El mileísmo ha presentado su política hacia el Estado como una operación de saneamiento. Reducir estructuras, eliminar organismos, despedir personal, fusionar dependencias, recortar presupuestos y desregular funciones serían, desde esta perspectiva, distintas manifestaciones de una misma tarea histórica: liberar a la sociedad de una maquinaria burocrática parasitaria que consume recursos sin producir valor.
Sin embargo, resulta absurdo mezclar a un ministerio artificialmente superpoblado o una oficina sin función precisa, con un organismo de investigación o una agencia regulatoria. Todos, contablemente, serían “gasto público”, pero algunos son inversión futura. No distinguirlos revela incompetencia, ignorancia o mala fe.
El relato de atacar a la “burocracia parasitaria” posee una fuerza política evidente porque se apoya en una experiencia real. Durante décadas, amplios sectores de la sociedad argentina vieron crecer un Estado incapaz de resolver problemas elementales, que multiplicaba trámites, superponía organismos, degradaba servicios y convertía estructuras administrativas en territorios de reproducción política. La crítica a la burocracia no nació con el mileísmo, ni puede reducirse a una invención libertaria: se alimenta de un deterioro efectivo de la capacidad estatal.
Pero no toda estructura estatal es burocracia en ese sentido. Hay estructuras innecesarias, pero otras muy necesarias, porque tienen capacidades instrumentales acumuladas, un saber situado, una experiencia práctica acopiada, que todos los Estados disponen desde las antiguas épocas imperiales.
Las Cortes Reales eran el Estado de aquellos tiempos, con funcionarios con mucha experiencia acumulada, muy necesaria para la toma de decisiones correctas. Tirar por la borda todas esas habilidades especializadas, capacitadas por la acción de gobernar, es demencial.
Todos los países, independientemente sean democracias, dictaduras, monarquías o teocracias tienen un Estado como forma de organización política, con distintas funciones públicas distribuidas en ámbitos institucionales diferenciados para garantizar cierto nivel de profesionalidad administrativa, pero sin perder el control centralizado y soberano del proceso.
En una colonia, existe un Estado, pero es controlado por los agentes colonizadores, nativos o extranjeros. Inclusive en un Estado democrático desarrollado puede darse el caso que no sea suficientemente soberano, como para imponer sus propias decisiones. Ocurre por acción de lobbies, o más modernamente cuando se entregan áreas de decisión a empresas privadas.
El llamado “Estado Profundo” o “La Casta” es precisamente eso; una maquinaria cooptada por intereses privados que influyen y determinan la toma de decisiones favorables a sus intereses y muchas veces, contrarias al interés nacional. La composición del “Estado Profundo” va cambiando, pero siempre hay un hilo conductor; el rumbo que toma la ola inversora del capital financiero concentrado, asociado a sus representantes locales.
Cada estado tiene una arquitectura interna con 3 sectores principales:1) el decisorio estratégico, 2) el intermediario que transforma las decisiones en actos concretos y 3) el que controla los desvíos o incumplimientos de todo orden. Un Estado comienza a vaciarse cuando conserva la autoridad formal, pero pierde la capacidad de convertirla en acción soberana propia.
Un Estado burocrático es aquel en el cual la toma de decisiones es lenta y su ejecución aún más y nunca llegan a cumplirse las decisiones. Es un estado ineficiente.
Un Estado con soberanía disminuida ocurre cuando el nivel decisorio adopta decisiones ajenas a su voluntad (lobbies), o bien cuando el nivel intermediario no puede transformar sus decisiones en actos concretos.
Un Estado dependiente ocurre cuando ya toda la arquitectura del Estado es controlada por agentes privados no estatales que le ofrecen al nivel decisorio alternativas que sólo ellos controlan en su implementación posterior.
Partes o todo el Estado intermediario (humano, capacitado, esencial y no burocrático), podría ser reemplazado por soportes externos, desde algo sencillo como un programa informático automatizado (bot, chatbot, sistemas de seguridad, otros), hasta por una consultoría externa, o hasta un reemplazo completo de un ministerio por una organización o empresa, nacional o exterior.
Simplemente se estaría cambiandola arquitectura del soporte operativo, que tal vez ganaría agilidad y eficiencia, pero lo importante es que, quien controla la arquitectura controla el proceso y por lo tanto restamos soberanía nacional.
Pero cuando el Estadodecisorio estratégico entregala arquitectura del Estado a organizaciones no gubernamentales y peor aún, extranjeras, que reconfiguran la totalidad de la arquitectura estatal entramos en un Estado dependiente.
Esto es lo que plantean empresas tecnológicas como Palantir, que proponeuna mejora en la eficiencia, aunque a costa de disminuir la autonomía.Al relato “antiburocrático” le han agregado el relato de le “eficiencia”, argumentando que, con herramientas de la Inteligencia Artificial, el control de las redes y otros análisis de las bases de datos gubernamentales, el Presidente podría tomar las mejores y más eficientes medidas de gobierno.
Esto ya no sería el lobby clásico, ni tomar al Estado como botín de guerra de los negocios clásicos de la corrupción. Esto escala a otro nivel de alta dependencia nacional. Con esto se borra cualquier indicio de soberanía.
El Estado no desaparece formalmente, pero pierde capacidad propia.Se convierte en un Estado hueco con un enorme presupuesto, amplia capacidad coercitiva, extenso aparato jurídico y gran poder fiscal, pero dependiente de sistemas privados para comunicar, analizar, calcular, integrar, vigilar, coordinar y decidir.
Cuando pierde capacidad de educar, incorpora plataformas educativas; cuando pierde capacidad de planificar, contrata consultoras; cuando pierde capacidad de innovación, recurre a importar paquetes tecnológicos externos; cuando pierde capacidad industrial, importa productos; cuando pierde capacidad estratégica hace seguimiento ideológico externo; cuando adopta posiciones de geopolítica cero, se subordina a alguna potencia.El Estado sigue siendo formalmente responsable de la defensa, pero la infraestructura de información militar pertenece a otros.
Sigue siendo responsable de la educación, pero los contenidos y las plataformas se externalizan. Sigue siendo responsable de la salud, pero los datos, la tecnología y la gestión dependen de proveedores. Podrían sustituir a todos los embajadores por algoritmos que le indiquen cual es la mejor política internacional y el modo de relacionamiento con otros países. Sigue siendo responsable de gobernar, pero pierde progresivamente los instrumentos para hacerlo soberanamente. Es un Estado dependiente de megaempresas tecnológicas.
Una nación puede sobrevivir a un Estado burocrático e ineficiente o incluso con soberanía disminuida; difícilmente sobreviva como soberana a un Estado que ha dejado de controlar su rumbo. Un Estado soberano puede comprar, contratar, asociarse, importar y utilizar tecnología privada. Lo que no puede hacer sin perder autonomía es depender de aquello que ya no sabe comprender, evaluar o sustituir.En un país periférico, la destrucción de capacidad nacional tiende a ampliar el poder de quienes ya poseen las capacidades sustitutas.
La política del mileísmo puede leerse entonces como una expresión extrema y particularmente peligrosa, de ideologías muy amplias (transhumanismo), en la cual se propone considerar obsoletas las capas humanas e institucionales intermediarias de mediación y a sustituirlas por mecanismos más concentrados, automatizados, mercantiles o privados.
Desde esa posición radical se intenta acelerar el vaciamiento de capacidades estatales nacionales en el marco de una estructura internacional profundamente asimétrica, dominada por grandes corporaciones, fondos de inversión, plataformas tecnológicas y centros de producción de conocimiento situados fuera del país.
Más que un gran innovador, el mileísmo sería su representante local, su ariete ideológico, su proxy, enmascarado de corriente política, cuya misión seríala destrucción de capacidades nacionales o de los instrumentos soberanos para lograr una mayor autonomía estratégica; todo ello encubierto como una lucha contra la burocracia y la ineficiencia.
