A 22 años de la Masacre Escolar de Carmen de Patagones, la Corte Suprema ordenó indemnizar a las familias de las víctimas

La Corte Suprema de Justicia ordenó que el Estado Nacional y el de la provincia de Buenos Aires indemnicen a las familias de las víctimas de la llamada "Masacre de Carmen de Patagones", ocurrida el 28 de septiembre de 2004. Aquel día, Rafael "Junior" Solich, que en ese momento tenía 15 años, llegó a la Escuela de Enseñanza Media Nº 202 "Islas Malvinas" con el arma de su padre, mató a balazos a 3 compañeros y dejó a otros 5 heridos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por "inadmisibles" los recursos presentados por el Estado Nacional en nombre del Ministerio de Seguridad y por la Fiscalía de Estado provincial, en representación de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. El máximo tribunal dejó firme la obligación de resarcir a la familia de Sandra Núñez, una de las víctimas mortales, en una demanda por daños y perjuicios que impulsó su madre.

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La Corte Suprema ya se había manifestado en el mismo sentido en la denuncia que iniciaron los familiares de Federico Ponce, otro de los alumnos asesinados por Solich con la pistola calibre 9 mm de su padre, que era suboficial de Prefectura Naval Argentina. La familia de Evangelina Miranda, la tercera víctima fatal, también denunció al Estado, pero recién obtuvo un fallo en primera instancia hace menos de dos años.

Los jóvenes cursaban junto al tirador el primer año "B" del Polimodal en el colegio "Islas Malvinas", cuando en 2004 Solich se preparó, tras el izamiento de la bandera, y se paró frente a la clase dentro del aula. Allí sacó el arma y comenzó a disparar hasta vaciar el cargador. Después volvió a cargar la pistola y salió al pasillo para continuar disparando hasta que fue detenido por su amigo Dante Peña, que logró abalanzarse sobre él y quitarle el arma.  

Los familiares de los estudiantes asesinados denunciaron a la escuela y a la Prefectura Naval. La Justicia Federal de Bahía Blanca, en primera y segunda instancia, falló en base al artículo 1117 del Código Civil que regía en ese momento: "Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito".

Asimismo, indicaba que las instituciones debían contratar un seguro de responsabilidad civil y que la norma no aplicaba a establecimientos terciarios ni universitarios. En ese entonces, los magistrados que intervinieron comprendieron que las autoridades no dieron "una respuesta diligente a los problemas de conducta que mostraba Solich", a pesar de que había miembros del colegio que los habían señalado. "Advirtieron que los alumnos podían estar en peligro y no tomaron medidas", puntualizaron.

Con respecto al arma, determinaron que la Prefectura también debía ser responsabilizada porque el padre de Rafael era integrante de la fuerza de seguridad federal y hubo graves fallas en el resguardo de la pistola.

Rafael "Junior" Solich sobre la masacre: “Cuando tiré, no era yo”

Además de las muertes de Sandra, Federico y Evangelina, el ataque dejó heridos a Natalia Salomón, Nicolás Leonardi, Cintia Casasola, Rodrigo Torres y Pablo Saldías Kloster. "Cuando escuché el primer disparo, me reí. Pensé que era una pistola de cebita. Hasta que vi la vaina de la bala. Ahí me di cuenta de que no era joda", recordó Torres años después durante una entrevista.

Al iniciarse la causa judicial, Rafael fue confinado a un centro de internación en el partido de Ensenada. Con el avance de la causa, la jueza Alicia Ramallo declaró inimputable a "Junior" porque era menor de edad y el caso se cerró con su sobreseimiento. El joven quedó internado en un centro psiquiátrico juvenil de la provincia y tiempo después fue diagnosticado con esquizofrenia.

Se le prescribió un plan psicofarmacológico y más tarde se le comenzó a otorgar un régimen de salidas, con el que pudo empezar a visitar a sus padres. Al cumplir 21 años, su caso pasó a depender de la Justicia de Familia de La Plata y fue derivado a una clínica de esa localidad, donde continuó bajo tratamiento. Hoy en día, con 37 años, sigue bajo tutela judicial.

"No me dí cuenta lo que pasó, se me nubló la vista y tiré. Todo fue muy rápido, no me pude frenar. No era yo, era como si no fuera yo", había declarado las primeras veces Rafael ante la jueza, donde confesó que estaba arrepentido y dijo que supuestamente estaba fuera de sí. Según explicó, en ese momento estaba enojado con su familia y con sus compañeros porque "lo molestaban desde el jardín".

Su caso fue recordado nuevamente luego de que, el 30 de marzo pasado, un adolescente de 15 años ingresara armado con una escopeta a la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, en Santa Fe, donde mató a un compañero de 13 e hirió a otros ocho. El primer ataque escolar de este tipo en el país ocurrió en 1997, cuando un estudiante de 14 años de Burzaco, Leonardo Aguirre, disparó y asesinó a un compañero de clases por accidente con el arma de su padre gendarme.

FP/ff