La CGT comenzó la guerra judicial contra la Reforma Laboral en dos frentes

La CGT prometió una rápida reacción contra el proyecto de reforma laboral que fue promulgado este viernes y cumplió con creces. Ayer, presentó un amparo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal para frenar la normativa, que ya recayó en el juzgado a cargo de Enrique Lavié Pico. Y afina su próximo paso: realizar otra presentación pero en el fuero laboral.

La central obrera, tal como anticipó PERFIL el domingo, tenía en claro que, primero, debía avanzar en una demanda contra la legalidad de la normativa en el Fuero Contencioso Administrativo y no en los juzgados laborales. En dicho amparo, se requiere la declaración de nulidad e invalidez constitucional de los artículos que consagran el traspaso del Juzgado Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.

Se hace referencia a los artículos 90 y 91 de la ley y del convenio de transferencia de competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires. “La eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo, incurre en grave arbitrariedad, a la par que resulta en varios aspectos irrazonable, vicios ambos -arbitrariedad e irrazonabilidad de las normas- que constituyen causales de invalidez constitucional según la repetida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumentó la calle Azopardo en uno de los párrafos de las 22 hojas de la presentación.

Un detalle: la CGT habla de su legitimidad para encarar el reclamo judicial marcando que representa a trabajadores de todas las ramas de la economía. E insiste en cada hoja, con distintos argumentos, sobre la relevancia de la Justicia Nacional del Trabajo. Para la CGT constituye “un órgano del Poder Judicial de la Nación que, por la especialización de sus magistradas y magistrados así como por la particular comprensión del fenómeno de la dependencia laboral que desde hace nueve décadas constituye una garantía para las trabajadoras y los trabajadores a la hora de hacer valer los derechos”.

A su vez, menciona que la reforma libertaria contraviene principios constitucionales del derecho laboral, como el de progresividad, que establece que los derechos de los trabajadores no pueden retroceder una vez alcanzados. Marca asimismo que algunos cambios contradicen compromisos asumidos por el país en tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un punto clave y que, creen, puede ser considerado por el juzgado de Pico.

Esta no será la única vía que explotará el cegetismo en su pelea por impedir que la ley camine. Ya agotó la vía parlamentaria, con diálogos que no dieron frutos con legisladores, la vía protesta en las calles y fortalece el recorrido judicial. Por eso, fuentes sindicales anticipan ante este medio que, finalmente, aparecerá otra demanda pero en el fuero laboral. Pese al contexto en el que está sumergido el fuero, en vías de extinción de acuerdo a la ley de modernización del trabajo que sancionó el Senado el pasado viernes con 44 votos.

En la mesa chica del movimiento obrero aseguran que los jueces que entienden en materia laboral “están presionados” por el Gobierno y que tranquilamente podrían fallar en sintonía con la Casa Rosada. No obstante, jugarán unas fichas con la esperanza de que los magistrados determinen que el texto es inconstitucional.

Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y uno de los principales articuladores de la calle Azopardo, también se encargó de mostrar críticas contra la ley ante el Fondo Monetario Internacional. Lo hizo como parte parte de las Reuniones de Expertos 2026 organizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC) y la AFL-CIO, en Washington, Estados Unidos. Allí, estuvieron representantes del Fondo y del Banco Mundial.

El hombre que representa a los trabajadores de la construcción fue al cónclave de la CSI y decidió que era un ámbito propicio para dar la visión de la CGT del proyecto. El temario estuvo dedicado al impacto de la tecnología en el mundo laboral. Sin embargo, el sindicalista cargó contra el proyecto: “Colisiona en lo colectivo y en lo individual con la Constitución argentina. Y lamentablemente el diálogo tripartito no es una política de Estado, mientras hay una crisis que afecta el desarrollo y la producción y, por ende, aumentan el nivel de despidos y el cierre de fuentes de trabajo”.