Diputados no debatirá el veto presidencial a la asistencia para Bahía Blanca tras la inundación

La Cámara de Diputados retiró hoy el proyecto que declara la emergencia en Bahía Blanca, tras una moción pedida por la diputada del PRO Silvana Giudici. Se opusieron a la decisión la Izquierda y el bloque Democracia para Siempre, que preside el radical Pablo Juliano. El presidente Javier Milei vetó semanas atrás la iniciativa que otorgaba fondos a la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, luego de la catástrofe que azotó a la zona.

Fue en el inicio de la sesión en la que se tratarán, entre otras cosas, un proyecto que otorga fondos a universidades y la emergencia en el sector de pediatría.

En junio, el Congreso había aprobado la Ley 27.790, una iniciativa impulsada por legisladores bonaerenses de la oposición. La norma preveía la creación de un fondo especial de $200.000 millones (adicionales a los recursos ya otorgados por el Ministerio de Seguridad), exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, incentivos para la ejecución de obras públicas con empleo local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.

Pese al amplio respaldo que recibió la ley tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el presidente Javier Milei decidió vetarla.

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El rechazo fue formalizado mediante el Decreto 424/2025, en el que el Poder Ejecutivo argumentó que los beneficios previstos en la ley ya habían sido implementados a través de otro decreto (el 238/25), el cual estableció el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), gestionado por el Ministerio de Seguridad. Según el Gobierno nacional, la ley vetada duplicaba las medidas ya vigentes, lo que la volvía innecesaria.

El decreto también indicó que, para el momento en que se evaluó el veto, ya se habían entregado subsidios de entre 2 y 3 millones de pesos a la mayoría de los damnificados que los habían solicitado. Asimismo, señalaron que la ley carecía de “una partida presupuestaria específica para su ejecución”, lo que incumplía las normas establecidas por la Ley de Administración Financiera.

Otro aspecto objetado desde Casa Rosada fue la inclusión de Coronel Rosales en el plan de ayuda. El Ejecutivo rechazó de plano su incorporación con base en informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos, los cuales, según argumentaron, no consideraban a esa localidad entre las más afectadas por el fenómeno climático.

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Finalmente, el decreto firmado por el presidente Javier Milei también objetó que el texto aprobado por el Congreso no especificaba la fuente de financiamiento de los recursos necesarios para implementar sus disposiciones.

Por último, señalaron que esto violaba el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y sus modificatorias, que exige que toda ley que contemple gastos no incluidos en el presupuesto nacional debe especificar con claridad la fuente de los fondos.

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La tormenta que azotó el sur de la provincia de Buenos Aires el 7 de marzo de 2025 provocó consecuencias de gran magnitud en las localidades de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Según estimaciones oficiales, el fenómeno afectó a más de 23.000 vecinos en Bahía Blanca y a cerca de 6.000 en Coronel Rosales, y obligó a más de 2.500 personas a evacuar sus hogares.

En términos de infraestructura, se registraron daños severos en más de 5.000 viviendas, centros educativos, hospitales y redes de energía y agua potable. Se contabilizaron más de 300 calles anegadas, la destrucción de varios puentes y la pérdida total de vehículos y maquinaria urbana.

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El impacto económico fue igualmente significativo. De acuerdo con informes presentados por las autoridades provinciales y municipales, los daños materiales ascienden a un estimado de $178.000 millones en Bahía Blanca y $28.000 millones en Coronel Rosales, cifras que superan con creces la capacidad de respuesta presupuestaria local.

Las autoridades locales reclamaron asistencia urgente al Estado nacional, lo que motivó el debate legislativo, aún abierto y que se debatirá este miércoles, sobre el alcance y el financiamiento de las medidas de emergencia para la recuperación de ambas ciudades.

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