La paz por medio del derecho

En un ambiente internacional turbulento y conflictivo, defender el derecho internacional vigente constituye una obligación para las naciones pacíficas.

A pesar de la mirada a veces escéptica de los “hiperrealistas” el derecho internacional ha acompañado durante los últimos siglos la vida de las naciones y ha asegurado en numerosas ocasiones la convivencia pacífica entre estas.

Se trata de un derecho que, a diferencia del derecho interno, carece de los medios materiales para imponer su cumplimiento y depende de la voluntad de cada Estado de acatar sus normas, al no existir una autoridad superior que dirima las controversias y sancione en su caso al infractor.

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Los Estados, en especial los más débiles, asumieron históricamente que respetar las normas internacionales era generalmente en su interés y que en un mundo sin reglas su seguridad se encontraba mucho más expuesta.

Al desaparecer el derecho se llega a la ley de la selva que como se sabe es la ley del más fuerte y se abre así el camino a la conquista y la depredación.

Vivimos un tiempo en el que, sobre todo por la acción de naciones poderosas, se normalizan conductas que se apartan de manera flagrante de una legalidad internacional que se daba por universalmente aceptada.

Una superpotencia invade una nación más pequeña quebrantando su integridad territorial, lo que viola la Carta de las Naciones Unidas y denomina a la acción “operación militar especial” sin sentirse obligada a dar mayores explicaciones.

El gobierno de una nación víctima de un cruel atentado terrorista desata una represalia que afecta gravemente a la población civil del territorio del que provenían los terroristas, lo que según la Corte Internacional de Justicia es “plausible” que constituya “un genocidio”. El gobierno cuestionado sostiene que solo está ejerciendo su derecho de legítima defensa frente al terrorismo.

Ese mismo gobierno elimina secretamente en otro país a científicos y autoridades militares, probablemente con sus familias, y genera escasa reacción y hasta algunos elogios por su “sofisticada y eficaz inteligencia”, soslayándose el hecho de que cualquiera sea la motivación de esos actos, se trata de asesinatos que violan el derecho internacional de los derechos humanos.

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Otra superpotencia ataca embarcaciones en alta mar y elimina a sus tripulantes por tratarse supuestamente de narcotraficantes sin mostrar evidencias, lo que configura verdaderas ejecuciones sumarias y extrajudiciales, así como acciones violatorias del derecho internacional del mar.

Un gobernante sostiene que ha ganado las elecciones en su país, pero no se siente obligado a demostrar ni ante su pueblo ni ante la comunidad internacional las pruebas de su victoria. Ello equivale a un golpe de Estado y viola la Carta Democrática Interamericana, el derecho regional americano y el derecho internacional de los derechos humanos.

El líder de una superpotencia amenaza a ese gobernante y admite que “ha autorizado operaciones encubiertas y secretas contra él” y que “sus días están contados” lo que constituye una amenaza del uso de la fuerza que es contrario a la Carta de las Naciones Unidas

Es tiempo de generar una fuerte reafirmación de las normas fundamentales del derecho internacional, del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho humanitario y expresarlo sin efectuar distinciones según quienes sean los responsables de violar la legalidad. Recientemente, se han expresado en ese sentido países latinoamericanos y europeos en el marco de la Cumbre CELAC-UE, así como autoridades de las Naciones Unidas, lo que debiera generalizarse en pronunciamientos más amplios y más firmes de la mayoría de las naciones.

Nuestro país, que esta vez se distanció de esa declaración, invocó generalmente en su historia esa primacía del derecho porque respondía a la voluntad democrática de nuestra sociedad y también por la reivindicación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, que tiene su fundamento en el derecho internacional.

La actitud de la actual administración argentina ya sea justificando o callando algunos de los casos mencionados de violaciones a la legalidad internacional, debilita también nuestra reivindicación sobre las Islas. Pone de manifiesto una adhesión selectiva al derecho según se trate de “amigos” o “enemigos” en una inequívoca doble vara y aleja a países otrora aliados de cualquier sensibilidad respecto de nuestros intereses y reclamos.

La Argentina necesita mantener un apego coherente al derecho internacional, en coordinación con los países de la región y con todos aquellos que compartan ese principio. Ello fortalecerá su posición soberana y constituirá su mayor contribución a la paz en un mundo fragmentado y violento.

Como sostuvo Hans Kelsen en su libro “La paz por medio del derecho”, título que he utilizado para encabezar este artículo, “Hay verdades tan evidentes por sí mismas que deben ser proclamadas una y otra vez para que no caigan en el olvido y una de esas verdades es que la guerra es la mayor desgracia de nuestra cultura y que asegurar la paz es nuestra tarea política principal”.

* Ex Vicecanciller