El juicio por la expropiación de YPF en Nueva York entra en una semana clave: este martes vence el plazo para que la Argentina entregue chats y comunicaciones solicitadas por la jueza Loretta Preska, en una causa que enfrenta al Estado argentino con los demandantes por la petrolera.
La causa se tramita en el tribunal del Segundo Circuito de Nueva York y se centra en la producción de mensajes y documentos vinculados a la actuación del Gobierno argentino en relación con YPF.
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En agosto de este año, el Estado argentino pidió que se reconsiderara la orden judicial que obliga al país a compilar mensajes y comunicaciones hallados en los dispositivos móviles de dos ministros de Economía.
Ese planteo fue rechazado por la jueza Preska, quien además ratificó su fallo inicial, manteniendo la exigencia de entregar la información requerida.
La solicitud de la Argentina apuntaba a dejar sin efecto la decisión del 29 de julio, cuando Preska habilitó a los demandantes a acceder al contenido de los dispositivos electrónicos de los dos últimos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa.
El conjunto de datos requerido incluye correos electrónicos oficiales y privados, además de mensajes de aplicaciones como WhatsApp, en el marco de un procedimiento de “discovery” del alter ego, que busca establecer que el Estado argentino y YPF actuaron como una misma entidad.
Ubicación y uso de las reservas
El analista en litigios internacionales Sebastián Maril señaló en su cuenta de la red social X que, como novedad en el juicio por YPF, esta semana un representante del Gobierno deberá presentarse ante los abogados de los beneficiarios del fallo.
Según explicó el especialista, en ese encuentro deberán responder preguntas sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del país, un aspecto que se suma a las exigencias de información dentro del proceso judicial.
Maril consideró que es probable que el Gobierno no revele demasiados detalles sobre esas reservas y advirtió que el tema podría convertirse en una queja en la próxima audiencia con la jueza Preska, prevista para finales de enero.
En ese mismo sentido, el especialista agregó precisiones sobre la situación de los dispositivos móviles requeridos por la Justicia estadounidense y sostuvo: “Hoy Argentina debe responder si los 5 funcionarios que no querían entregar sus dispositivos móviles para obtener mensajes de Whatsapp y similar, van a cooperar”, señaló Maril.
La fecha límite para que la Argentina entregue la información correspondiente a los funcionarios que ya aceptaron colaborar es el 16 de enero, mientras que no hay información específica sobre los nombres de quienes aún no confirmaron la entrega de sus dispositivos.
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Presión judicial y advertencias del tribunal
De acuerdo con lo detallado por Sebastián Maril en su cuenta de X, el 10 de diciembre la jueza Loretta Preska incrementó la presión sobre la Argentina por el incumplimiento en la producción de documentos vinculados al caso por la expropiación de YPF.
En ese marco, la magistrada calificó como “ridículos” ciertos comentarios realizados por abogados neoyorquinos que representan al país e instó a ambas partes a trabajar de manera constructiva, ordenando que los letrados se reúnan de manera presencial en el plazo de una semana para intentar resolver las diferencias, en lugar de continuar con intercambios de cartas costosos, durante una reunión relacionada con la producción de dispositivos móviles de funcionarios y exfuncionarios.
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