Exclusivo, el documento de la Marcha Federal contra el Gobierno: "La universidad pública no es el problema de nuestro país"

La quinta Marcha Federal Universitaria llega a la Plaza del Congreso con un documento que marca un cambio de escala respecto de las movilizaciones anteriores. Bajo el título “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”, el texto firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), las federaciones docentes Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, FAGDUT y UDA, la no docente FATUN y la CTERA, parte del reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario, pero lo inscribe en una discusión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones y el modelo de país. PERFIL tuvo acceso a un adelanto exclusivo.

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“La universidad pública no es el problema de nuestro país”, apunta el texto en la previa a una jornada cargada de tensión por la multitudinaria protesta que se espera frente al Congreso pero también en distintos puntos del país. La convocatoria formal de la UBA y el CIN está fijada para las 16 frente al Parlamento, una zona que está fuertemente vallada por la policía desde tempano. También desde esta mañana se ven banderas en las inmediaciones del Palacio Legislativo. 

El eje del documento es institucional antes que presupuestario: “El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”.

Los firmantes sostienen que el Congreso sancionó la ley de financiamiento, que la Justicia declaró inconstitucional el intento del Gobierno de anularla y que una cautelar exige cumplir de inmediato sus artículos 5, sobre salarios, y 6, sobre becas. El reclamo llega con un dato fresco: en la víspera, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento verificado de la cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes y garantizar el fondo de becas. Según los organizadores, la Justicia ya le ordenó al Gobierno cumplir la ley en nueve oportunidades: “Este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad argentina que siempre creyó en la educación”.

De ahí se desprende otro dato del texto: la comunidad universitaria se suma explícitamente al pedido de derogación del DNU 70/23, al que acusa de anular leyes del Congreso y de imponer otras sin debate parlamentario, y lo presenta como expresión de una “voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia”. Desde las 14 está convocada una sesión especial en la que diputados opositores intentarán reunir quórum para dejar sin efecto el decreto, y que también incluye en el temario el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad.

En el plano económico, el documento afirma que el presupuesto educativo presentado por el Ejecutivo es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla las partidas que fija la ley ni la recuperación de lo perdido. El CIN reclama que las partidas universitarias crezcan un 33,4% respecto del proyecto oficial. El Gobierno envió al Congreso un proyecto con $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el CIN sostiene que se necesitan cerca de $11 billones. El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, planteó que desde la asunción de Milei las transferencias al sistema cayeron a la mitad. “Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”, se lee en el documento.

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El capítulo dedicado a las becas es uno de los más detallados. Según el texto, las Becas Progresar siguen congeladas en $35.000 desde 2024, un monto que no alcanza para cubrir transporte ni materiales, con requisitos administrativos cada vez más exigentes y poca transparencia en las adjudicaciones. También denuncia desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el virtual congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas, y concluye que desarmar ese sistema equivale a “una política de deserción forzada”.

La cuestión salarial atraviesa todo el documento, que acusa al Gobierno de desconocer las paritarias y enumera temas pendientes como la restitución del FONID y el pase de todos los montos a sumas remunerativas. “La decisión del gobierno nacional de asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva”, dice el texto. Los gremios la traducen en números: la AGD-UBA sostiene que el Gobierno acumula una deuda salarial del 32%, y su secretaria general, Laura Carboni, detalló que un ayudante de primera con semidedicación cobró en octubre un básico bruto de $561.659, cuando por ley le corresponderían $741.111. Con la inflación de septiembre, de 1,9%, la acumulada durante la gestión llegó a 344,15%, frente a un aumento de 236,6% en los salarios docentes.

Además de educación y ciencia, el texto reclama al Estado garantizar salud, trabajo digno, cultura, industria nacional y protección de los recursos naturales; menciona el endeudamiento de las familias y la situación del sistema jubilatorio. Esa amplitud se refleja en la calle: a la convocatoria se suman la CGT, las dos CTA, ATE, la UTEP, organizaciones piqueteras, partidos de izquierda y agrupaciones peronistas, entre ellas La Cámpora y, por separado, el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof, mientras que el radicalismo concentrará en su sede de Tucumán 1660. ATE, además, realiza un paro de 24 horas.

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El Gobierno ya anticipó su respuesta. Este miércoles, el vocero presidencial Adrián Ravier negó que La Libertad Avanza esté incumpliendo la norma y sostuvo que “es una ley que está interrumpida y hay un fallo judicial”, además de pedir al periodismo que no transmita que el Gobierno está en contra de las universidades. En paralelo, los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad desplegaron un amplio operativo, con vallado en los alrededores del Congreso y de Plaza de Mayo y cortes en Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

El cierre del documento condensa el tono de toda la convocatoria: la universidad pública, dicen sus autores, “no es el problema de nuestro país” sino “una parte fundamental de la solución”.