El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) vive tiempos convulsionados, aunque fiel a su estilo, nada sale a la luz y todo se resuelve puertas adentro. La finalización del mandato de Luis Angulo, prevista para el 31 de diciembre, no activó una transición ordenada sino una disputa silenciosa que expone tensiones acumuladas, diferencias de estilo y un “quiebre generacional” que atraviesa a todo el Poder Judicial.
La definición de la nueva presidencia del TSJ quedó empantanada en lo que puede considerarse un “empate técnico” que, por ahora, no logra destrabarse. En ese marco, tres nombres aparecen como las alternativas posibles para conducir el máximo tribunal: María Marta Cáceres de Bollati, Aída Tarditti y Domingo Sesín.
“La pelea no se reduce a una cuestión de cargos. Lo que se discute es el rumbo institucional de la Justicia cordobesa en un contexto de fuerte malestar interno, sumarios disciplinarios, reclamos de fiscales del interior y una brecha cada vez más visible entre una conducción con mucha trayectoria, demasiada, y una planta judicial mucho más joven”, sostiene una fuente que camina los pasillos de Tribunales desde hace décadas. Y añade: “Si vemos la foto del TSJ y se la contrapone con otros ámbitos de la Justicia, o con el gabinete de Llaryora, o incluso con la mayoría de los legisladores, es fácil darse cuenta que la cuestión generacional no es menor: se hacen necesarios los cambios en el Tribunal Superior, aunque es difícil que se concreten en el corto plazo”.
Los perfiles en disputa
Aunque es imposible determinar quién apoyaría a quién en la votación que deben realizar los integrantes del TSJ en principio el martes 16 (“la idea es que nos pongamos de acuerdo, que el elegido salga por consenso”), el tablero quedó dividido en “dos bloques y medio”. De un lado, se impulsa la continuidad del esquema actual a través de Aída Tarditti, presidenta de la Sala Penal. Del otro, asoma Cáceres de Bollati, que cuenta con apoyos de quienes promueven un recambio con otro estilo de conducción.
En el medio aparece la figura de Sesín, quien ya presidió el cuerpo y si bien hizo saber que está dispuesto a apoyar a alguna de las dos candidatas, no descarta que el elegido pueda ser él mismo si no se logra el consenso necesario. El vocal sabe que cuenta con trayectoria, perfil moderado y capacidad de diálogo.
Para muchos dentro del sistema, Tarditti encarna una conducción de mano dura, asociada a la proliferación de sumarios y a un esquema de disciplinamiento que generó resistencias, especialmente en el Ministerio Público Fiscal. Cáceres, en cambio, representa un perfil más conciliador, con mejores vínculos transversales y una mirada orientada a recomponer relaciones dentro del Poder Judicial.
Su candidatura se apoya, además, en un dato político clave: existe una presión interna para que la presidencia del TSJ quede en manos de una mujer, en un contexto donde el debate de género atraviesa todas las instituciones. “En un Tribunal de siete integrantes hay tres mujeres. Sería ilógico que no sea elegida una mujer. Sería interesante escuchar las justificaciones si eso no sucede”, agrega la fuente.
Cómo juega Llaryora
Mientras la interna judicial se recalienta, el Gobierno provincial sigue con atención el desenlace de la elección. El gobernador Martín Llaryora repite a través de allegados que no intervendrá en la definición, pero puertas adentro todos reconocen que su margen de influencia es mayor de lo que admite públicamente. El dato central es el rol de Jessica Valentini, vocal cercana al oficialismo, cuyo voto podría ser determinante en caso de persistir la paridad. Por ahora, el dato es que la instrucción política fue no intervenir, aunque esa neutralidad tiene un límite si la crisis se prolonga.
Al mismo tiempo, algunos movimientos del Ejecutivo alimentan las especulaciones. El anuncio anticipado de Carlos Rubén Lezcano como futuro fiscal general es leído como una señal clara de que Llaryora busca ordenar el frente judicial y bajar tensiones en el Ministerio Público Fiscal, hoy atravesado por un fuerte malestar interno.
