Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por obstaculizar el procedimiento sobre Kovalivker

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes 1 de septiembre al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, por presunta obstrucción de la justicia, acusado de haber obstaculizado el procedimiento en el cual se ordenó secuestrar el celular de Jonathan Kovalivker, uno de los accionistas de la droguería Suizo Argentina investigado por los audios difundidos del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

La decisión se tomó sin prisión preventiva, luego de encontrar evidencia como mensajes vinculados a un "protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad" en caso de allanamientos, según indicó la resolución a la que accedió Noticias Argentinas.

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El juez procesó a De Vicentis, jefe de Seguridad de Nordelta desde hace once años, por "desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento" con un embargo de dos millones de pesos.

Según reconstruyó la Justicia, el día del operativo el empleado del barrio cerrado estaba de vacaciones, pero un guardia de seguridad lo llamó delante de efectivos de la Policía de la Ciudad que habían llegado al ingreso del barrio La Isla, en el complejo privado.

En ese marco, De Vicentis habría desplegado "maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial" y así logró frustrar "una parte crucial del procedimiento: la requisa personal (y el secuestro del teléfono de Jonathan Simón Kovalivker)".

Para sostener la acusación, según indicó el juez, se utilizaron los mensajes encontrados en su teléfono celular, en los que se reveló una "suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera".

En uno de los mensajes intercambiados por WhatsApp, se detalló en el fallo, el empleado del complejo privado habría manifestado: "Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno". Ante tribunales, De Vicentis, no logró justificar por qué intervino en la situación cuando se encontraba de vacaciones.

En la reconstrucción de los investigadores se indicó que el jefe de Seguridad de Nordelta comenzó a llamar "insistentemente" a los guardias, a pesar de que a estos les habían advertido que no podían utilizar sus celulares durante el operativo, y desobedeció la orden de las autoridades hasta que uno de los trabajadores lo atendió y le comunicó "la información sensible que pretendía: que la policía estaba buscando a Jonathan y Emmanuel Kovalivker".

La familia Kovalivker solicitó la nulidad de la causa

Por su parte, la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, reclamaron la "nulidad absoluta" de la investigación por presuntos sobornos que se abrió tras la difusión de audios que los vinculan a ellos, a Spagnuolo y a funcionarios del Gobierno, incluyendo a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

A través de un escrito presentado por su abogado Martín Magram, los dueños de la droguería indicaron que se trata de una "caza de brujas", que las grabaciones se obtuvieron de forma ilegal y que, además, fueron adulteradas. En este sentido, el letrado pidió la nulidad "de carácter absoluto" por "violación al derecho a defensa en un proceso".

Según el escrito al que accedió Noticias Argentinas, el letrado señaló que esta violación al derecho a defensa provocó un "inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional".

El abogado defensor de los dos hermanos Emannuel y Jonathan y del padre de ambos, Eduardo Kovalivker, presentó el reclamo ante el juez federal Sebastián Casanello durante la tarde del pasado viernes. En la misma jornada, el fiscal del caso, Franco Picardi, solicitó otro allanamiento a la sede de la empresa en el barrio porteño de Belgrano, donde se presentaron resistencias a entregar lo solicitado y brindar acceso a correos electrónicos y claves informáticas.

"Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita", manifestó el letrado.

El abogado sostuvo que la causa se está desarrollando con "oscurantismo", dado que "la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho ha sido la fórmula imperante, concitando con cierto estupor, el recuerdo de épocas superadas donde la delación e infundada sospecha eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático".

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"Iniciaron una verdadera caza de brujas mediante una insólita expedición de pesca que se ha manifestado en múltiples allanamientos, secuestros de objetos personales, requisas, extracción de información de dispositivos móviles privados (…) en suma, un verdadero proceso que recuerda más bien a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas", amplió sobre los investigadores.

Con respecto a los audios difundidos, el abogado indicó que "no es posible conceder ningún valor a semejante prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe, o no sea tomado en serio; o salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o simplemente personal".

AS/ff