Historia, causa judicial en Estados Unidos y conflicto político y fueros en Argentina

María Lorena Villaverde, hoy dirigente de La Libertad Avanza y electa senadora por Río Negro, se convirtió en el centro de una de las controversias políticas más resonantes de la última década. Su pasado judicial en Estados Unidos –marcado por una detención en 2002, un juicio anulado, una excarcelación posterior y la eliminación de cargos en 2017– dejó preguntas sin respuesta que, más de veinte años después, reaparecieron para frenar su llegada al Senado argentino.

Nacida en Río Negro en 1974, Villaverde vivió parte de su juventud en la Patagonia. A fines de los años 90 se radicó en Florida, Estados Unidos,  donde trabajó en el rubro textil y desarrolló una vida aparentemente común: obtenía ingresos modestos, poseía número de Seguridad Social, contaba con licencia de conducir y desempeñaba tareas en una boutique de ropa en Miami Beach.

Tras regresar a la Argentina años después, se vinculó con el emergente espacio liberal libertario, participó en campañas locales y finalmente fue electa diputada nacional en 2023. Su ascenso político parecía consolidado cuando obtuvo una banca en el Senado, pero esa jura jamás llegó a concretarse al hacerse público su historial judicial estadounidense.

El 15 de julio de 2002, en Sarasota, fue arrestada junto a dos hombres, señalados como parte de una red de comercialización de cocaína. La acusación fiscal sostuvo que el grupo estaba implicado en la venta y distribución de más de 400 gramos de esa droga. El caso fue tomado por la Justicia Federal, lo que indicaba que se suponía una operación de alcance interestatal o con implicancias de mayor magnitud que un simple delito local.

Dos días después, el 17 de julio, se formalizaron los cargos: distribución de estupefacientes y conspiración para distribuirlos. Ese último delito se volvió clave, porque en Estados Unidos basta con que una persona tenga conocimiento o participe de algún modo en un acuerdo para cometer un crimen, aunque no tenga drogas en su poder ni se pruebe que su acción concreta contribuyó al delito.

Villaverde se declaró no culpable desde el inicio, pero quedó bajo custodia judicial. Le fijaron una fianza de cincuenta mil dólares para obtener la libertad y continuar el proceso en libertad, aunque la causa siguió su curso.

Tras la década de los 80, donde Miami se consolidó como puerta de ingreso de cocaína hacia Estados Unidos, el área siguió siendo punto de vigilancia extrema bajo políticas federales cada vez más duras. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Departamento de Justicia amplió las facultades de investigación e inteligencia. En esa época, miles de casos por conspiración de drogas se sostenían con pruebas indirectas, escuchas mínimas o sólo con testimonios de acusados dispuestos a reducir su condena.

En ese escenario, cualquier vínculo o presencia en una transacción sospechosa llevaba a imputaciones amplias. Era común que, ante la presión judicial, los acusados con información relevante acordaran declarar contra terceros a cambio de reducciones de pena. Ese mecanismo explica lo que ocurrió con los otros imputados del expediente: ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad previo al juicio, lo que agravó la situación de Villaverde.

En octubre de 2002, un jurado popular declaró culpable a Villaverde. El fallo quedó registrado, pero su defensa solicitó inmediatamente un nuevo juicio alegando inconsistencias procesales y controversias respecto de las pruebas y testimonios utilizados. El tribunal aceptó el planteo: anuló la condena y ordenó repetir el juicio.

Ese giro fue decisivo. Aunque la nulidad no equivalía a absolución, reabría por completo el expediente. Sin embargo, la nueva instancia jamás se realizó. A partir de allí comenzó una secuencia de dilaciones, cambios de abogados defensores, y pedido de documentación adicional. Según el relato posterior de Villaverde, los fallos contenían versiones contradictorias de los hechos y se había vulnerado su derecho de defensa, especialmente por la importancia que había tomado la “conspiración” sin prueba material directa.

Con el paso de los años fue excarcelada. Regresó a la Argentina y se reconstruyó la vida lejos del proceso. Lo inesperado llegó en 2017: la Fiscalía Federal solicitó retirar los cargos debido a la “parálisis procesal insuperable” del caso. No se trató de una absolución por inocencia probada, sino de la imposibilidad de insistir en un juicio tras tantos años de inactividad judicial. Al no haber avance ni pruebas nuevas, ni presencia de la imputada en territorio estadounidense, la fiscalía desistió de continuar y el tribunal aceptó la decisión.

En 2019 ocurrió otro hecho llamativo: como las evidencias no habían sido reclamadas, fueron destruidas de manera administrativa. Esa eliminación imposibilitó cualquier reconsideración futura del expediente.

El cierre por “parálisis procesal” no equivale a una absolución plena. Técnicamente, la persona deja de estar acusada, el caso queda sin efectos y no puede ser perseguida nuevamente por los mismos hechos. Sin embargo, a diferencia de una sentencia absolutoria, no implica una conclusión categórica sobre la inocencia ni un pronunciamiento sobre la inexistencia del delito.

Desde el punto de vista legal, nadie puede usar ese expediente para impedirle ejercer cargos públicos, ya que no existe condena vigente. No obstante, desde la óptica ética y política, el pasado judicial genera un conflicto: la sociedad demanda transparencia y relato coherente, sobre todo cuando se trata de narcotráfico, un delito especialmente sensible en la agenda pública argentina.

Curriculum: de Cipolleti a Buenos Aires

Villaverde nació en San Antonio Oeste y completó sus estudios secundarios en Cipolletti. Comenzó la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional del Comahue, pero no la finalizó. En el ámbito privado, se desempeñó también en el marketing turístico, la actividad portuaria y los desarrollos inmobiliarios.

A pesar de haber vivido en varias ciudades, como San Antonio, Cipolletti y Buenos Aires, Villaverde se radicó en Las Grutas, donde se dedicó al negocio de inmuebles. Es madre de dos hijos y, según su entorno, mantuvo siempre una postura crítica hacia la política tradicional.

En 2023, impulsada por la figura de Javier Milei, decidió ingresar a la política y se postuló como candidata a intendenta de Las Grutas. Aunque no logró la intendencia, su crecimiento en el espacio libertario le permitió ser electa como diputada nacional por Río Negro en las elecciones de ese mismo año.