata de prácticas particulares de esos centros y de las instituciones y el personal que los dirigen”. 

Puede considerarse “por tanto, que la tortura y los malos tratos a los presos en esas circunstancias no son hechos aislados, sino que responden a una cultura institucionalizada que se alimenta de la intolerancia y la impunidad. Las autoridades responsables de esos centros deben adoptar medidas correctoras y concretas para desterrar esas prácticas y corregir tal forma de actuar”.             

La Misión recuerda “que los mecanismos internacionales de derechos humanos han determinado que el efecto acumulado de condiciones de reclusión inadecuadas, puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, sobre todo cuando se prolongan en el tiempo o se suman a otras medidas restrictiva. No son hechos aislados, sino que responden a una cultura institucionalizada que se alimenta de la intolerancia y la impunidad”.

En cuanto a “los “colectivos”, surgieron en la década de 1960 como agrupaciones informales de fuerte carga ideológica, formadas por antiguos guerrilleros y dedicadas a actividades de apoyo comunitario y a la movilización política contra el Gobierno. De esa época datan grupos como “La Piedrita” y los Tupamaros. A consecuencia de la intentona golpista de 2002, el Presidente Hugo Chávez, los integró en una estrategia más amplia para ensanchar la base social del Gobierno”.

“Durante la Presidencia del Sr. Maduro, muchos ‘colectivos’ pasaron a intervenir en la represión política y participar en actividades económicas ilícitas, con la aquiescencia de las autoridades del Estado o en connivencia con ellas. Ejemplo de ello es el colectivo ‘Tres Raíces’, desplegado en todo el país y cuenta entre sus miembros a antiguos policías y ex-presidiarios. Sus relaciones con el Estado van más allá de la simple tolerancia o de la aquiescencia respecto a sus actividades”.

“Esos vínculos abarcan el respaldo político, la ayuda económica, la cooperación logística, la coordinación operativa y la protección institucional. Las pruebas recabadas por la Misión, demuestran que los “colectivos” reciben órdenes operativas de ministros, diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, jefes de policía, militares, organismos de seguridad, funcionarios del Gobierno, incluso jueces y fiscales, y mantienen con ellos una relación directa”.

“La Misión elaboró una lista de perpetradores que desempeñaron ese papel, y tiene motivos fundados para creer que el Gobierno les ha proporcionado apoyo material como armas de fuego, munición, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio. Ese apoyo fue decisivo para que los “colectivos” actuaran como escuadrones represivos en distintas protestas, desempeñando funciones de inteligencia y vigilancia, para facilitar detenciones arbitrarias, campañas de acoso y represión selectiva, como ocurrió con el plan Zamora y de la operación Tun Tun”.

“Los ‘colectivos’ intervinieron también en actos de coerción y violencia, participando en la represión de manifestaciones mediante patrullas armadas, actos de intimidación, allanamientos de morada, detenciones arbitrarias, agresiones y otras formas de abuso. El recurso a civiles armados permite a las autoridades ampliar su capacidad coercitiva sin que las instituciones del Estado aparezcan vinculadas a la comisión de abusos. Actuaban junto a la policía, el ejército y el personal de los servicios de inteligencia. 

“Su participación quedó bien documentada en las grandes oleadas de protestas, entre ellas las de 2014, 2017 y 2019 y en la represión poselectoral de 2024. Las fuentes coinciden en describir a civiles armados que actuaban coordinados con las Fuerzas de seguridad del Estado: llegaban a la vez a los lugares de protesta, compartían canales de comunicaciones y desempeñaban funciones complementarias durante las operaciones de seguridad, ejerciendo formas de autoridad paralela y de justicia informal en las zonas que controlaban”.

“Los colectivos ejercían formas de autoridad paralela y de justicia en zonas que controlaban. Dirimían los conflictos entre particulares y las disputas de la comunidad, o autorizaban la actividad comercial y el acceso a los recursos púbicos. En zonas bajo su control, las instituciones del Estado coordinaban con ellos sus actividades, incluso les delegaban funciones públicas, generando un sistema de gobernanza que funcionaba en paralelo a las instituciones del Estado”.

“Las pruebas recabadas por la Misión confirman además que, en el marco de su labor de vigilancia de las comunidades, la obtención de información y control de la actividad política, los colectivos “facilitaron detenciones arbitrarias por las autoridades del Estado, entre otras cosas, señalando a posibles objetivos. Intervinieron también de manera directa en múltiples formas de agresión, acoso e intimidación de periodistas, miembros de partidos de la oposición, defensores de derechos humanos, agentes de la sociedad civil y personas consideradas disidentes”.

“Los colectivos y sus lideres recibieron el respaldo público del Sr. Maduro, del Ministro de Relaciones Interiores, Sr. Cabello, y de otros altos cargos del Gobierno. Al actuar así, el Estado incumplió su deber de proteger a las personas frente a las violaciones de los derechos humanos y de ofrecer a las víctimas recursos efectivos”. 

“Al ejercer una autoridad pública, que les han delegado agentes del Estado, o realizando operaciones siguiendo instrucciones de órganos estatales bajo su dirección y control, esta conducta es atribuible a la República Bolivariana de Venezuela. Las violaciones resultantes constituyen hechos ilícitos del propio Estado. Sus miembros y los funcionarios que los dirigen, facilitan o toleran a sabiendas su conducta, pueden incurrir en responsabilidad penal individual”.  

Entre otras recomendaciones, estos expertos mandatos por la ONU, instan al gobierno venezolano, a que “revoquen el retiro del país del Estatuto de Roma y cooperen plenamente con la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y la propia Misión, garantizando el acceso sin trabas al país y a todos los lugares de reclusión”.