Concluyó la audiencia

Avanza el juicio del caso Cuadernos: la investigación reveló 175 sobornos y pagos ilegales en la obra pública atribuidos a Cristina Kirchner

Los documentos entregados a la Justicia por el periodista Diego Cabot detallaron presuntos pagos ilegales vinculados a contratos de obra pública. Según la acusación, las entregas fueron coordinadas por Roberto Baratta y llegaban hasta la residencia de la familia Kirchner.

CFK Cristina Fernandez Foto: AFP

La duodécima audiencia del juicio por la causa Cuadernos volvió a dejar en evidencia la magnitud del esquema investigado por corrupción en la obra pública, durante una jornada en el Tribunal Oral Federal N°7 atravesada por la lectura de más de 1.300 imputaciones contra 86 acusados. Poco después de las 9:25, se concentró en el tramo vinculado a la cartelización de la obra pública, una derivación directa de los escritos por el chofer Oscar Centeno.

Allí, las acusaciones fueron expuestas por la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), en una de las causas paralelas al expediente principal, conocida en Comodoro Py como “La Camarita”, que investiga la presunta coordinación entre empresas del sector vial para repartirse obras públicas. Destacan en ese rubro el financista Ernesto Clarens, acusado de canalizar el dinero de las coimas, y el empresario Carlos Wagner, referente histórico del sector.

De hecho, uno de los puntos centrales fue el rol del exsecretario de Obras Públicas José López, señalado como una pieza clave en la asignación de contratos dentro del esquema investigado por la Justicia federal. Paralelamente, se revisaron pruebas incorporadas por el fiscal Carlos Stornelli en 2019, que forman parte del pedido de elevación a juicio y sostienen la hipótesis de una estructura organizada para el cobro de retornos ilegales.

La sesión se centró en el caso de cartelización de obras públicas de "La Camarita"​

La audiencia leyó un listado que atribuye a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la recepción de 175 pagos ilegales, por un total de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares. Según la acusación, una empresa con vínculos comerciales con la ex presidenta habría realizado 40 transferencias irregulares que superaron los 85 millones de pesos. Junto a ella, Julio De Vido y José López fueron señalados como los principales responsables políticos del esquema.

A juicio de la fiscalía, el objetivo de la asociación ilícita fue sostener un sistema estable de recaudación de coimas a partir de la obra pública. Dicho mecanismo, según se explicó, funcionaba como un “club de reparto” de proyectos financiados con fondos del Estado y garantizaba retornos de entre el 3 y el 20 por ciento a los niveles más altos del poder político. En ese engranaje, De Vido fue definido como “el máximo responsable de concretar el sistema”.

Desde la UIF sostuvieron que existió un “acuerdo espurioentre funcionarios y empresarios, que permitió sostener durante años un circuito de recaudación ilegal. Según se leyó en la audiencia, los pagos se realizaron en 175 oportunidades y los responsables habrían actuado como coautores dentro de una estructura piramidal.

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Los sobornos atribuidos a Cristina Kirchner se efectuaron entre enero de 2008 y septiembre de 2010 y luego eran entregados a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Aportado el listado por Clarens detalla fechas y montos de cada entrega, y refuerza la hipótesis de que los destinatarios finales del dinero fueron los expresidentes.

Quiénes fueron los otros empresarios que pagaron coimas

El requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) coloca a la empresa constructora JCR S.A., propiedad de Juan Carlos Relats, en el centro del esquema de recaudación ilegal investigado en la causa Cuadernos. A partir de la acusación, fue la firma que realizó la mayor cantidad de pagos indebidos dentro del entramado de la obra pública, con 40 de las 175 coimas atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner.

Sus pagos, que alcanzaron un total de 85.493.691 pesos, se habrían efectuado escalonadamente entre 2011 y 2013. La documentación judicial detalla movimientos concentrados en distintos tramos temporales, desde comienzos de 2011 hasta fines de 2013, un período que coincide con la adjudicación de una cantidad de contratos viales por parte del Estado.

Además de esos desembolsos, JCR S.A. obtuvo 44 obras adjudicadas por Vialidad Nacional por un monto global que superó los 5.294 millones de pesos. De ese total, 35 contratos fueron otorgados de forma exclusiva, por más de 4.077 millones de pesos, mientras que otras nueve obras se concretaron mediante Uniones Transitorias de Empresas, por más de 1.148 millones. Para los investigadores, la simultaneidad constituye uno de los principales indicios del sistema.

También, la acusación sostiene que JCR no actuó de manera aislada, sino como parte de una estructura más amplia de cartelización conocida en los tribunales como “La Camarita”. En ese esquema, empresarios del sector acordaban entre sí la distribución de obras públicas y garantizaban el pago de retornos a funcionarios de alto rango.

La jornada buscaba concluir la sección de autoría, incluyendo planteos de la UIF

En este sentido, otros empresarios también aparecen involucrados, aunque con una participación menor. Aldo Roggio fue vinculado a 11 pagos ilegales por casi 5,9 millones de pesos, mientras que Ángelo Calcaterra figura con desembolsos estimados en 3,5 millones de pesos, en el marco de 23 obras adjudicadas por casi 2.900 millones. Estas cifras fueron utilizadas por la fiscalía para ilustrar el alcance desigual de los aportes dentro del esquema.

Al finalizar la audiencia, el presidente del Tribunal Oral Federal N°7, Enrique Méndez Signori, dio por concluida la jornada y confirmó el cronograma de las próximas etapas del juicio. El proceso continuará el martes próximo a las 9 de la mañana, con la lectura final del requerimiento de elevación a juicio de la querella de la UIF.

Si esa instancia se completa, el tribunal quedará en condiciones de iniciar la acusación correspondiente al expediente 18.590/2018, una causa paralela que investiga presuntas coimas en la concesión del Corredor Vial N°1 entre 2003 y 2007. Allí están imputados el exministro de Planificación Julio De Vido, el exfuncionario Claudio Uberti y otros ocho empresarios.

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Paralelamente, permanece abierto otro expediente que analiza irregularidades en contratos ferroviarios durante el primer período del kirchnerismo, con el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi como principal imputado. 

MV