A las 19:33, el presidente provisorio Facundo Torres, a cargo de la conducción del áspero plenario, confirmó la sanción -con 35 votos positivos y uno en contra de Agustín Spaccesi- de la ley que crea la Procuración Penitenciaria de la provincia en el ámbito del Poder Judicial.
La nueva norma impulsada por la oficialista Nadia Fernández, con aval del Centro Cívico, fue el eje excluyente de la polémica en la sesión de este jueves. Halcones opositores y espadas peronistas avivaron el fuego cruzado con duras críticas, pases de facturas y hasta denuncias que afloraron por la “compra” de voluntades.
Tras una extensa lista de oradores que hicieron uso de la palabra, el arco opositor decidió pegar el portazo y se retiró del recinto en el preciso momento en que iniciaba su exposición Fernández, la encargada oficialista de defender la ley y cerrar el áspero debate, para luego pasar a la votación.
Con los ánimos crispados, y en señal de rechazo, las bancadas de la UCR y el Frente Cívico activaron la movida a la que se sumaron el mileista Gregorio Hernández Maqueda, los dos alfonsinistas de Construyendo Córdoba, los tres del PRO (aunque divididos internamente), el vecinalista Gerardo Grosso y la representante de izquierda Luciana Echevarría. La radical escindida Graciela Bisotto estuvo ausente en la sesión.
De este modo, el arco opositor buscó -sin éxito- hacer caer el quorum del plenario con la intención de que el proyecto del PJ volviera a comisión. Pero, Agustín Spaccesi, se quedó en su banca y salvó al oficialismo para la continuidad de la sesión.
El libertario argumentó que “los cordobeses le pagan el sueldo” para cumplir con su tarea de legislador y cargó duro contra los opositores. Desde el halconismo cambiemista volvieron a hablar de “compra” de voluntades.
Spaccesi calificó como “una brutal extorsión” por parte de la oposición el no aprobar la ley al sostener que “no se pusieron de acuerdo con los nombres” de los candidatos a ocupar la nueva estructura en el ámbito judicial. Los cambiemistas lo cruzaron con los tapones de punta desmintiendo esa acusación y devolvieron el golpe. “Esperábamos que se fuera porque tuvo un discurso fuerte, pero es un discurso para la galería nada más”, afirmó Brenda Austin. En la volteada también cayó el cristinista Federico Alesandri que ya forma parte del bloque oficialista.
“Esperábamos también que Alesandri, que nos acompañó en su momento con el proyecto de la creación del mecanismo local de prevención de la tortura, tuviera coherencia con su voto”, subrayó. “Bueno, ahí está. Y cada una de esas decisiones, de cada uno de esos pases, de gente que la gente votó para ser opositora y que terminan convalidando al oficialismo lo ha hecho a cambio de cuestiones que terminan pagando todos los cordobeses. Por algo no quieren mostrar los contratos de la Legislatura”, fustigó la boina blanca al apuntar contra el libertario autónomo y el peronista K.
“Eso es una barrabasada. Yo sigo viviendo en mi casa de siempre. Sigo teniendo el mismo auto de siempre. Sigo teniendo el mismo negocio de siempre. Eso es una barrabasada. El que lo diga que lo pruebe”, cruzó Spaccesi ante la consulta periodística por “la compra de voluntades” mediante una supuesta suma de dinero. “También sería muy grave que negocien cargos para aprobar una ley”, remarcó en su contraataque.
“Un error” el portazo
Con el recinto vaciado por la oposición, el oficialismo en soledad -porque Spaccesi votó en contra- aprobó la ley que crea la Procuración Penitenciaria Provincial. Un organismo autónomo para supervisar el sistema penitenciario cordobés y que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial.
La presión judicial y de la oposición, que cobró fuerza mediática, hizo retroceder algunos pasos al oficialismo que se evidenciaron en los cambios que se introdujeron a último momento. “Es necesario esta ley”, dijo Torres y afirmó que “se hicieron cambios sustanciales” al cuestionar el portazo opositor.
“Estamos tratando un proyecto de ley necesario, que venimos trabajando desde hace tiempo y que incorporó muchos aportes, incluso de algunos de los legisladores que ahora se fueron. Se hicieron cambios sustanciales que fueron mencionados recién por Nadia Fernández, que fueron trabajados para constituir la Cámara en Comisión”, señaló el peronista desde el estrado de la presidencia.
“Y, sin embargo, se fueron. Quedarse y decir que no estás de acuerdo está bien, pero levantarse e irse sin ni siquiera poner la cara para decirlo me parece realmente un error muy grave. La democracia no se construye así”, lanzó en su pase de factura al arco opositor. “Me parece un error y una irresponsabilidad institucional muy grave”, sentenció Torres en la última sesión como presidente provisorio ya que pasará a tomar las riendas de la jefatura del bloque oficialista.
La ley en cuestión
La flamante norma establece la creación de la Procuración Penitenciaria, organismo que tendrá por objeto la tutela, promoción y protección de los derechos y garantías de toda persona detenida o privada de libertad en jurisdicción provincial.
El nuevo organismo actuará con autonomía funcional, bajo la órbita del Poder Judicial, sin interferir en el rol del Ministerio Público Fiscal ni con otros mecanismos de control existentes. “El objetivo es que aporte a fortalecer el sistema conforme a estándares nacionales e internacionales”, se destacó desde la bancada oficialista.
Entre sus obligaciones, el nuevo ente deberá realizar la inspección y supervisión de todos los lugares de detención, la elaboración de recomendaciones y requerimientos formales a organismos estatales, y la capacidad de solicitar medidas urgentes frente a situaciones de vulneración de derechos.
En el tramo final del debate, Fernández aportó los cambios al despacho original. Se introdujeron modificaciones en los artículos 3 y 5 del despacho de mayoría. También, indicó que se eliminaron los artículos 26 y 27.
De esta manera, según define el artículo 3, el flamante organismo quedará conformado por la Procuración Penitenciaria General; un máximo de cuatro Procuraciones Penitenciarias Adjuntas y con facultad del Ejecutivo para determinar su cantidad en base a las necesidades operativas de la institución; y dos Secretarías Técnicas.
Mientras que el artículo 5, referido a la duración del mandato del Procurador General, estipula que durará en su cargo 5 años con la posibilidad de ser designado nuevamente (al igual que la figura del fiscal General de la Provincia). Las Procuraciones Penitenciarias Adjuntas y las Secretarías Técnicas gozarán de la garantía de inamovilidad en sus cargos. Se consignó que podrán ser removidos del mismo modo y por las mismas causales previstas para los jueces. Además, les serán aplicables las mismas inmunidades e incompatibilidades.
