Mario Lugones en la mira: otra vez, escaló el conflicto en el Garrahan por los fondos y el personal

Uno de los conflictos que atraviesa la gestión de Mario Lugones es el del Garrahan. Durante la primera etapa del mileísmo, el reclamo salarial del hospital fue uno de los que alcanzó mayor visibilidad y apoyo. Aunque en noviembre de 2025 los trabajadores consiguieron un aumento del 61%, la tensión no terminó. El jueves 10, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) amplió una denuncia contra las autoridades del nosocomio por persecución gremial y presentó otra que apunta directamente contra el ministro de Salud por la presunta malversación de un fondo de $58 mil millones que debería estar destinado a la atención de pacientes, pero que fue colocado en inversiones financieras.

Esta nueva etapa del conflicto se mediatizó el 31 de agosto, cuando el periodista Eduardo Feinmann contó que las autoridades del Garrahan habían desplazado Norma Lezana, la nutricionista y referente gremial de APyT, el hospital sacó un comunicado. La médica, al día de hoy, no recibió la notificación de la cesantía.

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“Creo que es una persecusión porque empezamos a denunciar el desvío de fondos públicos. A través de un informe económico que la Justicia obligó al hospital a emitir, vimos que las prótesis y los medicamentos de alto costo están en un fondo invertido en bonos de la deuda a 13 años. Son $58 mil millones, de los cuales gastaron $15 mil millones en 2025 en seguridad, mientras faltan insumos esenciales. Hubo muchas compras de manera directa, sin licitación pública”, aseguró Lezana a Diagonales Stream al día siguiente de su desvinculación.

Las denuncias judiciales

PERFIL intentó comunicarse con las autoridades del Ministerio de Salud, quienes respondieron que el director del hospital, Mariano Pirozzo, ya había hablado sobre el tema. El funcionario justificó el despido de Lezana con el argumento de que no habría atendido a ningún paciente. Las abogadas de la profesional, Alejandra Giordano y Mariana Chiacchio, sostienen que se trata de un acto discriminatorio, ya que la mujer estaba cursando una licencia gremial.

Las dos denuncias que ahora están en la Justicia recayeron en el juzgado federal de María Servini. Una tiene que ver con el sumario iniciado contra Lezana y otros 44 profesionales del hospital y la otra con la administración de los fondos públicos.

En la denuncia por los sumarios, las abogadas apuntaron contra los responsables de iniciarlos y contra Pirozzo. “Más allá de quién haya firmado los papeles, es claro que hubo una bajada de línea por parte de las autoridades”, explicaron a PERFIL.

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Los sumarios, según las abogadas, estuveron "plagados de irregularidades". Por ejemplo, durante el proceso administrativo se llamó a declarar como testigo a favor de Lezana a una persona del hospital que estaba de vacaciones y se rechazó la posibilidad de cambiar la fecha. 

Giordano y Chiacchio también cuestionaron que el hospital no haya aceptado una prueba destinada a determinar si los delegados de otros gremios que funcionan en el Garrahan, como Sutecba y UPCN, cumplen tareas durante sus licencias gremiales. Para la defensa, el rechazo de esa prueba es otro indicio de la discriminación contra Lezana.

La estrategia de defensa es plantear la nulidad de los sumarios, tanto el que alcanza a los 44 trabajadores como el iniciado contra Lezana. Según explicaron, existe además un fallo de Casación referido a los mismos hechos de octubre de 2025 que estableció que no hubo delito y que la situación quedó circunscripta al derecho a la protesta. 

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La denuncia penal por el fondo que debería estar destinado a la atención de los pacientes apunta más alto: contra Lugones y Pirozzo. APyT los denunció por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos y pidió que se investigue el destino de los recursos financieros del hospital. La presentación sostiene que, tras un amparo iniciado por el gremio para acceder a información que las autoridades no habían entregado, la administración del Garrahan presentó el 29 de junio un informe con el detalle de sus inversiones. Allí consta que al 31 de diciembre de 2025 el hospital tenía $58.107.618.576,02 colocados en inversiones financieras.

Según el análisis realizado por APyT, $40.899 millones correspondían a bonos, títulos y letras y otros $17.208 millones a un fondo común de inversión. La presentación también señala que el monto invertido en bonos aumentó $4.691 millones entre 2024 y 2025, mientras los aportes de Nación al hospital pasaron de $304.627 millones a $252.077 millones en términos nominales. El gremio sostiene que esa combinación debe ser investigada y cuestiona que los recursos hayan sido colocados en activos financieros mientras el hospital atravesaba problemas de personal, insumos y funcionamiento.

En su momento, desde la administración del hospital sostuvieron que las inversiones están contempladas por el DNU 668/19, que establece que los excedentes de organismos públicos deben colocarse en títulos públicos. En ese sentido, remarcaron que la tenencia transitoria de instrumentos financieros no implica que el Garrahan tenga $58 mil millones disponibles y sin necesidades que atender, sino que se trata de fondos destinados a preservar la previsibilidad financiera de una institución de alta complejidad.

La disputa por los fondos y la situación del personal se da en un hospital que, según APyT, atraviesa un fuerte déficit de trabajadores producto de las renuncias vinculadas a la pérdida salarial y la falta de reposición de cargos. En agosto, durante el acto por el 39° aniversario de la institución, Lezana había advertido que el hospital nunca repuso los profesionales que renunciaron por bajos salarios ni la dotación de Enfermería y que existía un faltante de personal “peligrosamente alto, al límite de la mala praxis”.