La reforma política de Milei abre una negociación difícil: Diputados quieren Ficha Limpia "aparte" y complican la eliminación de las PASO

El gobierno de Javier Milei enviará al Congreso su reforma electoral con un objetivo ambicioso: rediseñar las reglas de competencia política en un solo paquete. La iniciativa incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y la incorporación de Ficha Limpia. Pero, antes de ingresar formalmente, ya quedó atravesada por tensiones políticas y dudas sobre su viabilidad.

El anuncio lo hizo el propio Presidente desde Israel, con un mensaje enfático contra las primarias y el financiamiento estatal de la política. Sin embargo, detrás de esa definición pública aparece un escenario más complejo: el oficialismo no tiene asegurados los votos para avanzar con la derogación de las PASO y apuesta a incluir Ficha Limpia como elemento de presión para atraer a sectores de la oposición, según confiaron desde el Parlamento a PERFIL.

La principal resistencia a la eliminación de las primarias radica en el PRO de Mauricio Macri. "A un año de las elecciones es poco serio" y "eliminarlas sin una propuesta alternativa no es una opción", afirmaron desde el bloque amarillo a este medio. 

En ese marco, la inclusión de Ficha Limpia propone como moneda de cambio a una iniciativa que había impulsado el PRO y no había podido aprobar ni en 2024 ni en 2025, tanto por la oposición del peronismo como por la presión propia de LLA. Ese movimiento táctico, lejos de ordenar el tablero, abrió nuevas diferencias, porque los aliados y/o dialoguistas en algunas cuestiones con el Ejecutivo quieren que el proyecto para impedir que políticos juzgados por corrupción (en segunda instancia) se discuta por fuera de la reforma política.

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La disputa por Ficha Limpia y los proyectos cruzados

Aunque existe un acuerdo general sobre la necesidad de avanzar con Ficha Limpia, los bloques opositores buscan despegar ese debate del paquete electoral del Gobierno. 

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, planteó a PERFIL que su espacio propone, como diferencia de los proyectos pasados, una inhabilitación amplia para candidatos condenados, incluso sin sentencia firme, abarcando delitos contra la administración pública, el orden constitucional, el sistema financiero y otros delitos dolosos graves. Pero marcó un límite político claro: “Soy partidario de trabajarlo por fuera de la reforma política que propone el Gobierno para no manchar el proyecto del movimiento ciudadano y/o que sea un mecanismo de apriete para otro objetivo”.

En la misma línea, advirtió sobre la intención del oficialismo de concentrar todos los cambios en un único proyecto: “Van a querer meter todo en una, y ahí también está la eliminación de las PASO, el financiamiento, etc. No mezclo los temas”.

Ese posicionamiento refleja una tensión de fondo: mientras el Gobierno intenta articular una negociación integral, parte de la oposición busca fragmentar el debate para evitar condicionamientos cruzados.

El escenario se complejiza porque Ficha Limpia ya tiene múltiples iniciativas en el Congreso. En Diputados, proyectos de la Coalición Cívica, la UCR y Provincias Unidas conviven con propuestas similares en el Senado, impulsadas por el PRO.

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La diputada radical Karina Banfi explicó a PERFIL que su proyecto amplía el alcance respecto de versiones anteriores: “El proyecto alcanza a todos los delitos de persecución penal, sin distinción, con todos los capítulos que integran el Código Penal”.

Banfi remarcó además que el impulso responde a una demanda sostenida de la sociedad civil y cuestionó el rol del oficialismo en el fracaso previo de la ley: “Quienes dejaron perder la votación del año pasado fue el oficialismo. Habría que preguntarle a ellos qué es lo que cambia”.

Y agregó una advertencia sobre el contenido del eventual proyecto del Ejecutivo: “Primero tenemos que conocer qué pretenden, si vienen con doble conforme o con sentencia firme… habrá que ver”.

Desde Provincias Unidas, la diputada Gisela Scaglia también marcó diferencias en el diseño. Su propuesta incorpora más delitos, incluye a deudores alimentarios y fija un plazo de inhabilitación de 10 años: “Lo convierte realmente en un proyecto de ley anticorrupción… y para mí es clave incorporar el deudor alimentario”.

Scaglia sostuvo que el proyecto, que elaboró a partir del trabajo de Gastón Marra desde la sociedad civil no responde a coyunturas políticas sino a compromisos previos, aunque reconoció el impacto del contexto actual: “El mensaje es muy importante en este momento donde debatimos quiénes tienen que ser los candidatos”.

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El trasfondo: las PASO y una mayoría en duda

El principal obstáculo para el Gobierno sigue siendo la eliminación de las PASO. Según reconstruyó PERFIL, incluso sectores dialoguistas y aliados como el PRO o la UCR muestran resistencias a acompañar esa medida, en parte porque dependen de las primarias para ordenar sus propias internas.

Los datos que publicaron desde Parlamentario refuerzan el argumento oficial: entre 2011 y 2023, el 68% de las listas que lograron bancas no tuvo competencia real en las primarias, que funcionaron mayoritariamente como un mecanismo de validación y no de selección efectiva de candidatos, de acuerdo con ese mismo medio.

Aun así, la oposición considera que eliminarlas sin un esquema alternativo claro puede concentrar aún más el poder de decisión en las cúpulas partidarias.

En ese contexto, la inclusión de Ficha Limpia aparece como un intento del oficialismo de construir mayorías por acumulación de incentivos. Pero también como un factor de ruido que dificulta acuerdos.

Con el envío formal del proyecto, el Congreso se encamina a una discusión que excede lo electoral y toca el corazón del sistema político: cómo se seleccionan los candidatos, qué controles éticos se imponen y qué rol juega el Estado en el financiamiento.

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Por ahora, el escenario está lejos de ordenarse. La oposición no peronista coincide en el diagnóstico sobre Ficha Limpia, pero diverge en la estrategia. El oficialismo busca negociar todo en un solo paquete, pero no tiene garantizados los votos para su punto central. Y desde el peronismo analizan una "gran interna" sea obligatoria o no, aunque señalan al gobierno por su intención de "complicar a la oposición para definir sus candidatos".

La reforma, antes de llegar al recinto, ya entró en zona de conflicto. Y todo indica que la negociación será tan determinante como el contenido de la ley.

JD/