El kirchnerismo presentará en el Senado una reforma laboral alternativa a la impulsada por el Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de fijar una posición propia en el debate legislativo y marcar diferencias de fondo con el proyecto oficial. La iniciativa será llevada como dictamen de comisión cuando el tema llegue al recinto de la Cámara alta, donde ingresó formalmente la propuesta del Ejecutivo.
La estrategia fue definida por el espacio que responde a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que decidió avanzar con un texto propio durante el tratamiento de las sesiones extraordinarias, previstas al menos hasta el 31 de diciembre. El proyecto reúne aportes de distintos sectores del Partido Justicialista y del sindicalismo, y busca consolidar una postura común frente a la reforma que propone la Casa Rosada.
La redacción del documento estuvo encabezada por el senador Mariano Recalde y la diputada nacional Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, ambos referentes del kirchnerismo en materia laboral. Según fuentes parlamentarias, la expresidenta siguió de cerca la elaboración de la propuesta y avaló los principales lineamientos.
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El texto no solo incluye una serie de cambios normativos, sino también un diagnóstico crítico sobre la situación del empleo en la Argentina y sobre el impacto del modelo económico actual. Desde ese punto de partida, el kirchnerismo sostiene que la iniciativa oficial no generará más trabajo registrado y que, por el contrario, profundizará la precarización laboral.
El diagnóstico laboral y las críticas al proyecto del Gobierno
En el inicio del dictamen citado por La Nación, el kirchnerismo plantea que el nivel de empleo formal está directamente vinculado al rumbo económico y no a la flexibilización de derechos laborales. En ese marco, cuestiona el argumento del Gobierno de que una reforma de estas características permitirá crear más puestos de trabajo.
Según datos del texto, elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 19.164 empleadores y 276.624 puestos de trabajo registrados. Para el espacio opositor, esas cifras reflejan el impacto del actual modelo económico.

El documento también advierte sobre el crecimiento del pluriempleo y señala que muchos trabajadores se ven obligados a combinar varios trabajos para sostener sus ingresos. Esa situación, indica el kirchnerismo, deriva en un fuerte desgaste físico y mental, con consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida.
En ese sentido, el proyecto remarca que la discusión laboral no puede darse de manera aislada ni “por imposición”, y que cualquier modificación debe contemplar el contexto productivo, el poder adquisitivo y las condiciones reales de trabajo. Esta mirada contrasta con el enfoque del Ejecutivo, al que acusan de avanzar con cambios unilaterales.
Desde el entorno de Recalde y Siley señalan que el dictamen busca convertirse en una base de negociación con otros bloques no libertarios, con la intención de sumar apoyos y firmas en comisión antes del debate en el recinto.
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Los principales puntos de la reforma laboral del kirchnerismo
Entre las propuestas centrales, el proyecto establece que el salario mínimo, vital y móvil debe ubicarse por encima del valor de la Canasta Básica, como condición para garantizar ingresos suficientes a los trabajadores formales. Además, plantea paritarias sin topes ni interferencias del Poder Ejecutivo.
Otro de los ejes es la forma de pago del salario. El kirchnerismo propone que el sueldo se abone exclusivamente en dinero, en contraposición al proyecto oficial, que habilita el pago parcial en especie, habitación o alimentos. Actualmente, la legislación permite ese esquema solo hasta un 20% del salario total.
La reducción de la jornada laboral es otro punto clave del dictamen. La iniciativa propone pasar de las 48 horas semanales actuales a 42 horas, con jornadas de siete horas diarias, y plantea como horizonte avanzar luego hacia un esquema de seis horas por día.
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El proyecto también incorpora el derecho a la desconexión digital para todas las actividades, estableciendo la obligación del empleador de no requerir tareas fuera del horario laboral y reconociendo el derecho del trabajador a no responder comunicaciones una vez finalizada su jornada.
En materia de salud laboral, se propone la creación, por ley nacional, de un organismo similar al Comité Mixto de Seguridad e Higiene Laboral, obligatorio para todas las empresas. El objetivo es analizar las condiciones de trabajo desde la perspectiva de los riesgos psicosociales, con el argumento de que eso reduciría la siniestralidad y, en consecuencia, el costo de las ART.
Finalmente, el dictamen incluye una ampliación de las licencias parentales, llevándolas a 90 días tanto para madres como para padres, y extiende el beneficio a monotributistas, con financiamiento a cargo de la Anses. También suma un apartado específico para regular las condiciones laborales en plataformas digitales.