Pasaportes: Economía reconoció que un consorcio asesora al Gobierno sin licitación

El Ministerio de Economía reconoció oficialmente que un consorcio de agencias extranjeras denominado AMIGO asesora al Gobierno en el diseño del programa de ciudadanía por inversión, el sistema que permitirá a extranjeros obtener la nacionalidad argentina a cambio de US$350.000. 

En un comunicado enviado a PERFIL tras la publicación de la nota que reveló el rol de Patricio Fuks, amigo íntimo de Javier Milei, en el origen del negocio, la cartera de Luis Caputo admitió que el consorcio “presta asesoramiento técnico a la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI) en el diseño del Programa, sin costo alguno para el Estado Argentino”.

Es la primera vez que el Gobierno se refiere de forma oficial a AMIGO (Argentina Mobility for Investment and Global Opportunity Limited). Hasta ahora, la única confirmación del vínculo provenía de la propia Latitude, la consultora que integra el consorcio y que el 2 de octubre, en París, anunció haber firmado el 15 de mayo un “convenio de colaboración técnica no oneroso” con la Agencia. Consultadas antes de la publicación, fuentes oficiales se habían limitado a decir que “no hay contrato con agencias”, sin mencionar ese acuerdo. El comunicado tampoco usa la palabra “convenio”, y el texto del acuerdo sigue sin ser público.

Según Economía, el papel de AMIGO “se limita exclusivamente a brindar apoyo técnico para la adopción de estándares internacionales y las mejores prácticas globales en el diseño del Programa”. La formulación contrasta con la que usa Latitude en una nota patrocinada en el sitio especializado IMI Daily, donde se atribuye haber asesorado a la Agencia en “la arquitectura del programa”, sus estructuras operativas y los “umbrales de inversión”, es decir, en la definición de cuánto deberá pagar cada extranjero.

El ministerio también buscó despejar dudas sobre los controles. “Cuando el programa esté operativo, la evaluación de cada solicitud será liderada por la APCI, con la intervención de organismos estatales de seguridad e inteligencia”, como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad, y “la decisión final sobre el otorgamiento o rechazo de la ciudadanía será exclusiva de la Dirección Nacional de Migraciones”, señaló. Es el esquema que ya fija el Decreto 524/2025, que reglamentó el régimen.

Lo que el comunicado no responde

El texto no hace referencia a la licitación que el propio ministerio había lanzado en diciembre de 2025 para contratar a una consultora con ese mismo fin. En ese concurso, Latitude fue desestimada por no acreditar la solvencia exigida, y la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el contrato a un consorcio de Apex, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital. Después de las impugnaciones de Latitude y de Henley & Partners, esas firmas se asociaron en Delaware bajo el nombre AMIGO, según reveló el diputado Agustín Rossi. El 14 de abril, Caputo anuló el concurso. Un mes después, el consorcio firmó el convenio gratuito.

Tampoco aclara si las firmas que hoy asesoran al Estado podrán actuar luego como agentes del programa y cobrarles a los inversores extranjeros. El pliego de la licitación caída lo preveía expresamente: la consultora iba a cobrar por cada ciudadanía aprobada y, además, podía percibir montos de los propios solicitantes. Ese es el punto que hoy inquieta a otras firmas del sector. “AMIGO quiere formar un oligopolio. No quieren el mercado libre y abierto. Lo quieren todo para ellos”, dijo a PERFIL una fuente de la industria, que anticipó que el consorcio buscará una licencia de agente propia y tratará de impedir que otros la obtengan. “No estoy seguro de que el Gobierno esté dispuesto a entregarle la licencia en exclusiva”, agregó.

El comunicado no menciona a Fuks. El empresario hotelero, que integró la comitiva oficial del viaje a Sun Valley de julio de 2024, donde según Caputo nació el programa, fue quien llevó a los ejecutivos de Latitude a reunirse en noviembre de 2024 con la entonces titular de ARCA, Florencia Misrahi, y con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Solo traje la idea; después me corrí”, dijo a PERFIL. “Nunca cobré nada del Estado”.

El negocio en juego no es menor. Cuando licitó el servicio, Economía fijó un techo de 5.000 ciudadanías aprobadas en cuatro años, prorrogables a cinco: a US$350.000 cada una, serían US$ 1.750 millones en aportes. Mientras el programa se prepara para abrir sus ventanillas, la industria ya desembarca en el país: del 2 al 4 de noviembre se hará en Buenos Aires el foro IMI Connect, con Latitude como sponsor y Eric Major, su CEO, entre los invitados.