El Ejecutivo nacional presentó el jueves pasado en el Senado el proyecto de “Ley de Modernización Laboral”. Tras la convocatoria a sesiones extraordinarias, entre el 10 y el 30 de diciembre, la gestión de Javier Milei busca obtener tres leyes que marcarán la segunda etapa de su mandato. Con un Congreso nuevo y poniendo a prueba su estrategia y poder de negociación, el libertario quiere obtener no sólo la tan ansiada reforma laboral con la que prometen reactivar el empleo y la economía, si no también aprobar dos proyectos de septiembre y junio pasados: Presupuesto nacional e Inocencia fiscal.
Pero la más importante para el poder libertario es la reforma laboral. El proyecto en su justificación asegura que pretende “actualizar el marco laboral vigente, a fines de remover las distorsiones que afectan la creación del empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores” y comenzará su camino legislativo el próximo martes 16.
Ese día se realizará la reunión de los presidentes de bloques y se dará comienzo al tratamiento formal del paquete de leyes para las sesiones extraordinarias, que terminarán el 30 de diciembre próximo. Por su parte, el presupuesto y la inocencia fiscal serán tratadas en el mismo período pero en la Cámara de Diputados donde los libertarios ostentan unas 85 bancas que, aunque no le dan la mayoría para marcar su agenda, les permite poner en juego el poder de negociación en un Congreso fragmentado.
La ilusión con el Senado
Pese a la denuncia de senadores, como Carolina Moisés, que alertan que el proyecto debe ser tratado primero en Diputados por contener capítulos impositivos, como la reforma del IVA y del régimen de Ganancias, el Gobierno ingresó el proyecto —confeccionado por el Consejo de Mayo— a la Cámara alta. Es que el Presidente se entusiasma con la media sanción y una aprobación exprés antes de fin de año.
Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 33 votos garantizados: a sus 20 se le suman los 10 del radicalismo y los tres del PRO. De repetir cuatro de los apoyos que obtuvo en sus dos primeros años de gestión, el Gobierno de Milei tendría la media sanción asegurada.
No obstante, se esperan fuertes cruces en el recinto, aunque haya poco tiempo para debatir. La oposición levanta la voz por el ingreso del proyecto a la Cámara alta. “La Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados. Cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento”, aseguró Moisés, senadora por Jujuy.
Desde la Casa Rosada aseguran que tienen el respaldo constitucional y jurisprudencial para ingresar primero por el Senado. En su defensa, afirman que el eje de la reforma no está en lo impositivo. Desde el Ejecutivo explican que la decisión se apoya en el artículo 77 de la Constitución Nacional, que establece que “las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo”, salvo las excepciones previstas en la propia Carta Magna. En ese punto, aclaran que el artículo 52 fija que la iniciativa exclusiva de Diputados rige para las leyes sobre “contribuciones”.
El estancamiento del empleo
En un país en el que el empleo privado está estancado hace 12 años y tiene su correlato en el aumento del trabajo informal y monotributo, la iniciativa oficial promete una modernización de los vínculos laborales mediante 197 artículos que introducen importantes cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen sindical, la negociación colectiva, el sistema de indemnizaciones, la formalización del empleo y la regulación de nuevas formas de trabajo.
En las últimas semanas, desde que se supo que el Presidente buscaría aprobar la reforma laboral, el debate sobre los posibles cambios que incluiría el proyecto final copó tanto programas políticos como redes sociales. Pero no fue hasta el jueves que finalmente se pudieron leer las 122 páginas del proyecto que Milei presentó en el Senado. Los principales aspectos establecen indemnizaciones más bajas y con topes de actualización, vacaciones fraccionadas y la creación de un banco de horas, entre otros.
En este sentido, el proyecto promete fomentar el empleo formal y el blanqueo laboral, al crear un régimen de incentivos para quienes contraten a trabajadores en blanco. La medida tendrá un año de vigencia, y establece que las empresas que contraten a personas desempleadas, monotributistas o exempleados públicos y aumenten la nómina de empleados, tendrán descuentos en el pago de las contribuciones patronales durante los primeros 4 años.
Reforma Laboral: advierten por el pago total del salario en especies
Por otro lado, se establece un régimen de blanqueo para los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados que contempla, por un plazo de 6 meses, la extinción de la acción penal por evasión; la condonación de multas y un porcentaje de la deuda por aportes, y el pago de deuda hasta en 72 cuotas.
En cuanto a la negociación del pago, bajo el concepto de “negociación dinámica”, fomentan que tanto el sindicato como el trabajador pueden acordar con la empresa ingresos extras como compensaciones, sujetas a niveles de productividad o determinados objetivos. Cabe aclarar y tener en cuenta que este tipo de “extras” no se consideran remunerativos, es decir, no forman parte del ‘salario en blanco’ del empleado y por lo tanto, no se consideran en el cálculo del cobro del medio aguinaldo o como parte de un salario sobre el cual se calculará un haber jubilatorio, llegado el momento.
Con controvertidas modificaciones, según desde el lugar en la escala productiva que uno ocupe, el debate copará la atención durante los últimos 15 días del 2025. Serán dos semanas que opacarán la época festiva de Navidad y fin de año. Por su parte, la CGT nacional llamó a un paro general para el jueves 18, aunque en Córdoba los gremios estatales aún lo debaten, mientras siguen atentos lo que pasará en la unicameral provincial, pero por el posible aumento de los aportes previsionales. Tanto el Gobierno nacional como empleados y empleadores estarán a la espera de lo que se decida en la Cámara alta.
