Ante la llegada de León XIV, el Gobierno convocó a la Iglesia para defender sus políticas sobre discapacidad
La reunión será este lunes en el Ministerio de Salud y contará con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. El encuentro se produce un mes antes de la visita del Papa al Cottolengo Don Orione.
A un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno convocó a representantes de la Conferencia Epicospal Argentina (CEA) a una reunión este lunes para dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad. El encuentro está previsto para las 11 en el Ministerio de Salud.
Según informaron desde la CEA, la reunión se realizará “a partir de una invitación del Gobierno nacional y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión”.
Por parte del Gobierno participarán el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, y funcionarios del área. En representación de la Iglesia estarán el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, constituida recientemente por la CEA con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.
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Desde la Iglesia señalaron que el objetivo del encuentro es “fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten”.
Además, agradecieron la invitación del Gobierno y destacaron que representa “una oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector”.
La reunión se produce antes de la visita que el papa León XIV realizará el próximo mes al Cottolengo Don Orione, un centro residencial y de asistencia para personas con discapacidad.
En paralelo, la Cámara de Diputados tratará el 15 de octubre, en una sesión, distintos proyectos vinculados con la emergencia nacional en discapacidad. La convocatoria fue impulsada por bloques opositores, que buscan llevar al recinto una discusión atravesada durante los últimos meses por los reclamos de organizaciones del sector y de los prestadores.
El mes pasado, el oficialismo logró en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría sobre la situación de las personas con discapacidad, en medio de fuertes tensiones internas y con la oposición. La propuesta de La Libertad Avanza obtuvo 42 firmas junto a sus aliados, mientras que la oposición reunió 36 firmas para su iniciativa de prorrogar la emergencia.
El proyecto oficial se titula “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad” y propone reemplazar la actual emergencia, que vence a fin de año, por un régimen permanente. El objetivo es consolidar un esquema que brinde previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.
Entre sus ejes, la iniciativa busca “garantizar la sostenibilidad del sistema, asegurar la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales y proteger los derechos de las personas con discapacidad, de manera permanente”, según destacaron desde la conducción libertaria.
El proyecto reafirma los principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, mantiene el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y establece su actualización. También garantiza a sus beneficiarios el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. A su vez, permite que puedan trabajar y establece beneficios impositivos para quienes los empleen por tiempo indeterminado.
El dictamen de mayoría propone que la Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalga al 70% del haber mínimo jubilatorio y permite compatabilizarla con el trabajo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
Además, dispone que los recursos destinados a las prestaciones sean contemplados anualmente en el presupuesto del Ministerio de Salud, mantener mecanismos para cancelar deudas con prestadores, incorporar controles periódicos sobre los beneficiarios mediante el cruce de información de distintos organismos y garantizar el acceso a Incluir Salud.
PC/ EM
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