El Gobierno de Javier Milei presentó este jueves en el Congreso el Proyecto de Modernización Laboral, una iniciativa que busca reformar el régimen de trabajo vigente y que será tratada en comisión desde la próxima semana.
El Presidente firmó y envió la propuesta en un escenario político favorable y pidió al Parlamento “un tratamiento rápido y responsable” para avanzar con cambios estructurales en el mercado laboral argentino.
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El proyecto apunta a reducir la litigiosidad, actualizar normas históricas y promover la creación de empleo formal, en un contexto donde el sector privado no genera puestos registrados desde 2011.
Un análisis sectorial con efectos diferenciados
De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Empiria, el impacto del Proyecto de Modernización Laboral variará significativamente entre sectores productivos.
Según el documento, en las actividades industriales medianas y grandes, “la combinación del FAL – Fondo de Asistencia Laboral –, flexibilización de jornada y vacaciones, y acotamiento de la solidaridad en subcontratación podría traducirse en mayor previsibilidad de costos laborales y margen para reorganizar turnos y esquemas productivos”.
Empiria advierte que este eventual alivio dependerá, en buena medida, de la capacidad de cada rama para renegociar sus convenios colectivos y adaptar la nueva normativa a las particularidades operativas de cada actividad.
Uno de los sectores donde se espera un impacto más visible es la construcción, marcado por una alta rotación y un uso extendido de subcontratistas. “La reducción de solidaridad en cadenas de contratación aumenta la importancia de la solvencia de cada subcontratista”, señala el informe, que además remarca que el equilibrio entre previsibilidad empresaria y protección efectiva de los trabajadores será un punto crítico a observar.
En comercios minoristas y servicios presenciales —como gastronomía y hotelería—, las modificaciones podrían aportar mayor previsibilidad en términos de costos, así como en la administración de vacaciones y jornadas laborales. No obstante, Empiria advierte que, dada la informalidad persistente en algunos segmentos, el impacto real dependerá de la fiscalización estatal y de la evolución de la demanda agregada en los próximos meses.
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El reporte también destaca que el reconocimiento de un régimen específico para trabajadores independientes de plataformas podría “consolidar el estatus de no-dependencia en muchos casos”. Esto, según la consultora, reduce riesgo jurídico y costos potenciales de reclamos para las empresas del sector, aunque abre un nuevo debate sobre los límites y alcances de estos modelos de trabajo.
Un contexto que habilita la reforma
Según Empiria, el escenario político tras las elecciones de medio término —con un Congreso más favorable al oficialismo y respaldo de Estados Unidos y del FMI— abre una oportunidad concreta para avanzar con una reforma laboral de jure – de derecho –, algo que no ocurre desde hace décadas. El Gobierno busca capitalizar esa ventana, especialmente ante un dato clave: el empleo privado formal no crece desde 2011.
La consultora recuerda que la legislación vigente, cuyo núcleo se remonta a 1974, terminó fomentando una “reforma de hecho”, marcada por mayor informalidad y precarización. Hoy el mercado laboral cuenta con 21 millones de trabajadores: 6,3 millones de asalariados privados registrados, 3,4 millones de empleados públicos, 5,7 millones informales y 5,8 millones de cuentapropistas. En 2012, los asalariados privados formales eran el 35% del total; hoy representan apenas el 29%.
Para Empiria, esta evolución demuestra que, bajo la rigidez actual, el ajuste ya no se da por cantidad de empleo, sino por salario y calidad del trabajo, con un crecimiento persistente del empleo informal y por cuenta propia.
GZ
