Milei va por la derogación total de la Ley de Tierras

Mientras las principales potencias del planeta endurecen los cerrojos sobre sus recursos estratégicos y su suelo rural, el gobierno de Javier Milei acelera la derogación definitiva de la Ley de Tierras. 

La tierra no es un commodity más; es el soporte material de una nación. Sin embargo, en el tablero del libre mercado absoluto, los mojones de la soberanía suelen ser vistos como molestos trámites burocráticos. 

La pretensión oficial de arrasar por completo con la Ley de Tierras Rurales (26.737)  —sancionada en 2011 para poner un coto a la extranjerización— no representa un hecho aislado, sino la profundización de una doctrina que comenzó a erosionarse durante el macrismo y que hoy busca su acta de defunción definitiva bajo la órbita de la administración de Javier Milei, quienve a la norma como un obstáculo anacrónico para la llegada de inversiones.

Aprobada por amplio margen tras años de advertencias sobre la potencial concentración de tierras en manos extranjeras, la norma original fijaba un techo prudente: un máximo del 15% de la propiedad rural extranjera a nivel nacional, provincial y municipal, acotando la compra en zonas núcleo a 1.000 hectáreas y blindando espejos de agua dulce y áreas de frontera.

Ya en 2016, el gobierno de Mauricio Macri dictó el Decreto 820, un traje a medida de la flexibilización que licuó los controles sobre transferencias de acciones y reorganizaciones societarias. Fue la vía indirecta para vaciar de contenido real el espíritu de la ley, permitiendo que la titularidad de los recursos estratégicos mutara sin el control riguroso del Estado. 

Hoy, la posible derogación total de la norma, elimina el último dique de contención, entregando a la lógica de la oferta y la demanda internacional superficies que guardan nuestra soberanía hídrica y geopolítica.

Mauricio Macri dictó el Decreto 820, un traje a medida de la flexibilización que licuó los controles sobre transferencias de acciones y reorganizaciones societarias"

Mientras en la Argentina se debate la conveniencia de regalar el usufructo del suelo bajo el dogma de la inversión a cualquier costo, el concierto global opera bajo un realismo defensivo implacable. La tierra cercana a las fronteras y a las reservas de agua es, por definición, un asunto de seguridad nacional y supervivencia.

En la región, Brasil posee el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), un organismo federal que fiscaliza y restringe férreamente la adquisición de extensiones rurales por parte de extranjeros o empresas controladas por capitales foráneos. 

Las limitaciones brasileñas se vuelven imprescindibles en la Amazonia, donde se prioriza la soberanía geopolítica por encima de cualquier tentación financiera.

En el hemisferio norte, los resguardos asumen formas aún más severas, como es el caso de Estados Unidos, que cuenta con el Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) y acumula leyes en estados clave para vetar o limitar drásticamente la compra de tierras agrícolas por parte de potencias extranjeras rivales, especialmente si colindan con bases militares o acuíferos críticos. 

Por su parte, Canadá aplica unaley de inversiones, que somete a un asfixiante escrutinio, cualquier intento de inversión extranjera en tierras estratégicas, con el objetivo de blindar sus reservas naturales.

Argentina elige el camino inverso: transformar la patria en un archipiélago de posibles enclaves extranjeros"

También en Europa existen casos de defensas estrictas contra el desarraigo territorial; por ejemplo, Suiza aplica la Lex Koller, una legislación histórica que restringe de modo terminante la compra de bienes inmuebles y suelo por parte de personas no residentes. El espíritu de la Lex Koller es impedir que el territorio nacional se convierta en un activo financiero global y garantizar que los recursos queden bajo la disponibilidad de sus ciudadanos.

Ceder el control de las fronteras, los bosques y las cuencas de agua no es una jugada de pragmatismo económico, sino una renuncia silenciosa al porvenir. Mientras el planeta redescubre el valor estratégico de la tierra y protege su territorio frente a las tensiones globales, la Argentina elige el camino inverso: transformar la patria en un archipiélago de posibles enclaves extranjeros.

El contraste es elocuente. Las potencias y los vecinos de la región entienden que ceder el dominio de las cuencas hídricas, los bosques nativos y las zonas limítrofes equivale a hipotecar el porvenir estratégico. En la Argentina, en cambio, la agenda regulatoria insiste en vaciar de contenido el concepto mismo de patria, transformando el mapa en un catálogo de liquidación para el mejor postor extranjero, desoyendo las lecciones elementales de la geopolítica mundial.