La disputa por el patrimonio de la familia Kirchner ingresó en una etapa decisiva. La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si confirma o revoca la orden de decomisar 19 bienes de los hijos de Cristina Kirchner, que actualmente figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, pero que la Justicia pretende ejecutar como parte de la condena contra su madre en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que sentenció a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta, concedió los recursos de apelación y elevó el expediente al máximo tribunal penal para su análisis.
En su resolución, los jueces del tribunal oral ratificaron que el monto del perjuicio al Estado, actualizado a la enorme cifra de casi 684.000 millones de pesos, se encuentra firme y en plena etapa de ejecución. Sin embargo, aceptaron que una instancia superior revise la legalidad de avanzar sobre el patrimonio de los hijos de la exmandataria, quienes no estuvieron imputados en el expediente de la obra pública, pero recibieron esas propiedades a través de cesiones y sucesiones.
La ofensiva judicial para frenar el remate es doble. Por un lado, la defensa de Cristina, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentó que la medida dictada el 18 de noviembre implica una contradicción con fallos previos y un "avasallamiento" de lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Sostienen que se está aplicando un modelo de sanción que excede los marcos legales al afectar bienes que ya no pertenecen a la condenada, violando tratados internacionales.
Por su parte, Luis Goldin, apoderado legal de Máximo y Florencia, planteó la inconstitucionalidad de la medida alegando "arbitrariedad y lesión del derecho de propiedad". Su postura es que el tribunal está “extendiendo indebidamente el régimen de decomiso sobre bienes de origen lícito y de terceros ajenos al delito”, vulnerando el principio de inocencia y el debido proceso.
El tribunal oral reconoció que la discusión jurídica gira en torno a la aplicación de un "modelo de decomiso amplio" y por "valor equivalente". Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso admitieron los recursos al entender que es “válido cuestionar si la sanción puede proyectarse sobre activos que, aunque vinculados temporalmente a la maniobra investigada, hoy pertenecen a personas que no fueron parte del juicio y que ostentan títulos de cesión regularmente acreditados”.
Ahora la definición quedó en manos de la Sala IV de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los mismos magistrados que ya analizan las restricciones al régimen de visitas de la expresidenta. Mientras se define la cuestión de fondo, las defensas ya anticiparon que, en caso de un revés en esta instancia, llevarán el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia e incluso ante organismos internacionales para evitar que el Estado tome posesión efectiva de las propiedades.
El objetivo: recuperar 684 mil millones de pesos
La orden de decomiso original busca recuperar los activos necesarios para cubrir el daño económico que, alegan, fue generado por la corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Además de las propiedades de la familia Kirchner, la medida alcanza bienes del empresario Lázaro Báez y de sus firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto, tras un pedido expreso de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola para asegurar el cobro.
Los inmuebles en disputa son propiedades ubicadas estratégicamente en Río Gallegos y El Calafate. La Justicia determinó que todo se ejecute "previa tasación" para cubrir la suma actualizada de $684.990.350.139. El fallo establece un orden: si el patrimonio de los principales condenados no resulta suficiente para saldar la deuda, se avanzará sobre los bienes de los otros sentenciados, como el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad, Nelson Periotti.
Para los investigadores, la clave radica en que los inmuebles fueron adquiridos dentro del período bajo lupa, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. Mientras se resuelven las apelaciones, la resolución ordena que los bienes queden inscriptos preventivamente en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Decomisados, manteniendo en suspenso su ejecución final hasta que haya sentencia firme.
TC/ML
