Juicio por YPF: Argentina le pidió a Cámara de Apelaciones de Nueva York suspender la entrega de pruebas

Argentina, a través de la Procuración del Tesoro, le pidió a la Justicia de Estados Unidos que suspenda “de forma inmediata” el proceso de discovery en el juicio que fondos de bonistas llevan adelante en torno a la expropiación de YPF. El organismo, que ahora dirige como nuevo procurador Sebastián Amerio luego de ser reemplazado como viceministro de Justicia, presentó una moción de emergencia a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para suspender la etapa de exhibición y producción de documentos (conocida como discovery).

Esta medida fue ordenada por la jueza Loretta Preska, quien pidió investigar las comunicaciones electrónicas de funcionarios y exfuncionarios argentinos para establecer que "el grado de relación" existía entre YPF y el Estado.

Los abogados de Procuración del Tesoro explicaron. en la presentación donde solicitan la suspensión del discovery, ya que consideran que se trata de una “incorrecta apelación del derecho argentino” y el “fórum non conveniens”; además, expresan que la continuidad del discovery "produce un prejuicio irreparable para la soberanía nacional” que afectaría la “previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras”. También remarcaron que el interés público recomienda “evitar impactos en las relaciones exteriores” y “posibles ineficiencias procesales”.

Otro de sus argumentos es que “Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 117.500 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango”. Además, señalaron que "Argentina entregó 86 notas de voz y más de 800 páginas adicionales".

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En otra parte de la presentación, los letrados argentinos mencionan el apoyo que recibió nuestro país del Departamento de Justicia norteamericano, al presentar ante el tribunal que preside la jueza Preska un documento a favor de Argentina.

Cerrando su argumentación, la Procuración advirtió que seguirá trabajando para “resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público. Se sostendrá una defensa firme y consistente del interés nacional y de su soberanía frente a cualquier medida que considere contraria al orden jurídico argentino y a las normas fundamentales que rigen las relaciones entre Estados”.

Esta causa comenzó tras la estatización de YPF en 2012 y generó un fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar aproximadamente 16.100 millones de dólares a los fondos que litigaron por no haber tenido una oferta pública de adquisición como la que tuvo el accionista mayoritario.

Fondos pidieron que se declare a Argentina en desacato

A mediados de enero de este año, los fondos Petersen y Eton Park presentaron un escrito ante la jueza  Preska exigiendo que Argentina sea declarada en desacato por haberse demorado en la entrega de pruebas fundamentales para el caso.

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Según esta la denuncia, el Estado argentino no entregó todos los emails y mensajes de funcionarios (tanto actuales como anteriores) pedidos por la corte. Por ese motivo, los querellantes le pidieron a la jueza que aplique a la Argentina:

- Sanciones económicas.

- Presunciones adversas (que la Justicia asuma como ciertos los hechos que los correos y mensajes podrían haber demostrado).

- Cronogramas estrictos para obligar a entregar la información.

De esta manera, los fondos buitres tratan de demostrar que empresas y organismos públicos como el Banco Central, o Aerolíneas Argentinas actuaron como un “alter ego” del Estado.

HM/HB