La CGT apuesta a la vía judicial y descartó movilizarse al Congreso este viernes
La central obrera rechazó sumarse al paro de 36 horas del sector más duro del sindicalismo y prefirió centrar su ofensiva en los tribunales. El lunes marcharán a Plaza Lavalle para impugnar la reforma laboral de Javier Milei por considerarla inconstitucional.
La conducción de la CGT dio un giro de timón y trasladó el escenario de su pelea contra el Gobierno desde las puertas del Congreso hacia los tribunales de la calle Talcahuano. Los principales gremios decidieron detener las protestas por la sesión del Senado prevista para este viernes, donde el oficialismo buscará convertir en ley la reforma laboral. En lugar de una movilización masiva frente al Palacio Legislativo, la central obrera eligió una marcha más acotada para el próximo lunes hacia la Plaza Lavalle, con el objetivo de acompañar la presentación de un recurso de amparo contra la norma.
Con este movimiento, la cúpula se desmarcó definitivamente del ala combativa nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que ratificó un paro de 36 horas con movilización. La mayoría de los dirigentes que integran la "mesa chica" consideró que no existe clima social para otra protesta de gran escala y optó por un esquema moderado. De hecho, la convocatoria del lunes no incluyó a los trabajadores de base ni a los afiliados, sino que se limitó a la participación de dirigentes y cuerpos de delegados.
La resolución se cocinó durante una tarde de debates intensos en la sede de UPCN, en el centro porteño. Allí, los referentes de la central analizaron el panorama legislativo y admitieron que la ofensiva judicial es ahora la herramienta más efectiva. Jorge Sola, secretario de Prensa de la entidad, explicó que la reforma laboral no solo altera la representación de los sindicatos, sino que también lesiona derechos individuales básicos que la Constitución nacional protege.
El malestar interno también estuvo presente durante el encuentro, especialmente por las críticas de los sectores más duros que los acusaron de "poner excusas para no pelear". Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estados (ATE), lanzó duros cuestionamientos contra quienes "confiaron en el Congreso cuando no estaban los votos y ahora piden confiar en la Justicia". A pesar de estos cruces, la conducción mayoritaria mantuvo su postura de priorizar los expedientes legales por sobre la confrontación directa en las calles.
Finalmente, los dirigentes repasaron el largo camino de negociaciones que mantuvieron desde diciembre con más de 16 gobernadores y otros tantos legisladores. Sola lamentó que, a pesar del esfuerzo por hacerles ver lo "nocivo" del proyecto, muchos representantes provinciales no sostuvieron sus compromisos originales en el recinto. Ante este escenario de derrota parlamentaria, la CGT buscó refugio en el antecedente del decreto 70/2023, donde ya logró frenar el capítulo laboral mediante la intervención de los jueces.
Tensiones y debates internos
Dentro de la sede de UPCN, las posturas más rígidas llegaron de la mano de Juan Carlos Schmid y Omar Maturano, quienes exigieron medidas de fuerza más contundentes. Schmid propuso iniciar paros sectoriales inmediatos para protestar por la caída de los salarios, mientras que Maturano reclamó la convocatoria del Comité Central Confederal para fijar un nuevo plan de lucha. Sin embargo, el sector de los "Gordos" e "Independientes" impuso su criterio de esperar a la ofensiva judicial del lunes.
La central obrera centró sus esperanzas en que la Justicia del Trabajo vuelva a fallar a su favor como sucedió con los amparos anteriores. Los abogados de la CGT prepararon un escrito que cuestiona la constitucionalidad de varios artículos de la nueva ley, bajo el argumento de que el Congreso no puede legislar contra derechos adquiridos. La movilización a Tribunales buscará ser una muestra de apoyo a los jueces que deberán decidir sobre el futuro de las relaciones laborales en el país.
La decepción con los legisladores propios y aliados marcó el cierre de la reunión. Los gremialistas notaron que muchos senadores que se habían comprometido a votar en contra terminaron cediendo a las presiones de sus gobernadores o del Ejecutivo nacional. Esta "traición" parlamentaria, según la definieron en privado, obligó a la central a recalcular y repensar su vínculo con el peronismo en el Congreso, mientras el ala dura vaticinó que la historia juzgará a quienes no estuvieron en la calle durante la sanción de la ley.
TC
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